Miércoles 23 Abril de 2014
 
Acusan a Mamá Rosa de pedir casi medio millón de pesos por “liberar” a pequeños de La Gran Familia
Redacción
Domingo 1 de Agosto de 2010 • Enviar nota    • Imprimir

Zamora, Michoacán.- En amplio texto difundido este día por El Universal.com se da cuenta de una serie de denuncias en contra de Mamá Rosa, la administradora de la casa hogar michoacana, situada en la cabecera municipal de Zamora, que van desde el maltrato a los pequeños hasta demandar 400 mil pesos por su liberación.

En la información, las periodistas Nubia Maya y María de la Luz también hacen del conocimiento que muchos de los cosas anotados líneas arriba han sido denunciados a áreas de los derechos humanos y hasta de la justicia michoacana, entre otras instancias, sin resultados algunos. A continuación damos a conocer el texto de El Universal.com.

En la ciudad de Zamora, Michoacán, funciona desde 1947 una casa hogar que es, en realidad, un centro de detención para menores, quienes una vez ingresados no pueden abandonar las instalaciones sino al cumplir la mayoría de edad, aunque sean los propios padres quienes demanden su salida, denunciaron padres de familia que luchan por sacar a sus hijos de ese lugar.

La casa hogar “La Gran Familia”, fundada y dirigida por Rosa Verduzco, Mamá Rosa o La Jefa, ha sido cuestionada en diversas ocasiones, sostiene denuncias de maltrato a las niñas y niños internados en ella, así como la retención ilegal de menores, las cuales han sido ignoradas por autoridades locales y federales.

Gerardo Sauri, relator de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y ex director de la Red por los Derechos de la Infancia, dice que la casa hogar es un centro de detención donde los menores están privados de su libertad, situación que contradice las disposiciones del sistema de justicia para adolescentes.

Algunas denuncias se han ventilado en medios de comunicación locales, a los que han recurrido los padres de los menores retenidos en el albergue en su lucha por recuperarlos, hasta ahora sin éxito, pues en algunos casos La Jefa ha exigido hasta 400 mil pesos por devolver a los niños.

Éste es el caso de Martha Inés López Ramírez y Marcos Balderas Robles, quienes han tratado de recuperar a su hijo Fernando Moisés, que tiene siete años, al que internaron en la casa hogar a sugerencia del DIF municipal de Cortázar, Guanajuato.

Como ellos, otras cinco familias han presentado denuncias ante la Procuraduría General de Justicia de Michoacán y han recurrido a la presidencia municipal de Cortázar, la Comisión estatal de Derechos Humanos, al gobierno del estado, a diputados y senadores sin resultado.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Martha relató que su hijo recibía atención por hiperactividad en el DIF de Cortázar y al no mostrar avances en el tratamiento la trabajadora social, de nombre Beatriz, le recomendó el albergue, donde corregirían sus problemas de conducta.

Los padres de los niños internados en la casa hogar sólo pueden visitarlos una vez cada cuatro meses, y las visitas se realizan en presencia de un custodio del albergue, por lo que los menores no pueden hablar libremente del trato que reciben, explica.

“La última vez que lo vimos fue el 23 de abril, el niño tenía paperas y una fiebre muy alta, fogazos en la boca. Parecía que estaba ‘dopado’, ni siquiera reconoció a su papá. Además estaba golpeado, nos han dicho que los niños incluso son violados”, recuerda.

Otra de las irregularidades, que se repite en todos los casos, es que los padres son obligados a firmar un acta notarial en la que otorgan la custodia de sus hijos a Rosa Verduzco, y aceptan que sean internados hasta la mayoría de edad en la casa hogar.

En el acta, elaborada por Luis Fernando Alcocer del Río, notario público número 2 de Michoacán, los padres se comprometen a entregar de 20 a 40 pesos mensuales para la manutención de sus hijos, y se obligan a vestirlos y calzarlos durante el tiempo que permanezcan internados.

