Lunes 21 Abril de 2014
 
MORELIA
En Puruándiro se violaron las garantías individuales, acusan
Jessica Martínez Chio
Miércoles 9 de Enero de 2008 • Enviar nota    • Imprimir

Más de 70 familias del municipio de Puruándiro resultaron afectadas por la prepotencia y abuso de poder del alcalde perredista, Armando Contreras Ceballos, quien fuera electo en los comicios de noviembre pasado y que el 2 de enero, después de su rendición de protesta, «violara las garantías individuales de los trabajadores del Ayuntamiento, despidiendo injustificadamente a más de 70 empleados de base, de confianza y por contrato», aseguró Raúl Pérez Valenzuela, quien fuera hasta hace pocos días el jefe de Reglamentos y Sanciones de dicho municipio.

A decir del ex funcionario público, el presidente municipal entrante decidió despedir de su fuente de trabajo a la mayoría de los funcionarios que trabajaban en el Ayuntamiento, «con abuso de confianza fuimos despedidos más de 70 trabajadores sin causa justificada».

En ese sentido, aseveró que dichos cargos de trabajo fueron otorgados a «gente allegada a Contreras Ceballos, los que le ayudaron en su campaña», e incluso a familiares del mismo, «lo cual está prohibido por la ley de la administración pública», por lo anterior los inconformes consideraron que el otorgamiento de dichos trabajos fue «un pago de factura» realizado por el actual presidente municipal ante la ayuda dada durante su candidatura.

Señaló que «además de violar a nuestras garantías individuales, afectó a las familias que dependen de esta fuente de trabajo», detalló que los despidos comenzaron el pasado 2 de enero, mediante oficios que les fueron entregados por los que serán sus sucesores en el cargo, «el ni siquiera dio la cara».

Cabe señalar que en dichos oficios, Contreras Ceballos manifiesta expresamente que «con las facultades que me confiere el artículo 49 y demás relativos a la Ley Orgánica Municipal, vengo a comunicarle que con esta fecha, esta administración ha considerado dejar de prescindir de los servicios que llevaba realizando, lo anterior para que haga la correspondiente y formal entrega, y para los efectos legales que proceda».

Por lo cual, los inconformes señalaron que el nuevo edil está incurriendo en un delito penal, toda vez que «el artículo 49 no lo faculta para hacer despidos masivos».

En representación de todos los afectados, Pérez Valenzuela denunció que no hubo justificación en materia laboral para dichos despidos, además de que en ningún momento se valoraron las aptitudes del nuevo personal, los cuales «dejan mucho que desear, lo hemos visto en su trabajo, toda vez que ni siquiera los oficios mediante los cuales nos despidieron pudieron hacerlos bien».

Sin embargo, los inconformes dejaron claro que no buscan regresar a su empleo, «porque sería muy difícil trabajar en un ambiente así, sólo queremos que se nos dé una indemnización digna y justa».

Calificaron a Contreras Ceballos como alguien que «viola la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y atenta contra los derechos de los trabajadores», por lo cual advirtieron que «vamos a tomar las medidas legales conforme a derecho, además de aceptar el apoyo que muchas organizaciones sociales y sindicatos del estado nos ofrecieron».

Finalmente, los afectados solicitaron la intervención del los legisladores del Congreso local, así como la del gobernador, Lázaro Cárdenas Batel, y el gobernador electo, Leonel Godoy Rangel, «para que se detengan este tipo de atropellos y abusos de autoridad», al igual que el apoyo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

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