Lunes 22 Diciembre de 2014
 
Nueva Ley de Educación para Michoacán, centrada en la participación social
Benjamín Álvarez Mendoza
Jueves 6 de Enero de 2011 • Enviar nota    • Imprimir

Morelia, Michoacán.- Figuras como los consejos de Participación Social, los municipales y el estatal, así como la creación de un Instituto de Evaluación independiente a la Secretaría de Educación del Estado (SEE), además de agregar los conceptos de gratuidad y obligatoriedad en la educación media superior y superior, y la eliminación de la comida chatarra de educación básica, son algunas de las novedades que incluye la nueva Ley de Educación para la entidad.

Esta ley, en su capítulo primero, en el artículo segundo, en las fracciones XII a la XVI, refiere lo relacionado a la creación de las figuras como los Consejos de Participación Social; Consejos Escolares, Municipales y el Estatal de Participación Social en la Educación.

De los Consejos de Participación

Este tema novedoso, respecto a la ley anterior, misma que data del 7 de diciembre de 1998, se retoma de los capítulos séptimo y décimo, pues en el primero se aborda el tema de los Consejos Estatal Técnico de Educación, Escolares y los Equipos Técnico-Pedagógicos, los cuales tienen como propósito: “Realizar estudios, análisis e investigaciones, de carácter técnico-pedagógico acerca de planes y programas de estudio, contenidos, métodos e instrumentos de evaluación, entre otros, según las fracciones de la uno a la tres.

En el capítulo décimo, mismo que aborda la Participación Social en la Educación, señala que “las autoridades educativas promoverán la participación de la sociedad en actividades que tengan por objeto fortalecer y elevar la calidad de la educación, así como ampliar la cobertura de los servicios educativos”, según el artículo 63 y posteriormente agrega en los artículos 64 y 65 que “las autoridades educativas favorecerán la colaboración y el intercambio de experiencias entre los consejos de participación social en la educación, asociaciones, autoridades y otros interesados en la educación” y que “los consejos de participación social no intervendrán en aspectos laborales, ni participarán en cuestiones políticas o religiosas”, respectivamente.

La primera sección de este capítulo, centrada en el quehacer de los Consejos Escolares de Participación Social, explica que éste podrá estar conformado por padres de familia, representantes de asociaciones, maestros y un representante de su organización sindical, los cuales “propiciarán la colaboración de directivos, maestros, representantes de su organización sindical, ex alumnos y padres de familia, así como de las asociaciones de estos últimos. Para realizar convocatorias de trabajos específicos que permitan el mejoramiento de las instalaciones escolares, enterarse de los resultados de las evaluaciones que realicen las autoridades educativas, conocer las metas educativas y apoyar actividades extraescolares”, conforme lo dictamina el artículo 68.

Asimismo, según las XV fracciones del articulo 70, “cada Consejo Escolar tendrá las siguientes atribuciones: conocer el calendario escolar, las metas educativas y el avance de las actividades escolares, con el objeto de coadyuvar con el maestro a su mejor realización; conocer de las acciones que realicen los educadores y autoridades educativas en cumplimiento de sus obligaciones, así como para la prevención de hechos delictivos; conocer las evaluaciones que realicen las autoridades educativas; llevar a cabo las acciones de participación, coordinación y difusión necesarias para la protección civil y la emergencia escolar”, entre otros.

La segunda y tercera sección de este capítulo se refieren a los Consejos Municipales y su intervención en la educación, así como al Estatal, los cuales se involucran en las gestiones para el mejoramiento de los servicios educativos, la construcción y ampliación de escuelas públicas y demás proyectos de desarrollo educativo en el municipio y en la entidad, respectivamente; promover la coordinación de acciones entre las escuelas y las autoridades en aquellos programas de bienestar comunitario y defensa de los derechos de la niñez, entre otros; sugerir a las autoridades educativas información del municipio que pueda integrarse a los contenidos regionales de los planes y programas de estudio”, entre otros.

