Viernes 18 Abril de 2014
 
Deuda pública en Michoacán, entre la realidad y la tentación electoral
Christian Hernández Robledo
Domingo 6 de Noviembre de 2011 • Enviar nota    • Imprimir

Morelia, Michoacán.- La mayoría de las entidades federativas enfrentan un constante incremento en el monto de su deuda pública, incluyendo Michoacán, sin embargo, este aspecto, hasta el momento no representa un verdadero problema en las finanzas públicas en cuanto al aspecto económico. Sin embargo, en un ambiente electoral como el de 2011 en Michoacán, que también es una de las antesalas para el proceso del 2012, esta condición también es aprovechada con fines político-electorales.

Esta opinión la dio el especialista en Finanzas Públicas de la Facultad de Economía, René Colín Martínez, que con cifras en mano de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), explicó que el peso de este nivel de endeudamiento es bajo, por ejemplo, en el caso de la deuda pública federal alcanza apenas el 2.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), en Michoacán es del cuatro por ciento del PIB estatal (PIBE), en Nayarit es del 4.9 por ciento, Quintana Roo el 5.2 por ciento y el resto de entidades con porcentajes menores al cuatro por ciento.

Cabe recordar que el PIB es una variable económica que mide en unidades monetarias (en esta caso, pesos) la producción de bienes y servicios en un territorio dado, ya sea el país, el estado, el municipio o una región, en un periodo de tiempo, normalmente un año.

Entonces, para el caso del país, la deuda pública es igual al 2.3 por ciento de lo que se produce en un año y en el caso de Michoacán es del cuatro por ciento de lo que se produce en el estado durante doce meses, por tanto, consideró el economista, esta no es una situación que agrave o ponga en riesgo la estabilidad de la administración estatal, y apuntó, “hay países como Grecia, donde el gobierno debe casi dos veces su PIB”.

Se puede percibir un uso electorero de esta información, ya que, aclaró el especialista, las estadísticas con las que hizo el análisis provienen de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es decir, de una dependencia federal, específicamente de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, donde se cuenta con información proveniente de las propias administraciones estatales, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y además el especialista realizó sus propias estimaciones, que también consisten en la deflactación de los valores, es decir, quitarles el efecto de la inflación o aumento de los precios a lo largo del tiempo.

Lo que sí es visible es que existe un crecimiento importante de la deuda, eso no se puede negar, pues en relación al PIBE, en 1994 el porcentaje de deuda que se tuvo en el estado fue del 0.8 por ciento y en lo que va del 2011 es del cuatro por ciento.

Más aún, explicó el especialista, en general, todas las entidades sufrieron un incremento en su deuda pública en los últimos años, principalmente desde 2007-2008, cuando comenzaron a resentirse los efectos de la crisis económica mundial que explotó en México con mayor gravedad durante 2009-2010.

La deuda pública del estado

De nuevo, con los datos de la deuda pública michoacana provenientes de la SHCP, que mostró en la computadora, Colín Martínez detalló que la deuda del estado, al 31 de marzo del 2011, es de trece mil 381.6 millones de pesos (trece mil 404.5 a junio de este año con datos de la misma fuente) y ésta se incrementa a quince mil 037.4 millones de pesos si se incluyen financiamientos “otorgados a estos gobiernos” por la banca múltiple de desarrollo, valores emitidos y Sofomes, entre otros acreedores.

Y sí, “otorgados a estos gobiernos”, porque, explicó el economista, dicho monto contempla también el endeudamiento de los gobiernos municipales de Michoacán.

De los trece mil 381.6 millones de pesos, detalló Colín Martínez, 430.5 millones corresponden a la deuda de largo plazo contratada por los municipios. Cuando hablamos de deuda de largo plazo, cabe aclarar, se trata de un endeudamiento que debe pagarse en periodos mayores de un año, y a corto plazo significa que son menores a un año.

La guerra de cifras

Y aquí viene una de las fuentes de la “guerra de cifras” que encabezan los distintos candidatos a gobernador, a diputados, a alcaldes, dirigentes partidistas y hasta aspirantes presidenciales: las deudas temporales.

