Política

En la encrucijada judicial, las candidaturas independientes
Samuel Ponce Morales Lunes 11 de Julio de 2016
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Morelia, Michoacán.- Para el que fuera candidato independiente a alcalde, Marcelo Yépez Salinas, con la aprobación por parte del Congreso del Estado de algunas reformas a la legislación electoral que impactan directamente a los eventuales aspirantes independientes a 2018, se abre la posibilidad de que se inicie un camino de judicialización con pronósticos reservados y algo más que interesante.

Y es que, recuerda el michoacano en entrevista, los hacedores de leyes locales establecieron, entre otras cuestiones, que quien aspire a ser candidato independiente en el próximo proceso electoral deberá, en caso de ser servidor público o funcionario partidista, separarse del cargo o renunciar al partido un año y medio antes de la elección, esto es, 18 meses antes, por lo que algunos ya ven en esa regla un dejo de desproporcionalidad.

Sin embargo, ataja, de entrada habría que distinguir entre aquellos que son funcionarios o afiliados a partidos políticos de aquellos que hoy en día son servidores públicos en funciones, aunque a ambos les queda prácticamente lo que resta del año para hacer sus cálculos políticos, a menos que un juez diga lo contrario, pues seguramente a estas alturas más de uno viene construyendo o por lo menos valorando rutas de litigio en contra de esa y otras reglas.

Para el también empresario, donde puede hacerse más complicada y desproporcional la regla es en el caso de los servidores públicos, principalmente por dos razones: primero, porque no es la misma que para aquellos que siendo militantes de un partido y siendo servidores tengan que separarse.

Excandidato independiente a alcalde, Marcelo Yépez Salinas
Excandidato independiente a alcalde, Marcelo Yépez Salinas
(Foto: ACG)

“Recuérdese que en el proceso electoral pasado hubo diputados federales que competían para una Presidencia Municipal y no requirieron de esa separación, y segundo, porque una cosa es la separación para efectos de la equidad y otra para efectos de matizar el carácter ciudadano del candidato, esto es, en determinado caso es más razonable la separación o renuncia del partido político que la separación del cargo”.

Los caminos del litigio



Ahora, prosigue, regresando al tema de las posibles rutas de litigio, ¿cuáles podrían ser esos caminos? “No, no es fácil el asunto”, reconoce, y destaca que el fantasma de Jorge Castañeda Gutman, ex aspirante presidencial independiente, puede manifestarse, particularmente por la ausencia clara de un mecanismo judicial expreso para combatir este tipo de decisiones, y que en todo caso se trataría de un instrumento en manos de ciudadanos.

¿A qué nos referimos?, pregunta, y a la vez responde inmediatamente: “Concretamente hay dos instancias que pueden decir si lo aprobado por el Congreso es válido o no desde el punto de vista constitucional y de los derechos humanos: por un lado, el Poder Judicial de la Federación, y por el otro, el Tribunal Electoral Federal, aunque también pertenece a ese Poder”.
En el caso del primero, sitúa que podrían existir varios obstáculos, ya que por un lado, jueces y magistrados, si les llegara el asunto, podrían válidamente argumentar, con base en la legislación de amparo, que por ser materia electoral están impedidos para conocer de ello y se harían a un lado.

Ahora resalta que para poder llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sólo podría hacerse a través de una acción de inconstitucionalidad con la intención de que se ejerciera una especie de control abstracto en lo general y antes de la aplicación de esas reglas.

“El caso es que para poder ejercer estas acciones de inconstitucionalidad sólo pueden hacerlo el Ejecutivo federal, los propios partidos políticos, la procuradora General de Justicia, las comisiones de Derechos Humanos y las fracciones parlamentarias del Congreso estatal”.

Aunque ve la real posibilidad de que a ninguna de esas instancias se les vería de ejercitar dicha acción, “no obstante que más de alguno debería hacerlo en función a su esencia protectora de derechos humanos”.

Sólo la SCJN



Por lo anterior, pondera Marcelo Yépez, descartando al Poder Judicial federal, particularmente Suprema Corte, así como jueces y magistrados para un control constitucional abstracto, solamente queda en la mira el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Empero, establece que el detalle es que este Tribunal solamente conocería a partir de la aplicación de esas reglas a casos concretos, esto es, hasta que un servidor público o no se hubiese separado del cargo o no hubiese renunciado al partido y pretendiese registrarse, a menos que hoy en día “se presente una impugnación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se motive argumentativamente hablando para que se pronuncie sobre la posibilidad de que ciudadanos puedan combatir en abstracto esas decisiones de los congresos, y superada esa etapa entrar al fondo del asunto que son las reglas cuestionables”.

Otra opción, sitúa, sería explorar ante la Sala Superior del Tribunal Electoral una especie de sentencia como en Pichátaro, donde se pronunció sobre la certeza o no de ciertos derechos, algo así como una consulta previa sobre la constitucionalidad de la regla.

Y por último, indica que una tercera opción pudiera ser en su momento, motivar a que el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) se pronuncie sobre el tema y a partir de ello impugnar el caso concreto.

“Como sea, en un primer vistazo, a simple vista y con un poco de sentido común se puede convenir que la regla aprobado es un poco excesiva; sin embargo, el tema coyuntural aquí es cómo debe impugnarse, y ahí el asunto no se ve nada fácil”.

Por lo pronto sostiene que habrá que esperar a ver quién inicia la ruta de la judicialización en este tema y que, bueno, él analiza la situación.