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MORELIA
Reforma al artículo 18 constitucional, protección para menores infractores
La adecuación permitirá el uso de métodos de conciliación entre el ofensor y la víctima, lo que evitaría que los adolescentes sean sometidos a internamientos: Magistrado
Marco Antonio Duarte
Lunes 10 de Abril de 2006 • Enviar nota    • Imprimir

La reforma al artículo 18 constitucional que entró en vigor en marzo pasado es garantía para los menores infractores y no es una forma represiva como algunos sectores de la población lo suponen, toda vez que permitirá el uso de métodos de conciliación entre el ofensor y la víctima, lo que evitaría que los adolescentes sean sometidos a internamientos.

Sin embargo, todas las entidades federativas de la República tienen un plazo de seis meses -hasta el 13 de septiembre próximo- para desarrollar todos los procedimientos e instituciones necesarias para la aplicación del decreto que fijaría, en todo el país, la edad penal a los 18 años y no sería una disparidad como es actualmente.

Cabe mencionar que con la reforma al artículo 18 también, se protegerán las garantías individuales y derechos de los jóvenes y niños infractores, según las leyes y convenios internacionales del país.

Métodos alternativos

El magistrado Alejandro González, de la primera sala penal del Supremo Tribunal de Justicia de Michoacán, explicó que con la reforma al artículo 18 se privilegiarán en el sistema integral de justicia para menores los métodos alternativos, para solucionar las controversias, antes de llegar a una decisión judicial.

Es decir, puede haber conciliación entre la víctima y el ofensor, donde este último puede reconocer el ilícito y comprometerse a reparar el daño antes de llegar a un juicio.

Por ejemplo, detalló, «si un joven es presentado ante un juez y se le imputa que pintó la casa del vecino y la dañó con graffiti, antes del juicio están los mecanismos para una solución de esa controversia sin necesidad de llegar al juicio».

En este caso, apuntó, el acusado puede ser exhortado al reconocimiento del hecho para que repare el daño y, si el ofendido acepta ese método, entonces se evitaría un procedimiento judicial.

Ello, aseguró, mejoraría el sistema tutelar, pues garantizará que se respeten los tratados internacionales para el trato de menores infractores.

La reforma

El también doctor en Derecho, aseveró que a partir del día su publicación -el 12 de diciembre del 2005 y que entró en vigor el 13 de marzo de este 2006-, está estableciendo las bases para el desarrollo de un sistema de justicia integral para adolescentes y sienta las directrices para que se pueda llevar a cabo en las entidades federativas y en el Distrito Federal.

Aquí, advirtió, de las primeras cuestiones que se han comentando y discutido en relación a su aplicación, es que los estados cuentan con seis meses a partir de la entrada en vigor del decreto para desarrollar todos los procedimientos y las instituciones necesarias para aplicar el decreto.

Es así como, señaló, lo primero que los legisladores deben de tener en cuenta es que la reforma está vigente, pero esta condicionada su aplicación efectiva y no pueden salirse de las bases que contempla.

Agregó que ello implica un cambio de paradigma legislativo, toda vez que anteriormente existía un sistema basado en la idea de un sistema tutelar que contempla como una necesidad el proteger y complementar el desarrollo de una persona y refiere que el procedimiento penal no es para los adolescentes.

Ese anterior sistema tutelar, añadió, ha sido cuestionado a nivel nacional sobre algunos aspectos que son poco compatibles con el respeto de los derechos humanos y garantías fundamentales de los menores.

Pero esta ley, aseguró, también puede verse como una forma del estado mexicano para cumplir con los compromisos internacionales que tiene adquiridos ante la comunidad mundial sobre los derechos del niño, las reglas de Beijín y las directrices de Riad, convenciones que se suscribieron tiempo atrás.

Puntualizó que la reforma es un sistema garantiíta, es decir, que respetará las garantías y los derechos fundamentales de los adolescentes, no solamente las que reconoce la Constitución sino también las particulares y especiales que, por su condición de menores, se les reconoce en los reglamentes nacionales e internacionales.

Entre otras cosas, aseveró, establece que debe de existir un procedimiento de carácter judicial ante un juez, donde haya una clara distinción de quién acusa y quién sentencia, en el cual se sigan las formalidades esenciales del procedimiento.

Es así como el tribunal tomará la determinación de las consecuencias jurídicas o de las medidas que deban aplicarse a un menor que se le impute la comisión de un hecho que para los adultos es considerado como grave.

De igual forma, el magistrado dijo que el nuevo sistema integral de justicia tiene todas las bases que deben de privilegiar los medios alternativos de solución de las controversias, es decir, que debe haber un sistema de conciliación y arrepentimiento, entre la víctima y el ofensor.

Pero advirtió que en los casos más extremos y graves se puede aplicar una medida o, como consecuencia, el internamiento, que tiene que ser en un lugar diferente al que actualmente conocemos como Albergue Tutelar para Menores Infractores.

El internamiento, aclaró podrá llevarse a cabo exclusivamente para determinados asuntos que son clasificados como graves, como medida extrema y por el «menor tiempo posible», porque ya no señala que pueda existir «prisión preventiva».

Consecuencias

Otra consecuencia no escrita expresamente, pero que también es importante, es que en México la edad penal la han aplicado «tradicionalmente» los estados y no es pareja, pues muchas de las entidades tienen considerada como edad penal los 18 años, pero hay gran número que la fijan en 16.

Como consecuencia explicita de esta reforma, explicó el entrevistado, lo que va a suceder es que la edad penal podría aplicarse en todos los estados en 18 años y ya no podrá ser elegida por cada uno de los estados, que tendrán que adecuarse a lo que dice la Constitución.

Es decir, señaló, el sistema integral de justicia para los menores es para las personas que tengan menos de 18 años y abarca desde los 12, de acuerdo con la Constitución y sólo se podrán aplicar consecuencias como internamiento a mayores de 14 años.

Beneficios

Aunque las leyes generalmente están hechas para regir los supuestos delitos que se presenten en el futuro, sostuvo el magistrado, hay una prohibición absoluta de retroactividad de una ley en perjuicio de las personas, es decir que una ley no puede aplicarse retroactivamente si eso le causa un perjuicio al menor de acuerdo a la Constitución en su Articulo 14, párrafo I.

Pero, agregó, sí se puede aplicar retroactivamente una ley si beneficia a alguien y está establecido en el Código Penal: «Si el día de mañana deja de ser considerada una conducta como delito, ello se puede aplicar retroactivamente».

Interrogantes

La confusión que ha generado la reforma entre diversos sectores de la población, detalló el entrevistado, es el alegato en el sentido a que, si a los menores se les reincorporaría al derecho penal para adultos del que ya se les había rescatado.

En cierta medida, abundó, a los menores sí se les reincorporaría a un sistema diferente con bases y principios constitucionales diversos, pues en el Código Penal de 1936 de Michoacán, los menores podían ser procesados y sentenciados con las reglas y procedimientos para los adultos.

El sistema protector, detalló, se cambia porque desde la perspectiva internacional se considera que cuando debe de existir una intervención en el menor, se les debe otorgar todas las garantías como si se trataran de adultos, es decir que el adolescente podrá asignar un defensor y se le abrirá un juicio formal lejos de ser un sistema represor.

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