Al igual que los esposos Balderas López, las familias de los menores Marcos Francisco Rodríguez Castro, de 12 años, y Luis Patiño Pérez, de 14, han denunciado ante diversas instancias las reiteradas negativas de Verduzco por devolverles a sus hijos.

El DIF los canaliza

En todos los casos, los niños han sido canalizados a la casa hogar por el DIF.

“Quiero recuperar a mi hijo porque no es tratado como se debe dentro del albergue, lo he visto maltratado y con miedo”, asegura Isabel Pérez Piña, madre de Luis, en la averiguación previa 116/2010-IV, iniciada en la Procuraduría de Justicia estatal.

“Mi hijo tiene cuatro años internado, salía en junio pasado y ahora Rosa Verduzco nos niega su salida porque supuestamente reprobó en la escuela”, denunció Maricela Campos Rojas, la madre de Marcos, también ante el Ministerio Público de Zamora.

Sobre este tema, en internet circula un video en el que Verduzco admite golpear a los niños internados, e incluye el testimonio de José Rafael López, ex interno de La Gran Familia quien denuncia haber sido torturado (http://mx.video.yahoo.com/watch/2979388/8539836).

EL UNIVERSAL contactó a Mamá Rosa, quien aseguró que la mayoría de los menores internados en la casa hogar provienen de familias disfuncionales, y que incluso son los propios padres de familia quienes acuden al lugar para solicitar el apoyo. Dijo que ellos se encargan de brindarles a los niños alimentación, servicio médico y principalmente educación, y en ocasiones hasta identidad legal, ya que muchos de ellos no están ni registrados.

Confirmó que, efectivamente, después de exponerles a los familiares del menor las condiciones de ingreso, como son pagar una cuota mensual, vestir y calzar al pequeño y no sacarlo de la casa hogar hasta los 18 años de edad, se realiza el convenio ante un notario público. Sin embargo, dijo, “a muchos de los chicos los van abandonando los padres en el transcurso de los años”.

Comentó que si los padres deciden sacar a su hijo antes de los 18 años tienen que acudir personalmente con ella a exponer los motivos por los que requiere llevárselo antes de tiempo, demostrar su mejoría como familia, y si se llega a un acuerdo, pues el convenio se disuelve. Pero, agregó, “nosotros estamos reacios a que se los lleven antes de que termine el convenio porque luchamos mucho para integrarlos, para darles pertenencia, para que sistematicen su educación, para que lleguen a ser alguien”.

Respecto a las versiones de que en la casa hogar los niños son maltratados, Verduzco dijo que los padres descontentos van a aducir mil cosas y van a evadir sus responsabilidades.

“Criminalizan la pobreza”

El especialista en derechos de la infancia Gerardo Sauri asegura que este tipo de instituciones criminaliza la pobreza, al privar de la libertad a menores en situación de abandono o, como en el caso de los denunciantes, a hijos de familias de escasos recursos con problemas de conducta.

Las denuncias en contra de esta casa hogar no son recientes, tienen por lo menos 20 años, pero nunca han prosperado porque al parecer la directora es una persona con fuerte presencia política en el estado, explica Sauri, quien hace tiempo visitó las instalaciones de La Gran Familia.

“Sí pude constatar que los niños estaban privados de su libertad. Teníamos versiones de niños que al parecer se habían fugado del albergue, que hablaban de un lugar donde se les encierra y tortura, pero la directora no nos dio acceso y no pudimos ver todas las áreas”, refiere.

Sin embargo, aclara, una institución privada no puede tener zonas ocultas, y la nueva ley de 2005 obliga al DIF a inspeccionar este tipo de establecimientos, al igual que la Norma Oficial Mexicana 167, que debió aplicarse en el caso Casitas del Sur y en la Guardería ABC.

Lamentablemente, agrega, este tipo de instituciones existe porque es una manera de no invertir en el cuidado de niñas y niños y de reducir el número de ellos en centros tutelares.

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