Morelia

Trata de personas, reto a resolver en Morelia: Circe López
Josafat Pérez Jueves 8 de Marzo de 2018
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Morelia, Michoacán.- A pesar de que la trata de personas es un delito perseguido principalmente por autoridades federales y estatales, el gobierno municipal tiene la responsabilidad de responder al incremento exponencial de giros negros en Morelia, negocios vinculados a esta problemática.

Así lo señaló en entrevista para Cambio de Michoacán, Circe López Riofrío, presidenta de la organización Humanas sin violencia, quien advirtió que la trata es un reto para la capital y los demás municipios de la entidad.

“Me preocupa mucho que cada vez vemos más giros negros, yo creo que eso es algo que le compete al municipio, así como establecer lineamientos y verificaciones para este tipo de establecimientos”, dijo al señalar que se perciben situaciones de trata en varios lugares no regulados.

Circe López Riofrío, presidenta de la organización Humanas sin violencia
Circe López Riofrío, presidenta de la organización Humanas sin violencia
(Foto: Archivo)

Asimismo, reconoció que al menos en dos casos específicos acompañados por Humanas sin violencia, se ha logrado meter tras las rejas al tratante. Sin embargo, advirtió que el reto puede ser mayor para enfrentar la problemática si no hay “un control exigente en términos de migración y de políticas públicas”.

Al hacérsele referencia a una declaración del alcalde Alfonso Martínez, quien aseguró en entrevista que perseguir la trata de personas “no es un trabajo que le corresponda al municipio”, López Riofrío dijo que pese a ser un delito que tiene obligatoriedad de atención federal y estatal, “hay una cuestión que obliga moral y jurídicamente” también a los alcaldes.

“Ellos pelearon por ser representantes, por el voto e hicieron campaña; si quieren reelegirse necesitan tener una política clara, tienen que tomar ese tema sin anteponer justificaciones institucionales. No podemos hacer mera retórica sobre un problema tan importante, yo creo que no sirve ese tipo de posición, si no hay un compromiso concreto”, puntualizó.

En ese sentido, señaló que dependencias municipales como el Instituto de la mujer moreliana (Imumo) y los centros de atención a víctimas “sí están haciendo su chamba”. Sin embargo, advirtió que deben “mejorar y fortalecer los lineamientos para optimizarla, porque si ellos dicen que su trabajo no es ese [atender también delitos vinculados con trata de personas], creo que hay una tergiversación de sentido, en tanto a las problemáticas que esas instituciones municipales deben atender”.

También hizo un llamado a exigir a las administraciones municipales una rendición de cuentas claras, respecto a las acciones emprendidas para tal cometido, a fin de “focalizar los recursos, fortalecer las instituciones que trabajen y desaparece a las que no lo hagan”.

Tipificación del feminicidio en estadísticas, umbral para dimensionar el problema



A escasos tres meses de que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP) incluyera el feminicidio dentro de su censo de incidencia delictiva –entre otros como violencia de género, violencia familiar, aborto, trata de personas, narcomenudeo, corrupción de menores y delitos medioambientales–, es que se puede establecer un patrón comparativo riguroso sobre este delito.

A decir de López Riofrío, es difícil señalar con exactitud el número de asesinatos así tipificados cuando históricamente no se contabilizaban de esa manera.

“En la medida que haya un registro específico sobre la dimensión de la problemática es como vamos a ver cómo se van moviendo los datos; no sólo tiene que ver en ámbito de los delitos del fuero común o en los de alto impacto, a mí me parece interesante poder analizar qué consecuencias tienen en la vida de las mujeres: cómo el hecho de que una mujer sea asesinada tiene un trasfondo que va a determinar y a cambiar las circunstancias del tejido social y familiar”, advirtió.

En Michoacán se contabilizan 27 feminicidios este año, mientras que el 2017 fueron 147 y en 2016, 163, según cifras proporcionadas por la activista.

Al aludir este reportero a la entrevista con Martínez Alcázar, en la éste asegura no haber incremento de violencia contra las mujeres en la capital, sino de denuncias, la entrevistada replicó: “es muy importante distinguir entre las denuncias y los hechos; las denuncias no siempre reflejan necesariamente la dimensión del problema porque tenemos una gran cifra negra de personas que no lo hacen […], yo creo que si no tenemos un parámetro anterior inmediato que permita hacer una comparación, ningún municipio ni alcalde tendría que decir que no está pasando nada o que está mejorando la situación”.

Aunque reconoció que Morelia se encuentra en tercer lugar de incidencia por feminicidio, precedida por Uruapan y Zamora –seguida de Zitácuaro y Lázaro Cárdenas, municipios donde existen las subprocuradurías y fiscalías regionales de la PGJE–, aseguró que la capital encabeza la incidencia en delitos de violencia familiar.

“Los municipios que están en la alerta de violencia de género deberían empezar a publicar sus propios datos, en contraste con los de la Procuraduría (PGJE) porque eso nos permitiría saber cuántos de esos casos llegaron a una denuncia a la PGJE y terminaron en una cuestión judicial”, dijo al señalar que de otra manera sólo hay líneas tentativas, sin poder trazar el círculo completo de cada caso.