Política

En la encrucijada judicial, las candidaturas independientes
Samuel Ponce Morales Lunes 11 de Julio de 2016
A- A A+

Morelia, Michoacán.- Para el que fuera candidato independiente a alcalde, Marcelo Yépez Salinas, con la aprobación por parte del Congreso del Estado de algunas reformas a la legislación electoral que impactan directamente a los eventuales aspirantes independientes a 2018, se abre la posibilidad de que se inicie un camino de judicialización con pronósticos reservados y algo más que interesante.

Y es que, recuerda el michoacano en entrevista, los hacedores de leyes locales establecieron, entre otras cuestiones, que quien aspire a ser candidato independiente en el pr√≥ximo proceso electoral deber√°, en caso de ser servidor p√ļblico o funcionario partidista, separarse del cargo o renunciar al partido un a√Īo y medio antes de la elecci√≥n, esto es, 18 meses antes, por lo que algunos ya ven en esa regla un dejo de desproporcionalidad.

Sin embargo, ataja, de entrada habr√≠a que distinguir entre aquellos que son funcionarios o afiliados a partidos pol√≠ticos de aquellos que hoy en d√≠a son servidores p√ļblicos en funciones, aunque a ambos les queda pr√°cticamente lo que resta del a√Īo para hacer sus c√°lculos pol√≠ticos, a menos que un juez diga lo contrario, pues seguramente a estas alturas m√°s de uno viene construyendo o por lo menos valorando rutas de litigio en contra de esa y otras reglas.

Para el tambi√©n empresario, donde puede hacerse m√°s complicada y desproporcional la regla es en el caso de los servidores p√ļblicos, principalmente por dos razones: primero, porque no es la misma que para aquellos que siendo militantes de un partido y siendo servidores tengan que separarse.

Excandidato independiente a alcalde, Marcelo Yépez Salinas
Excandidato independiente a alcalde, Marcelo Yépez Salinas
(Foto: ACG)

‚ÄúRecu√©rdese que en el proceso electoral pasado hubo diputados federales que compet√≠an para una Presidencia Municipal y no requirieron de esa separaci√≥n, y segundo, porque una cosa es la separaci√≥n para efectos de la equidad y otra para efectos de matizar el car√°cter ciudadano del candidato, esto es, en determinado caso es m√°s razonable la separaci√≥n o renuncia del partido pol√≠tico que la separaci√≥n del cargo‚ÄĚ.

Los caminos del litigio



Ahora, prosigue, regresando al tema de las posibles rutas de litigio, ¬Ņcu√°les podr√≠an ser esos caminos? ‚ÄúNo, no es f√°cil el asunto‚ÄĚ, reconoce, y destaca que el fantasma de Jorge Casta√Īeda Gutman, ex aspirante presidencial independiente, puede manifestarse, particularmente por la ausencia clara de un mecanismo judicial expreso para combatir este tipo de decisiones, y que en todo caso se tratar√≠a de un instrumento en manos de ciudadanos.

¬ŅA qu√© nos referimos?, pregunta, y a la vez responde inmediatamente: ‚ÄúConcretamente hay dos instancias que pueden decir si lo aprobado por el Congreso es v√°lido o no desde el punto de vista constitucional y de los derechos humanos: por un lado, el Poder Judicial de la Federaci√≥n, y por el otro, el Tribunal Electoral Federal, aunque tambi√©n pertenece a ese Poder‚ÄĚ.
En el caso del primero, sit√ļa que podr√≠an existir varios obst√°culos, ya que por un lado, jueces y magistrados, si les llegara el asunto, podr√≠an v√°lidamente argumentar, con base en la legislaci√≥n de amparo, que por ser materia electoral est√°n impedidos para conocer de ello y se har√≠an a un lado.

Ahora resalta que para poder llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sólo podría hacerse a través de una acción de inconstitucionalidad con la intención de que se ejerciera una especie de control abstracto en lo general y antes de la aplicación de esas reglas.

‚ÄúEl caso es que para poder ejercer estas acciones de inconstitucionalidad s√≥lo pueden hacerlo el Ejecutivo federal, los propios partidos pol√≠ticos, la procuradora General de Justicia, las comisiones de Derechos Humanos y las fracciones parlamentarias del Congreso estatal‚ÄĚ.

Aunque ve la real posibilidad de que a ninguna de esas instancias se les ver√≠a de ejercitar dicha acci√≥n, ‚Äúno obstante que m√°s de alguno deber√≠a hacerlo en funci√≥n a su esencia protectora de derechos humanos‚ÄĚ.

Sólo la SCJN



Por lo anterior, pondera Marcelo Yépez, descartando al Poder Judicial federal, particularmente Suprema Corte, así como jueces y magistrados para un control constitucional abstracto, solamente queda en la mira el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Empero, establece que el detalle es que este Tribunal solamente conocer√≠a a partir de la aplicaci√≥n de esas reglas a casos concretos, esto es, hasta que un servidor p√ļblico o no se hubiese separado del cargo o no hubiese renunciado al partido y pretendiese registrarse, a menos que hoy en d√≠a ‚Äúse presente una impugnaci√≥n ante la Suprema Corte de Justicia de la Naci√≥n y se motive argumentativamente hablando para que se pronuncie sobre la posibilidad de que ciudadanos puedan combatir en abstracto esas decisiones de los congresos, y superada esa etapa entrar al fondo del asunto que son las reglas cuestionables‚ÄĚ.

Otra opci√≥n, sit√ļa, ser√≠a explorar ante la Sala Superior del Tribunal Electoral una especie de sentencia como en Pich√°taro, donde se pronunci√≥ sobre la certeza o no de ciertos derechos, algo as√≠ como una consulta previa sobre la constitucionalidad de la regla.

Y por √ļltimo, indica que una tercera opci√≥n pudiera ser en su momento, motivar a que el Instituto Electoral de Michoac√°n (IEM) se pronuncie sobre el tema y a partir de ello impugnar el caso concreto.

‚ÄúComo sea, en un primer vistazo, a simple vista y con un poco de sentido com√ļn se puede convenir que la regla aprobado es un poco excesiva; sin embargo, el tema coyuntural aqu√≠ es c√≥mo debe impugnarse, y ah√≠ el asunto no se ve nada f√°cil‚ÄĚ.

Por lo pronto sostiene que habrá que esperar a ver quién inicia la ruta de la judicialización en este tema y que, bueno, él analiza la situación.