Jueves 30 Octubre de 2014
 
En Michoacán, nulas las cuentas públicas que salen libres de observaciones
Por dolo o desacuerdo político, las instituciones fiscalizadoras señalan que las administraciones no operan con transparencia
Patricia Monreal
Lunes 15 de Noviembre de 2010 • Enviar nota    • Imprimir

Morelia, Michoacán.- Ya sea por falta de oficio, por diferencias en los criterios sobre procedimientos para operar programas, por dolo, o por conflictos políticos, en Michoacán son prácticamente nulas las cuentas públicas que salen libres de observaciones por parte de las instituciones fiscalizadoras.

La revisión de las cuentas de los municipios y recientemente del estado, ha sido tradicionalmente motivo de negociación política de las fuerzas representadas en el Congreso local, antaño dominado por el tricolor que mediante la Contaduría General de Glosa presionaba a los ayuntamientos opositores al régimen.

Con la pérdida del PRI de la mayoría en el Legislativo y del gobierno estatal, tocó la revancha para la oposición, de tal suerte que en el 2002 por primera vez en la historia, en el dictamen sobre la Cuenta Pública Estatal aparecía la leyenda de “no refleja razonablemente la situación financiera del gobierno del estado”, así como que “no se apega a los principios de contabilidad generalmente aceptados y a principios de gobernabilidad aplicados al sector gubernamental”.

Ese año, luego de que la LXIX local hiciera públicos y aprobara los dictámenes de las cuentas públicas tanto estatal del 2001 como las municipales de ese mismo año y las del 2000 e incluso algunas de 1999 y 1998, los resultados fueron alarmantes, ninguna administración analizada salió bien librada, ninguna autoridad sometida a análisis realizó su trabajo debidamente.

Para entonces un total de doce ex titulares de dependencias estatales, así como el titular del Poder Judicial del 2001 fueron requeridos por la Contaduría General de Glosa para que presentaran los informes que no entregaron en tiempo y forma. En tanto que al menos otra decena más de ex funcionarios debieron responder por las irregularidades detectadas en sus cuentas por el órgano fiscalizador.

Durante esa Legislatura la transparencia en la revisión de las cuentas públicas fue inusitada, ya que se hicieron públicas a detalle las revisiones a estado y ayuntamientos, situación que a la larga se erradicó, retornando el Congreso a la secrecía bajo el argumento de no afectar la reputación de las autoridades observadas hasta que no concluyeran los procedimientos respectivos.

Por ejemplo, ese año se conoció que en la administración municipal de Zitácuaro del 2000, a cargo del priista Armando Ruiz Santana, más de 54 millones de pesos sin comprobar se habían usado para pagar a periodistas, o bien a proveedores de combustibles familiares del edil, así como compras de materiales de construcción, ferreterías y otros a empresas que eran propiedad de la familia del alcalde.

Ese año se conoció que en 2000 en Apatzingán la administración de José Luis Castañeda Castillo había invertido recursos para la adquisición de camionetas robadas.

Para el 2004 ya eran cerca de 150 los ex funcionarios municipales sancionados económica y administrativamente por la Auditoría Superior de Michoacán por las irregularidades cometidas durante los tres últimos trienios de ayuntamientos michoacanos.

Para entonces se dio el caso de la inhabilitación del ex alcalde de Pátzcuaro, Felipe de Jesús Valencia Ochoa, quien no pudo ejercer un cargo público en seis años debido a las irregularidades detectadas en su administración durante el trienio 1996-1998.

Otro caso muy sonado para entonces y que fue motivo de polémica por tratarse del suplente en el Senado del entonces gobernador Lázaro Cárdenas Batel, fue el de Rafael Melgoza Radillo a quien se inhabilitó para ejercer cargo público durante tres años, pagando por las irregularidades detectadas en su administración una multa superior a los 600 mil pesos, sin embargo el inculpado se amparó ante la justicia federal, postergando su sanción.

Posteriormente, con la entrada en vigor de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado y de reformas constitucionales en materia de fiscalización, ni siquiera los diputados pudieron conocer la identidad de los funcionarios municipales a los que se iniciaba un procedimiento administrativo por las observaciones pendientes. La Ley de Transparencia daba pie a la secrecía de una información de interés público.

Las cuentas públicas del gobierno lazarista serían aprobadas tersamente, la bancada perredista hacía valer su fuerza dentro del Congreso, permitiendo sólo que se conocieran datos vagos sobre el manejo de los recursos en el gobierno estatal.

Lo que antes llevó días y largas sesiones para los integrantes de la LXIX Legislatura, para 2005 con la LXX llevó menos de 30 minutos; la Cámara de Diputado entonces aprobaba por unanimidad las cuentas públicas del 2004, tanto del gobierno estatal como de 112 municipios que, por primera ocasión, no incluían nombres, montos o detalles de los pendientes en materia financiera, administrativa o de ejecución de obra.

Para diciembre del 2007 con irregularidades en seis dependencias de la administración pública estatal y en 45 ayuntamientos michoacanos, el Congreso local determinaba por unanimidad mantener bajo reserva la información de las cuentas públicas del estado y de los 113 municipios, correspondientes al 2006, dejando a sus sucesores la tarea de fincar las responsabilidades pertinentes.

Durante el primer año de labores de los actuales legisladores locales, en diciembre de 2008, quedaron en evidencia más de 300 observaciones financieras y de obra pública, pendientes de comprobar por funcionarios de la administración lazarista y alrededor de dos mil 800 de 103 municipios michoacanos.

En la revisión de la Cuenta Pública 2007 correspondiente al último año de labores de Lázaro Cárdenas, la bancada del PRI aseguraba que no asumiría una posición de revancha por la manera en que en su momento fuera calificado el último año de la administración priísta de Víctor Manuel Tinoco Rubí.

Sin embargo, en la sesión en que se aprobó por unanimidad la cuenta pública estatal, los priístas buscaron lavar el nombre del ex gobernador Tinoco Rubí, y en tribuna el legislador Eduardo Villaseñor Meza cuestionaba de manera contundente la actuación del lazarismo, evidenciando acciones como el Programa Alfa TV, los casos de irregularidades en la Tesorería del Estado, entre otros.

Para el 2009 en el análisis de la primera cuenta pública de la administración encabezada por Leonel Godoy Rangel, los legisladores locales y la Auditoría Superior de Michoacán detectaron un total de 330 hechos y omisiones en el ejercicio 2008 en las diferentes instancias que conforman el gobierno local.

Recientemente otro caso muy sonado es el del actual alcalde de Tarímbaro, Baltazar Gaona Sánchez, quien fue inhabilitado por la Auditoría Superior de Michoacán, por irregularidades detectadas durante su primera administración municipal (2002-2004), además de tener que pagar una multa.

Sin embargo, el edil ha promovido diferentes recursos ante las instancias judiciales para evadir la acción de la justicia, por lo que hasta el momento la sanción que le impuso el organismo fiscalizador no ha podido aplicarse.

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Ninguna administración analizada salió bien librada, ninguna autoridad sometida a análisis realizó su trabajo debidamente.
Ninguna administración analizada salió bien librada, ninguna autoridad sometida a análisis realizó su trabajo debidamente. (2010-11-15)


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