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Alcanza escándalo de Odebrecht a Cárdenas Batel y Leonel Godoy
> Los mandatarios perredistas permitieron la construcción de una presa al doble de precio, mal hecha, incompleta, a destiempo y sin regresar presupuesto de obras no ejecutadas
Redacción Miércoles 31 de Mayo de 2017
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La empresa brasileña Odebrecht construyó en Michoacán una presa al doble de su costo original, y la entregó incompleta, con deficiencias y con más de cuatro años de atraso, informa un reportaje especial realizado por el periodista Raúl Olmos y la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Originalmente la Presa Francisco J. Múgica’ -ubicada en Tierra Caliente- se debió haber concluido en octubre de 2008 con un costo de mil 500 millones de pesos, pero fue entregada hasta inicios de 2013 a un costo de dos mil 915 millones de pesos, de acuerdo con documentos obtenidos por MCCI.

El 86 por ciento de la obra se ejecutó con fondos estatales y el catorce por ciento federales. El contrato con Odebrecht fue firmado el 29 de noviembre de 2006 por el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel, bajo la modalidad de «precio alzado» y «llave en mano», lo que significa que estaba garantizado que el costo de la obra no se incrementaría.

Sin embargo, esa modalidad no fue respetada, pues al asumir Leonel Godoy la gubernatura de Michoacán, le otorgó a Odebrecht, en forma ilegal, una ampliación del contrato original por 601 millones de pesos, y autorizó obras adicionales por 813 millones de pesos más.

Entre julio de 2009 y junio de 2010, Godoy le autorizó a Odebrecht contratos extra por mil 414 millones de pesos para la conclusión de la presa.

Dos auditorías revelaron que Odebrecht entregó una obra malhecha e incompleta.

Por si fuera poco, la mala planeación provocó que la presa se construyera sobre tierras en litigio. Ahora el gobierno deberá restituir a campesinos las tierras que ocupa la presa y deberá pagar nueve millones 315 mil pesos por daños, según establece una sentencia a favor del ejido Naranjo de Tziritzícuaro, dictada desde agosto de 2013 por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 17 y ratificada en 2016.

Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy Rangel, exgobernadores de Michoacán
Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy Rangel, exgobernadores de Michoacán
(Foto: Cuartoscuro)


El 25 de agosto de 2006, el gobierno de Michoacán, que en aquellos días era encabezado por el perredista Lázaro Cárdenas Batel, lanzó la convocatoria para participar en una licitación pública para la construcción de la presa y de la infraestructura necesaria para llevar agua a dos módulos de riego en la región de Tierra Caliente, afectada con frecuentes sequías.
MCCI solicitó al gobierno de Michoacán copia de todos documentos del proceso de licitación, para conocer las propuestas de cada concursante. Sin embargo, lo único que entregó fue la copia del contrato firmado con Odebrecht y sus respectivas ampliaciones.

La obra fue asignada el 6 de noviembre de 2006; el contrato se formalizó tres semanas después por el coordinador de la Comisión Estatal del Agua, Jesús Vallejo Esquivel, y por Fernando Antonio Costa Martins y José Vito Facciola Junior, representantes legales de Odebrecht.

La firma del contrato se realizó pese a que se carecía de autorizaciones federales. Fue hasta un año después, en diciembre de 2007, cuando la Semarnat emitió el resolutivo positivo de manifestación de impacto ambiental. Mientras que el aval de la Comisión Nacional del Agua (CNA) se tramitó en mayo de 2007 -seis meses después de asignado el contrato- y se obtuvo el permiso de construcción 3769 hasta el 5 de marzo de 2008. Pero todavía faltaban más permisos.

En septiembre de 2009 -cuando la obra ya debía haber sido terminada- la CNA otorgó la concesión del uso de la zona federal del Río Marqués sobre el que se construiría la presa.

En una auditoría en 2014, se descubrió que la obra carecía de permiso de interconexión para enlazar con la red nacional otorgada por la Comisión Federal de Electricidad y tampoco se tenía autorización de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la construcción de un cruce con la autopista.

Ampliaciones para Odebrecht



El 14 de febrero de 2008, Leonel Godoy sustituyó en la gubernatura de Michoacán a Lázaro Cárdenas Batel, tras ganar la elección estatal también como candidato del PRD.

Cuando asumió el poder, uno de sus objetivos fue concluir la Presa Francisco J. Múgica. Para ello, ordenó eludir el proceso de licitación para un nuevo contrato a Odebrecht, mediante un acuerdo gubernamental emitido el 14 de julio de 2009.

