Domingo 20 Abril de 2014
  CONTEXTO
LA PIEDAD
En febrero iniciaría el cobro por el alumbrado público: CFE
De insistir en la medida incurrirían en un desacato judicial, advirtió Alfonso Luviano
María Trinidad Zaragoza
Miércoles 10 de Enero de 2007 • Enviar nota    • Imprimir

Aun cuando el cobro del Impuesto por Derecho de Alumbrado Público (DAP) ya está contemplado como oficial en la Ley de Ingresos Municipales, en la Comisión Federal de Electricidad aún no ha sido aplicado en tanto se clarifiquen las tarifas a cobrar.

De esta manera lo dio a conocer Rosendo Borrayo, superintendente de zona de la CFE, quien explicó que la paraestatal aún no está aplicando dicho impuesto, ya que el Congreso del Estado no clarificó cómo aplicar esas cuotas fijas a los usuarios de energía eléctrica.

Explicó que la CFE anteriormente aplicaba dicho impuesto a partir del consumo de cada usuario en todas sus clasificaciones, no obstante, ahora desconocen como considerar a los usuarios dentro de esos parámetros.

Para esto manifestó que posiblemente los usuarios estarán pagando hasta el mes de febrero el impuesto del DAP y ello depende de la agilidad que se le dé a esta situación por parte del Congreso del Estado con las autoridades divisionales de la CFE con cabecera en Morelia.

Descartó que este impuesto haya sido inventado por la CFE como muchos usuarios lo entendieron y sostuvo que únicamente el organismo que dirige actúa como empresa ofertadora del servicio de energía eléctrica y le vende por tanto al municipio, que es el encargado de brindar alumbrado público a la ciudadanía.

A manera de impuesto

Por su parte el tesorero municipal calificó como buena la medida adoptada por el Congreso del Estado en lo que respecta la Ley de Ingresos Municipales, concretamente al Impuesto del Derecho a Alumbrado Público (DAP).

Con este cobro a la ciudadanía, manifestó, «será posible continuar dando el mantenimiento que requiere la red de alumbrado público en beneficio de la misma ciudadanía».

El funcionario Rigoberto Ortiz Sierra dijo que finalmente este impuesto no es inventado por la actual administración, ni es una medida adoptada por el tesorero, «es un impuesto que señala la Ley de Ingresos 2007, similar al pago del Predial, multas o cualquier otro pago de esta índole».

Recalcó que el cobro del DAP, que ahora será una cuota fija y no del diez por ciento sobre el consumo de energía eléctrica del usuario (como se aplicaba anteriormente), permitirá tener solvencia al Ayuntamiento para seguir mejorando la red de alumbrado público en el municipio.

Expuso que la cuota del DAP que comenzarán a pagar este mes usuarios de la CFE, será de cinco pesos en el apartado de zona popular, 25 pesos la media y 50 pesos la residencial, por su parte la comercial e industrial pagará un promedio de 75 a 100 pesos mensuales.

A pregunta expresa sobre la solvencia que tiene el Ayuntamiento con esta recaudación y el porqué del cobro de las lámparas de alumbrado público, dijo Ortiz Sierra que el cobro que se hace por estos equipos a la ciudadanía es sólo para que las cuiden.

Repuso que al igual que cuando una calle se pavimenta, se hace un cobro a los beneficiados para que conserven la obra y no sea destruida por el hecho de que no les costó.

Agregó que con el cobro que hacen de las lámparas se busca incrementar el número de ellas y por ello el beneficiado paga el 50 por ciento, en tanto que el municipio cubre el resto, con el único afán de alumbrar la ciudad.

En cuanto al mantenimiento que se da al equipo, dijo el funcionario municipal que el Ayuntamiento repone los equipos dañados que cumplen su vida útil y ya no se le cobra al beneficiado, por lo que subrayó que es muy importante la captación de estos recursos para el Ayuntamiento.

Por otro lado, Rigoberto Ortiz indicó que de los casi ocho millones de pesos que se recaudan al año por este concepto, «nunca los vemos, ya que cada mes la CFE está enviando la factura y se le está cubriendo el costo. En ocasiones captura menos, en ocasiones más, pero generalmente es mínima la cantidad de recurso que dispone Tesorería por este concepto.

Aclaró además que el impuesto del DAP se destina al 100 por ciento para las lámparas y su mantenimiento, ya que aunque éstas se les cobran a los ciudadanos, no se les cobra el poste, ni el bulbo que se coloca.

Preparan demanda

Por su parte, Alfonso Luviano Peñalosa, quien promovió el juicio de amparo el año pasado y del cual la SCJN ordenó cancelar el cobro del DAP a los habitantes de este municipio.

Medida que de igual forma aplicó en Uruapan y Chavinda, debido a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que dicho cobro, establecido en la Ley de Ingresos Municipales del año 2006, es inconstitucional.

Manifestó que la SCJN determinó que era inconstitucional ese cobro que aplicaba el Ayuntamiento, y hace apenas un par de meses lo eliminó de los recibos de energía eléctrica y de inmediato se notaron importantes ahorros en los bolsillos de los usuarios.

Sin embargo, Luviano Peñalosa, al conocer que de nuevo se contempla aplicar este impuesto (DAP) a los piedadenses en este año del 2007, señaló que presentará una demanda en contra de los legisladores locales por desacato a un mandato de una autoridad superior y aclaró que la misma ley contempla sanciones que van desde la separación de la autoridad responsable, hasta la persecución de un delito penal.

Invitó a los legisladores a que, si no tienen dinero, se rebaje el salario del Presidente Municipal y de ellos mismos y, dijo, «no se conforman con ganar 90 mil pesos mensuales libres, sin contar las prestaciones para celulares, viáticos, alimentación y demás, sino que ahora quieren seguir sangrando la economía del pueblo».

«Es necesario, subrayó, que vean cuánto nos cuestan al pueblo y para qué nos sirven, pues pareciera que están nada más para golpear al pueblo, pero eso sí, cuando están en campaña ofrecen los bueyes y las carretas, y después, qué?».

Dijo asimismo que le da pena que el gobierno del estado cuente con quince abogados, entre ellos los piedadenses Mauricio Montoya y Jaime Mares, y que éstos no sepan lo que significa que la SCJN declare una ley inconstitucional, pero sobre todo que tampoco sepan cuál es el alcance de un desacato a la ley.

Se comprometió Luviano Peñalosa, como ciudadano y como abogado conocedor de las leyes, a luchar para que ese impuesto se eche abajo y no siga lacerando la economía de toda la población, poniendo en evidencia al Congreso del Estado.

Lo anterior, dijo, de acuerdo a que los gobernantes están obligados (como lo marca el artículo 115) a prestar servicios de seguridad, alumbrado público, vialidades y otros, y no aprobar este impuesto con el argumento de que los ayuntamientos no tienen para pagar.

Advirtió al mismo tiempo, a la CFE y a su gerente, que ésta es una empresa descentralizada como organización y autónoma, no es una empleada del Ayuntamiento, por tanto, si insiste en cargar el DAP a los ciudadanos, él estará en facultad de acusarlo por hacer descuentos indebidos, lo cual traerá responsabilidades inherentes a su cargo.

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