En el último mes, el dirigente estatal del blanquiazul, Germán Tena Fernández, llegó a mencionar un monto de deuda pública estatal de aproximadamente 25 mil millones de pesos, y el lunes de la semana pasada, el candidato priísta al gobierno del estado, Fausto Vallejo Figueroa, lanzó la cifra de más de 22 mil millones de pesos; otro tanto lo hizo la abanderada panista a la gubernatura, Luisa María Calderón Hinojosa, y hasta el presidenciable, ex secretario de Hacienda, Ernesto Cordero Arroyo, ha sacado el tema a colación en este escenario electoral que se vive en Michoacán; no se diga de los dirigentes nacionales de Acción Nacional y del tricolor, Gustavo Madero y Humberto Moreira, respectivamente.

El especialista explicó: “Algunas estimaciones obtienen cifras mayores, debido a que consideran las deudas temporales -proveedores y acreedores- que aquí no están (en las cifras de Hacienda) por la razón de que no son deudas netas, es decir, sólo se deben en tanto se cumple la fecha de pago pero los pagos se realizan sin problema al cumplirse el plazo, (ya que) se cuenta con los recursos para liquidarlos”.

Otro aspecto a considerar dentro de la deuda estatal es que de los más de trece mil millones que se tienen de obligación, cinco mil 508.7 millones están garantizados con participaciones federales, es decir, las participaciones del gobierno federal, en última instancia, las aportaciones que por ley debe entregar el gobierno federal, sirven de aval a los acreedores de la deuda pública del estado en ese monto específico.

Sin embargo, señaló el especialista: “Lo que no queda claro es si el gobierno federal puede retener las participaciones y pagar directamente al acreedor, como lo manifestó hace algunos días y por ello la retención de los mil 500 millones de pesos, o si éstas deben canalizarse al estado y éste determina el pago a los acreedores”.

Otro dato que da el investigador, y que dice, puede obtenerse fácilmente de la página de internet de la SHCP, es el periodo de vencimiento de la deuda, y para el caso de Michoacán, a marzo de este 2011, la deuda es por 15.4 años, es decir, en las condiciones actuales de la deuda, sin otra reestructuración y sin atraso en los pagos, se están contemplando poco más de tres lustros para liquidarla, algo así como los próximos tres periodos de gobierno y un poquito del cuarto.

Para el próximo año se destinarán poco más de 900 millones de pesos del presupuesto estatal para el pago de la deuda, lo que representa aproximadamente el 2.5 por ciento del presupuesto.

Respecto a esto, el investigador de la Facultad de Economía comentó: “Dicha cifra es relativamente alta, pero no al grado de comprometer la dinámica económica del estado. No creo, por tanto, que vaya a ser un factor que limite, aunque sí condicionará el crecimiento económico. Habrá que esperar los resultados de las inversiones que se realizaron, sobre todo la referente a la Presa Francisco J. Múgica”.

En este sentido, no habría una fórmula específica que tenga que aplicar la siguiente administración estatal para hacer frente a la deuda, incluso, según la perspectiva del especialista, no se enfrentarán a unas finanzas públicas comprometidas, sin embargo, habrá que tratar el aspecto de la austeridad del gasto y sobre todo, la llamada calidad del mismo gasto.

Causas y logros

Entre las causas del creciente endeudamiento, en general, el gobierno estatal ha señalado que es para impulsar el crecimiento económico, pero en particular, en el último año, al igual que en el resto de las entidades, ha sido para repeler los efectos de la profunda crisis financiera.

Respecto al gasto para impulsar el crecimiento económico, el especialista de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) señaló que en el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2008-2012 “no hay nada claro al respecto”.

Así, el economista apuntó que los principales gastos con los que justifica el endeudamiento la actual administración estatal, encabezada por Leonel Godoy Rangel, son la creación o renovación de carreteras (cinco mil 080 millones de pesos), la Presa Francisco J. Múgica (dos mil 700 millones de pesos), centros penitenciarios (mil 600 millones) y la construcción de dos campus de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (136 millones de pesos), que en total suman nueve mil 516 millones de pesos.

Aparte de esto, en un documento del gobierno estatal sobre las finanzas del estado, se agrega, mezclando inversiones en infraestructura de la administración estatal y con los municipios, y en programas dirigidos al desarrollo social, que cuatro mil 528 millones de pesos también fueron para infraestructura hidráulica, desarrollo rural, forestal y pesquero; 104 millones de pesos en Comités de Desarrollo Comunitario; 269 millones de pesos al Convenio de Desarrollo Social, cuatro mil 837 millones de pesos en obra convenida con municipios, 800 millones de pesos en turismo, tres mil 840.2 millones en salud, y 705 millones de pesos en acciones encaminadas al desarrollo económico; por tanto, este apartado da en total quince mil 083.2 millones de pesos.