Asimismo, el artículo 79 referente a este tema agrega que “el Consejo Estatal propiciará la colaboración y participación de las autoridades educativas del Estado, de las organizaciones sindicales del magisterio, de las organizaciones de padres de familia, de los consejos municipales y demás actores de la sociedad, para realizar convocatorias de trabajos específicos que permitan el mejoramiento de la infraestructura educativa, enterarse de los resultados de las evaluaciones que realicen las autoridades educativas, conocer las metas educativas y apoyar en actividades extraescolares”.

Finalmente, en el último apartado del capítulo décimo, referente al Congreso Estatal de Educación, explica que éste será un órgano consultivo, propositivo, colaborativo, de orientación y apoyo de la sociedad, para el desarrollo del proceso educativo. Este nuevo órgano se reunirá al principio y a la mitad de cada periodo de gobierno del estado, con la finalidad de realizar el diagnóstico educativo, que le permita proponer líneas estratégicas para el desarrollo educativo subsecuente.

Según el artículo 85, el Congreso será convocado por el titular del Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Educación del Estado (SEE), quien tendrá la responsabilidad de su organización y realización, en los términos establecidos en el reglamento correspondiente.



Funcionamiento y evaluación del sistema educativo



Por otra parte, el título tercero de esta nueva ley contempla un par de capítulos para referirse al Instituto de Evaluación, dependencia que será independiente a la SEE, y la cual tendrá por objeto “analizar en forma permanente y sistemática la calidad educativa, a través de indicadores generados para tal fin, publicando periódicamente los resultados.

En el artículo 106 se asegura que “el Instituto (de Evaluación) es un organismo público descentralizado de la administración pública paraestatal, de carácter técnico, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, cuya organización y funciones estarán determinadas en su reglamento. Tiene por objeto realizar evaluaciones en materia educativa, así como ofrecer a las autoridades las herramientas idóneas para hacer la evaluación y obtener los resultados de los diferentes elementos que integran al sistema”.

Y en el artículo 109 agrega que “la evaluación de los niveles de aprovechamiento educativo considerará los aspectos cuantitativo y cualitativo de los conocimientos, hábitos, habilidades, aptitudes, actitudes, destrezas, y en general el logro de los propósitos establecidos en los planes y programas de estudio, y demás indicadores que establezcan las normas aplicables. El instituto deberá informar a la sociedad en general los resultados de las evaluaciones que se apliquen al sistema, publicándolos cuando menos una vez al año”.



Referencias a la gratuidad y la eliminación de comida chatarra



En el capítulo tercero, artículo séptimo, en su fracción primera, mismo que se refiere a las características de la educación, es la obligatoriedad, pues menciona: “Es obligación del Estado impartir educación básica, media superior y superior de calidad a todos los habitantes de la entidad; además de promover la educación inicial y otros servicios”, y agrega en su fracción novena “el Estado tendrá la obligación de dar la cobertura de las condiciones necesarias para todos aquellos que deseen acceder a la educación”.

Y en su artículo octavo agrega que “la educación que imparta el Estado será gratuita, por lo que se prohíbe cobrar cuotas de cualquier índole como contraprestación del servicio educativo. El Estado proveerá lo necesario para que todo individuo reciba educación pública gratuita en los tipos básico, medio superior y superior en todas las instituciones públicas establecidas en el estado de Michoacán”.

Y en el capítulo quinto, en el artículo 19 menciona que se buscará primeramente fortalecer las zonas marginadas, para combatir los atrasos o deserciones, a través de programas dirigidos a los padres de familia que les permitan dar mejor atención y apoyo a sus hijos; proporcionará materiales educativos en las lenguas indígenas que correspondan a las escuelas cuya población sea mayoritariamente indígena, y realizará las demás actividades que permitan ampliar la calidad y la cobertura de los servicios educativos, entre otros.

En cuanto a la normatividad de la venta de alimentos chatarra en las cooperativas escolares de educación básica, las consideraciones se encuentran detalladas en el capítulo cuarto, referente a “las autoridades educativas”, en el artículo 37, fracciones XX y XXI, manifiestan la implementación de programas salud.