Dicho acuerdo autorizó a adjudicar en forma directa a Odebrecht dos obras complementarias de la presa: la construcción de una planta hidroeléctrica y un sistema de riego, con una inversión de 813 millones 366 mil pesos. Al día siguiente de la publicación del acuerdo gubernamental, se firmó el contrato con los representantes legales de Odebrecht, Antonio Costa Martins y Vito Facciolla.

Una vez más, el contrato fue a «precio alzado» bajo la modalidad «llave en mano», lo que significaba que no se podían modificar ni el costo ni el plazo de ejecución. Para este nuevo contrato se acordó concluir la obra en 900 días naturales, a partir del 15 de julio de 2009.

El 3 de junio de 2010, Odebrecht presentó al gobierno de Leonel Godoy la petición para adecuar el contrato original de construcción de la presa, con el argumento de que habían realizado obras no incluidas en su oferta inicial.

El ajuste fue por 601 millones de pesos, de los cuales el 73 por ciento era para trabajos complementarios en la presa y el 27 por ciento de obras de conducción y canales. Con este ajuste, el costo de la obra hidráulica ya se había duplicado, al pasar de mil 500 millones de pesos a dos mil 915 millones.

El plazo original para concluir la obra era el 25 de octubre de 2008, pero mediante un acuerdo firmado el 6 de mayo de 2008, el mandatario perredista permitió a Odebrecht aplazar la entrega hasta mayo de 2011. Además, en el contrato adicional de la hidroeléctrica y de las obras complementarias de riego se fijó como plazo enero de 2012.

Pese a lo anterior, el gobernador michoacano decidió inaugurar la presa cuando todavía no terminaban los trabajos. El 5 de febrero de 2011, Leonel Godoy encabezó el acto de apertura, la obra fue entregada hasta 2013, dos años después de haber sido «inaugurada».

Violación a la ley



Al incumplir los plazos de ejecución de la obra, se violaron distintos apartados de la ley, advierte una auditoría de la Contraloría de
Michoacán, concluida en 2014. En concreto, los auditores se refirieron al contrato original firma- do en noviembre de 2006 con Odebrecht, que establecía como plazo para concluir la obra el 25 de octubre de 2008. El informe del órgano de fiscalización refiere que el 29 de abril de 2008, el gobierno michoacano firmó un dictamen técnico que justificaba celebrar un convenio adicional para ampliar el plazo a Odebrecht hasta el 30 de mayo de 2010, con el argumento de que se habían entregado tarde los anticipos de obra y que se habían realizado adecuaciones al proyecto, por recomendación de la CNA. Pero una semana después, el 6 de mayo de 2008, el gobierno de Michoacán y Odebrecht firmaron un convenio adicional, que amplió un año más, hasta el 31 de mayo de 2011, la terminación de la obra. Pese a las ampliaciones de plazo, la presa y su infraestructura complementaria se entregó hasta 2013.

La administración estatal violó la Ley de Obra Pública del estado y las condiciones del contrato, al pactar con Odebrecht un convenio sobre otro convenio para ampliar el plazo. Además, se incumplió con el artículo 18 fracción 11 del reglamento de la Ley de Obra, que establece que los contratos a «precio alzado» no pueden ser modificados ni en monto ni en plazo, y tampoco son sujetos a ajustes de costos.

En una visita física, los auditores encontraron también deficiencias «técnico constructivas» en la obra. Por ejemplo, en el canal principal documentaron un asentamiento en los taludes que originan filtraciones por agrietamientos. Además, en siete tramos se reportó la operación deficiente de las tomas.

En el canal secundario Tziritzícuaro se encontraron filtraciones y falta de sellos en las losas a lo largo de dos kilómetros y medio. En el cuarto de bombas se documentó técnica y gráficamente la deformación de equipos, deficiencia en la sujeción en los soportes de conducción y fallas en el soporte de tubería. También se hallaron deficiencias en la galería de filtraciones, como una corrosión severa y el medidor de flujo inservible.

Pero la falla más grave es que Odebrecht desarrolló infraestructura de menor alcance que la que estaba proyectada. Un caso: el canal Tziritzícuaro fue construido para conducir un máximo de 500 litros por segundo, pese a que en el estudio técnico de factibilidad se consideró un canal para conducir mil litros por segundo, con lo que se garantizaba el riego a más hectáreas de cultivo.

El cuarto de bombas también se construyó para surtir la mitad del volumen de agua, respecto al proyecto original.

En su informe, los auditores refieren que las autoridades del gobierno michoacano no presentaron la documentación que acredite la autorización para que Odebrecht haya cambiado el diseño y la capacidad del canal.

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