En pleno centro de la ciudad siguen creciendo el número de negocios que venden a todas horas bebidas embriagantes, ante la complacencia del gobierno municipal que no ha puesto un plan de trabajo para reducir los altos índices de alcoholismo.

Incluso, no sólo es el caso de particulares que han hecho de la promoción del vicio un negocio redondo, sino los propios funcionarios del gobierno priísta encabezado por el empresario Juan Manuel Figueroa Ceja, quienes controlan gran parte del mercado de las llamadas «cubetas exprés», que circulan hasta altas horas de la noche surtiendo pedidos urgentes en motocicletas que corren a gran velocidad.

En sus ratos libres, el propio director de Parques y Jardines se apresta a llevar los pedidos, sin tomar en cuenta horarios o si es para el consumo de menores de edad. Aun y cuando el reglamento señala hasta las 10:00 de la noche para la venta de cerveza, en las esquinas, los pocos jóvenes que se han resistido a viajar al vecino país del norte en busca de trabajo, se divierten revisando frascos ámbar.

Esto representa un beneficio para el gobierno local, no sólo por medio de las llamadas cuotas de protección, sino porque derivado del elevado consumo de embriagantes, la mayoría de las detenciones que realiza la Policía Municipal se derivan de «peticiones familiares», por lo que la barandilla se ha convertido en una amarga guardería de borrachos, muy cara por cierto, ya que las multas van desde los 200 hasta más de 500 pesos, incluso algunas detenciones que requieren la atención de las autoridades municipales, el propio director de la corporación las arregla en sus oficinas, para aligerar la carga de trabajo a la PGJE.

Pero el que sí ha sacado un boleto grande en la rifa es el regidor perredista Jesús Valencia Alejo, presidente de la Comisión de Salud, que es quien realiza con mayor frecuencia los certificados médicos, los cuales se resumen a una simple revisión visual que puede costar hasta más de 200 pesos, lo malo no es que trabaje, sino que la Ley Orgánica Municipal lo prohíbe.

Por semana, al menos se realizan algunas docenas de certificados, y aun cuando una parte del cobro se queda con la municipal, al regidor el servicio le genera un pago poco despreciable.