Por ejemplo en los incisos del “A” al “H”, se menciona “Promover la cultura en nutrición e higiene que permita hábitos de vida saludable para los educandos y educadores; y promover los programas y acciones que fomenten en los directivos de las escuelas, maestros, padres de familia, encargados de las cooperativas escolares y prioritariamente en los educandos, el consumo de una alimentación saludable, de alto valor nutricional, balanceada, higiénica y variada, que junto con la práctica de la actividad física y deportiva, contribuyan a prevenir el sobrepeso y la obesidad infantil y juvenil, así como un importante número de enfermedades y padecimientos físicos que de ella se derivan, beneficiando así hábitos de vida saludable, de conformidad con lo establecido en la normatividad aplicable al respecto”.

Posteriormente retoma el tema en la fracción XXI, que ratifica la necesidad de prohibir la venta de los alimentos chatarra en los establecimientos escolares o cooperativas que expenden alimentos dentro de las instituciones educativas, además de vigilar el adecuado cumplimiento de la reglamentación en la materia e impulsar con los ayuntamientos del estado.

Asimismo, retoma otros temas, como los son la certificación de las escuelas libres de humo de tabaco en todos los tipos y niveles; brindar a la población escolar de nivel básico, la atención médica de urgencias de forma gratuita en los casos de accidentes ocurridos dentro de las escuelas, y hospitalarios cuando no cuenten con la prestación de servicios médicos de instituciones federales o estatales; implementar los programas que permitan erradicar las adicciones, fomentando el conocimiento de sus causas, riesgos y consecuencias; implementar acciones para crear conciencia sobre la prevención de enfermedades de transmisión sexual, fomentando la planeación familiar y la paternidad responsable, entre otros.

Programas centrados en la educación regional y el rescate tradicional

Finalmente, otro apartado novedoso de la ley es el capítulo segundo, referente a “los principios educativos”, en su artículo quinto menciona que “la educación debe propiciar el conocimiento y el respeto de los derechos humanos; fomentar actitudes que estimulen la investigación y la innovación científicas y tecnológicas; impulsar la creación artística y propiciar la adquisición, el enriquecimiento y la difusión de los bienes y valores de la cultura universal, en especial de aquellos que constituyen el patrimonio cultural de la nación; hacer conciencia de la necesidad de un aprovechamiento racional de los recursos naturales y de la protección del ambiente y fomentar actitudes solidarias y positivas frente al trabajo, el ahorro y el bienestar general”.

Por lo que niega toda la crítica elaborada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), referente a resaltar la “educación por competencias”, pues de los artículos 10 al 15, propone una educación humanista, científica, y que promueva actitudes y capacidades tanto racionales como críticas en la interpretación del mundo y en la acción para transformarlo.

Asimismo, entre sus prioridades establece “el desarrollo de los educandos en el campo de las matemáticas, el lenguaje, la lógica, las ciencias naturales y sociales, la tecnología, el trabajo, las humanidades, la ética, la estética, el arte, la cultura física, el deporte y la salud; fomenta en los educandos una cultura de respeto al ambiente, la protección y conservación de los recursos naturales, así como su aprovechamiento racional y sustentable; y que se imparta en la entidad una educación nacional, en cuanto a que fomentará la integridad, la soberanía, la independencia y el patrimonio económico, natural y cultural de la nación, como premisa indispensable para la construcción del bienestar social”.

En el capítulo cuarto se ratifica esta postura educativa, al considerar como sus principales fines el “fortalecer la conciencia de identidad michoacana, con su riqueza multicultural y la de sus pueblos indígenas, como parte sustancial del patrimonio cultural estatal, nacional y universal, así como la enseñanza y el respeto a sus derechos lingüísticos, otorgándoles el acceso a la educación obligatoria en su propia lengua y en español, adaptándose a su cosmovisión, necesidades y condiciones particulares”, y agrega aspectos como la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas; preparar a los educandos ante los retos que plantean la globalización económica y las grandes migraciones humanas, así como la interdependencia política y social entre países, entre otros.

Finalmente, en el capítulo quinto, en el aparatado sobre la educación indígena, ratifica que sus características deben ser la impartición de una educación en su lengua materna y en español, con carácter obligatorio, coadyuvando a preservar su patrimonio cultural, formas de organización social, conocimiento de la naturaleza, medicina tradicional y arte popular; y propiciar el reconocimiento a la expresión de la sensibilidad de las culturas indígenas en sus manifestaciones culturales más significativas: música, gastronomía, arte popular, rituales festivos y luctuosos, entre otros.

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