Con la exigencia de una reforma migratoria integral, así como un rotundo no a la «criminalización de la migración», y a la construcción de una valla en la frontera entre Estados Unidos y México, respeto a los derechos humanos tanto a nacionales que cruzan al vecino país del norte, así como los migrantes centroamericanos que ingresan a México, dio inicio la Primera Cumbre de Migrantes Latinoamericanos, cuya sede fue la capital michoacana.

Bajo el compromiso de distintos actores políticos y sociales para promover ante las autoridades federales de Estados Unidos una reforma migratoria, las voces se alzaron para exigir que a los más de 10 millones de mexicanos que radican en Estados Unidos y generan parte de la riqueza norteamericana, se les haga justicia con la legalización que redunde en mejores condiciones de vida para ellos y sus familias.

Durante su intervención, el gobernador Lázaro Cárdenas Batel dio un rotundo «no a la criminalización de la migración. Se habla de construir una doble valla en la frontera entre Estados Unidos y México y los migrantes seguirán llegando».

Sin embargo, reconoció que no se puede tener la calidad moral para exigir a los países del norte mejores condiciones de trabajo para nuestros compatriotas migrantes, mientras en nuestros propios países continúe el maltrato a los migrantes centroamericanos y «tratamos a una parte de nuestros compatriotas como población residual».

El mandatario estatal dijo en el país se vive la paradoja «de que los mejores proveedores son quienes están ausentes, eso es un espejismo que se ha utilizado como pretexto para dejar de asumir nuestras responsabilidades como país».

Refirió que actualmente en la Unión Americana viven y trabajan 11 millones de personas nacidas en México, el diez por ciento de la población total de nuestro país, mientras aproximadamente medio millón se va de manera definitiva anualmente.

Además de que los migrantes envían anualmente a México cerca de 25 mil millones de dólares, algo más del 3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), pero en el exterior generan riqueza por una cantidad nueve o diez veces superior al monto que ingresa a nuestro país. En el caso de Michoacán, subrayó que el monto rebasa los mil 500 millones de dólares por año, una cantidad similar al Presupuesto de Egresos del estado.

A su vez, el gobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva Ramírez, tras señalar que uno de cada 17 hogares recibe remesas de familias que viven en Estados Unidos, y para el 46 por ciento de las familias esta es su única fuente de ingreso, dijo que es fundamental que las voces de la población hispana sean escuchadas.

En su turno, Óscar Chacón, director ejecutivo de la Alianza Nacional de Comunidades Latinoamericana y Caribeñas (NALACC), afirmó que en Estados Unidos persisten leyes obsoletas e injustas en materia migratoria, por lo que consideró necesarias modificaciones en esta materia, para que la población migrante más que un «germen social» se vea como una agente de cambio. Apuntó que si bien actualmente se cocina una reforma migratoria, esta dista mucho de la propuesta original que los migrantes han planteado durante años.

Sostuvo que actualmente en el país anglosajón, viven siete de cada diez latinoamericanos, que han hecho de Estados Unidos su segunda casa, y son el segundo grupo cultural más fuerte en este país.

Finalmente, Patricia Espinosa Cantellano, secretaria de Relaciones Exteriores, consideró urgente mantener el espíritu de «diálogo» entre México y Estados Unidos en el tema migratorio», y se pronunció en contra de la construcción de muros fronterizos.