Morelia, Michoacán.- El Ejecutivo busca que el Congreso local le autorice tener manos libres para contratar la deuda que considere necesaria para pagar totalmente las cantidades que debe el gobierno estatal, esto además de la reestructura por más de 19 mil millones de pesos que ha solicitado, esto según se plantea en la iniciativa de decreto que este viernes se turnará al pleno Legislativo.
En la iniciativa de decreto, el artículo primero abarca los rubros que comprende la reestructuración por 19 mil 117 millones 903 mil 638.13 millones de pesos, enlistando los tiempos, montos y tipos de las deudas contraídas por el estado y que aún se deben.
Ahí mismo propone que el Congreso local le autorice a afectar el derecho de percibir hasta el cien por ciento de las participaciones federales presentes y futuras, esto dentro de los fondos existentes y que se incluyen en el artículo primero de la Ley de Coordinación Fiscal.
Pero el Ejecutivo va más allá y prevé que el Congreso deje abierta la posibilidad de afectar fondos que puedan crearse a futuro, así como el cien por ciento de los ingresos derivados del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal o cualquier otro impuesto.
En el artículo segundo, el Ejecutivo plantea que para realizar las operaciones de refinanciamiento, el Congreso le autorice a contratar, en una o varias etapas, deuda hasta por el monto necesario para pagar toralmente las cantidades debidas por cualquier concepto en términos de los contratos y operaciones que se indican en el artículo primero del propio decreto, sin que en dicho monto se entiendan incluidos los interés, comisiones no otros accesorios que cause la deuda.
Se plantea que las operaciones de refinanciamiento puedan ser documentadas mediante uno o más contratos de crédito con Banobras y/o con cualquier otra institución financiera que opere en el país, e incluso que puedan ser documentadas mediante la emisión de certificados bursátiles y otros valores a ser colocados en el mercado.
Con el artículo tercero se plantea permitir al Ejecutivo reestructurar la deuda a futuro cuando lo considere pertinente, ya que establece que para realizar las operaciones de reestructura, se autorice al gobierno “a modificar una o más veces, en una o varias etapas dentro de la vigencia del decreto, los términos y condiciones de los contratos y documentos bases de los créditos y demás operaciones que se indican en el artículo primero de este decreto, dentro del marco permitido por este decreto y las disposiciones legales aplicables, incluyendo también la posibilidad de proponer, negociar y obtener de los acreedores actuales del Estado, así como de las instituciones que actúan como contrapartes de operaciones financieras derivadas o como fiduciarios de fideicomiso, cualesquier autorizaciones, dispensas, renuncias de derechos o instrumentos similares que sean necesarios o convenientes para realizar las operaciones referidas en el presente decreto”.
Asimismo en el artículo cuarto el Ejecutivo pide se le autorice para negociar y contratar en una o varias etapas dentro de la vigencia del decreto, con Banobras u otra institución financiera que provea este servicio, una o más garantías de pago oportuno de cualquier parte o la totalidad de la deuda que sea refinanciada, reestructurada o contraída, sin que estas garantías, consideradas en su conjunto y sumadas a los demás conceptos enlistados, puedan llegar a representar un monto de deuda adicional superior al cinco por ciento de los 19.11 mil millones de pesos.
El plazo de vigencia de las garantías de pago oportuno no deberá exceder de 30 años y seis meses, bajo el entendido de que las garantías que se contraten, constituirán deuda pública a cargo del gobierno del estado.
Paralelamente en el artículo quinto se prevé que el Ejecutivo pueda contratar deuda pública adicional hasta por el cinco por ciento de los 19.11 mil millones de pesos, esto para pagar cualquier comisión, costo, honorarios, gastos, entre otros, que genere el proceso de reestructuración.
