Morelia, Michoacán.- Por los conceptos de negativa, suspensión o prestación ineficiente del servicio público; incumplimiento de la función pública en la Procuración de Justicia ; ineficiente protección de personas; violación al derecho de la libertad de creencias o culto; violación a la libertad de tránsito y residencia; y, violación al derecho a la seguridad pública, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) dictó una medida cautelar a la Secretaría de Educación (SEE), funcionarios estatales y el presidente municipal de Turicato, Salvador Barrera Medrano.
En el caso de los funcionarios, se trata de los directores de Gobernación, de Asuntos Religiosos así como de la Policía Territorial y de Caminos; y, los agentes primero y segundo del Ministerio Público investigador del Distrito Judicial de Tacámbaro.
Así lo dio a conocer el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, José María Cázares Solórzano, quien comentó que fue el pasado 2 de agosto cuando se dictó la medida precautoria o cautelar a las autoridades ya mencionadas, mismas que fueron notificadas personalmente en el transcurso del viernes 3 y el lunes 6 de agosto.
A partir de la notificación oficial, los involucrados cuentan con un término de tres días hábiles para indicar si aceptan o no dicha medida, y con un plazo de cinco días para presentar el informe respectivo.
"Hasta este momento no hemos recibido informe de lo que se pide a la autoridad o comunicación alguna de las autoridades", apuntó, para luego exponer que si éstas omiten responder a la CEDH, se emitirá entonces una recomendación.
El ombudsman michoacano recordó que el 12 de julio del presente año, el organismo captó de oficio el derribo intencionado de planteles educativos en la Nueva Jerusalén, perteneciente al municipio de Turicato, por parte de un grupo de devotos de la Virgen de El Rosario.
Añadió que las medidas cautelares se emitieron luego de la visita de inspección que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos realizó el pasado 1 de agosto a la Nueva Jerusalén, con el propósito de indagar mediante entrevistas con los pobladores y testigos cómo se dio la destrucción de los planteles educativos. "Se percató que no se encuentran en condiciones de laborar; que hay una destrucción total de los centros educativos. Se encuentra que no hay elementos de seguridad pública en el lugar por lo que no se garantiza la seguridad de los habitantes de dicha ermita", aseguró.
Por lo anterior, José María Cázares dijo que se les hizo un llamado a las autoridades para que en el ámbito de sus competencias y facultades procedan de inmediato a garantizar para los habitantes de la Nueva Jerusalén la vigencia y respeto de los derechos humanos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Al igual que los derechos contemplados en los tratados internacionales firmados por el Estado mexicano en materia de preservación del Estado de Derecho, educación, gobernabilidad, seguridad pública, libre tránsito, libertad de culto religioso, procuración de justicia y acceso a servicios públicos municipales como agua potable y electricidad.