Al sumar la cifra que expone el especialista de la Facultad de Economía con las que agrega el gobierno del estado, de febrero del 2008 a septiembre del 2011, la cantidad se infla hasta los 24 mil 599.2 millones de pesos que la actual administración ha dedicado a infraestructura y desarrollo social en la entidad en los últimos tres años.

En cuanto a los logros, el especialista refiere que los más significativos, a sabiendas de que falta conocer el impacto que tendrá la obra hidráulica, representada fielmente por la Presa Francisco J. Múgica, son los siguientes:

“Michoacán logró reducir el número de habitantes en pobreza extrema, pasando de 649 mil a 551 mil personas en esa situación vulnerable, lo anterior de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), como parte de sus resultados en la medición de la pobreza en 2010; la tasa de crecimiento en el Producto Interno Bruto, se incrementó en promedio 3.68 por ciento de 2004 a 2010, comparado con el 2.03 por ciento logrado a nivel nacional en el mismo periodo. Pero en 2008 y 2009 ocurrió que, por la crisis económica, la tasa de crecimiento del PIB nacional cayó 6.20 por ciento, en tanto que el PIBE de Michoacán cayó 6.15 por ciento”, esto último, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Cabe recalcar que hasta el momento estos son los resultados más visibles, sin embargo será preciso revisar, con el paso del tiempo, los efectos que tendrán las inversiones “fuertes” en materia infraestructura básica y productiva, como el caso de las carreteras, que funcionan para interconectar mercados y realizar un traslado más eficiente de mercancías, o la obra hidráulica, que tendría un impacto directo sobre la producción agropecuaria del estado, y que a su vez, estos avances podrían traducirse en elementos para la atracción de inversiones.

Las participaciones

Otro elemento que resuena más en este ambiente electoral es el tema de las participaciones federales, que por un lado se dice que se redujeron o se están reteniendo, y por el otro se niega esta situación.

De entrada, en el aspecto general, respecto al monto que corresponde a la entidad, el investigador señaló que no existe un desequilibro, en teoría, de cuánto le corresponde al estado con relación a la fórmula establecida en la legislación, que marca una proporción de participaciones por entidad federativa respecto a su aportación al PIB nacional.

En este sentido, el aporte de Michoacán al PIB nacional es del 2.48 por ciento, aproximadamente, y el monto que le corresponde de participaciones, también a nivel nacional, es del 4.26 por ciento: “No hay por tanto un desequilibrio que perjudique al estado”, agregó el especialista en Finanzas Públicas.

No obstante, el mismo gobernador, Leonel Godoy, así como los diversos funcionarios de su gabinete han expuesto que hay retraso en la entrega de las participaciones, lo que posteriormente se transformó (por lo menos en el discurso) como un recorte, y desde su punto de vista, esto se ha convertido en una estrategia del gobierno federal que tiene fines político-electorales, que hasta han calificado como el “Michoacanazo financiero”.

La suma de las retenciones o pagos retardados, según diversas versiones y declaraciones, van desde los 440 millones de pesos, que considera el apoyo para el pago de las cuotas del ISSSTE, hasta sumar alrededor de mil 500 millones de pesos, sumando lo anterior con otros conceptos.

Esto ha afectado de manera tal, según declaraciones de la secretaria de Finanzas y Administración, Mirella Guzmán Rosas, que, en la última reunión que sostuvo con legisladores locales el pasado miércoles 26 de octubre, señaló que se gestionarán recursos de fondos de contingencia para hacer frente a los faltantes federales vía participaciones.

La reunión sostenida con los legisladores fue a puerta cerrada, por lo que la información que se vertió salió de los diputados que estuvieron con la funcionaria estatal, en donde se habló de un monto de mil 300 millones de pesos de recorte o retraso en entrega de recursos federales.

El legislador Antonio Cruz Lucatero informó, luego de la reunión, que la administración estatal buscará sostener una nueva reunión con funcionarios de la SHCP para buscar los medios de que se entregue el dinero previsto para el estado.

Entre tanto, el tema sigue en la mesa y seguirá dando de qué hablar al tiempo que se acerque el esperado 13 de noviembre.

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De los trece mil 381.6 millones de pesos, detalló Colín Martínez, 430.5 millones corresponden a la deuda de largo plazo contratada por los municipios.
De los trece mil 381.6 millones de pesos, detalló Colín Martínez, 430.5 millones corresponden a la deuda de largo plazo contratada por los municipios. (2011-11-06)


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