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Figura de juicio político, aún poco comprendida por promoventes: De la Torre
Gabriel Envila Fischer Jueves 7 de Diciembre de 2017
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Morelia, Michoacán.- El mecanismo que permite interponer un juicio político en contra de algún servidor público es aún poco comprendida y en ocasiones utilizada como herramienta de presión por intereses o conflictos ajenos a la esencia de la figura, consideró en entrevista la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales en el Congreso del Estado, Rosa María de la Torre Torres.

Hasta la fecha se han promovido una veintena de juicios políticos en contra de servidores públicos en lo que va de la LXIII Legislatura, de los cuales menos de la mitad han procedido, cuatro de ellos en contra de presidentes municipales, puntualizó la legisladora.

Presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales en el Congreso del Estado, Rosa María de la Torre Torres.
Presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales en el Congreso del Estado, Rosa María de la Torre Torres.
(Foto: Cambio de Michoacán)



“Me parece que ha habido una confusión en la figura del juicio político con respecto a otro tipo de responsabilidades que puede tener un servidor público. Muchos de los juicios políticos que nos llegan son por temas de índole penal”.

Por detenciones arbitrarias ordenadas o supuestamente ordenadas por los ediles y ejecutadas por los policías municipales u otros temas que son del orden penal o de naturaleza administrativa, son los que en su mayoría han llegado al Congreso del Estado.

Los de naturaleza administrativa, sean por desvío de recursos, malversación de fondos u otros similares, deben ser primero observados por la Auditoría Superior, para que el Congreso pueda intervenir. “Mientras no haya un trámite que haya concluido en una observación de la Auditoría Superior nosotros no podemos darle un trámite de índole política porque nos estaríamos asumiendo (los diputados) como un órgano fiscalizador”, explicó la legisladora integrante del grupo parlamentario del PRI.

“Como órgano jurisdiccional nosotros no podemos atribuirnos funciones que no nos están expresamente concedidas”, agregó. Tanto en la Constitución federal como local están establecidas con claridad cuáles con las “causales de procedibilidad” del juicio político. Una de ellas dice que cuando se haya comprobado perjuicio al erario público, y quien tiene que comprobar es el órgano fiscalizador”.

Otra de las debilidades que la legisladora dijo haber observado en los juicios promovidos ante el Congreso es la falta de pruebas o acusaciones respaldadas en versiones verbales con poco sustento. Ante la deficiencia en el armado de las demandas de juicio político, señaló, el Congreso tampoco está facultado para erigirse como órgano de investigación, sujetándose únicamente a pedir a los quejosos ampliar las pruebas presentadas, lo que no ha sido tampoco respondido de manera favorable por los segundos.

Las causales de índole penal, ejemplificó, las acusaciones vertidas en contra de la titular de Atención a Víctimas, Selene Vázquez Alatorre. Pese a que los detractores de Vázquez Alatorre presentaron las denuncias que interpusieron ante la funcionaria por los delitos señalados, puntualizó la diputada, el Congreso del Estado no puede adjudicar responsabilidades penales a ningún servidor público.

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