Morelia, Michoacán.- De un estimado de cinco mil 700 personas que se encuentran recluidas en los centros preventivos y de reinserción social del estado, 151 tienen raíces indígenas. En su mayoría fueron sentenciadas por delitos del fuero común y muchas de ellas padecen hoy el abandono de sus familias.
Los principales delitos del fuero común por los cuales las personas de origen indígena se encuentran recluidas, en calidad de sentenciadas o procesadas son: homicidio (80); violación, incesto o abusos deshonestos (41); secuestro (diez) y robo (catorce), en ese mismo orden de incidencia.
Las principales faltas del orden federal son las que se encuentran clasificadas entre los delitos contra la salud. Ningún indígena se encuentra preso por delitos ambientales.
Según información proporcionada por el subsecretario de Prevención y Reinserción Social del Estado, Manuel Alejandro Lluch García, son 151 los indígenas de origen purépecha, mixe, mame, tzotzil, amusgo, mixteco, tlapaneco, náhuatl, mazahua y otomí que a la fecha están recluidos en los centros preventivos y de reinserción social de Michoacán.
De ellos, 144 fueron detenidos por delitos del fuero común (100 ya fueron sentenciados y 44 están bajo proceso), mientras que por faltas del orden federal, cinco fueron sentenciados y dos son procesados.
Los internos de origen purépecha se encuentran principalmente en los reclusorios de Zamora, La Piedad, Uruapan y Apatzingán, mientras que mazahuas y otomíes se concentran principalmente en Zitácuaro.
En los centros penitenciarios Francisco J. Múgica y David Franco Rodríguez, o Mil Cumbres, se encuentran internos de origen purépecha, náhuatl, y mixe en el caso de este último.
Otros internos también de origen náhuatl se ubican en los centros penitenciarios de Uruapan, Lázaro Cárdenas, Tacámbaro, y Coahuayana; de origen mixteco en los de Lázaro Cárdenas, Tacámbaro y Zitácuaro.
En Uruapan se encuentra gente de origen tlapaneco; en Lázaro Cárdenas amuzgo y en Apatzingán tzotzil.
Lluch García puntualizó que como lo muestran las estadísticas, ninguna persona indígena se encuentra presa por delitos ambientales. Purgan penas o están bajo proceso por homicidio, violación, incesto, abusos deshonestos, secuestro, robo o delitos contra la salud.
A pregunta, respondió que a la fecha ninguno se encuentra en la lista de posibles beneficiarios del programa de pre liberación, no obstante hizo hincapié en que ello podría cambiar toda vez que continúa la etapa de sistematización de archivos, por medio de la cual se revisa el expediente de cada interno.
Lo anterior como parte de los protocolos que se enviaron a México para la certificación del nuevo sistema estatal penitenciario, relativos a la entrega de oficios de compurgamiento, pase de lista, revisión de visita a internos (familiar y conyugal), así como el avance del registro nacional de la población penitenciaria.
Menos del 50 por ciento recibe visitas periódicas
El funcionario destacó que menos del 50 por ciento de las personas indígenas que se encuentran en los centros penitenciarios recibe visitas periódicas por parte de amigos y familiares.
Más aún, subrayó, se tiene un registro de 22 personas que no han recibido visita alguna en lo que va del año; y alrededor de una decena tuvo sólo una visita.
Consideró que si bien el beneficio de la pre liberación se otorga a quienes incurrieron en delitos menores, el hecho de que personas con tales características no reciban visitas puede dificultar este proceso, pues uno de los requisitos es que alguno de los familiares se haga responsable del buen comportamiento de quien fue excarcelado.
