Educación

Letra muerta, Ley para la Atención de Violencia Escolar
Josafat Pérez Martes 21 de Febrero de 2017
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Morelia, Michoacán.- A casi cinco años de haber sido publicada en el Periódico Oficial del Estado y vertida posteriormente en un protocolo para prevenir la violencia en los centros educativos de la entidad, la Ley de Atención a la Violencia Escolar continúa sin aplicarse.

Según el artículo 1, “tiene por objeto proteger y atender a los estudiantes en todos los ámbitos, niveles y modalidades educativos, de las instituciones públicas y privadas
Según el artículo 1, “tiene por objeto proteger y atender a los estudiantes en todos los ámbitos, niveles y modalidades educativos, de las instituciones públicas y privadas
(Foto: Archivo)

Según el artículo 1, “tiene por objeto proteger y atender a los estudiantes en todos los ámbitos, niveles y modalidades educativos, de las instituciones públicas y privadas, de cualquier forma de violencia escolar, sea metódica, sistemática o reiterada (…), así como establecer el apoyo asistencial a los receptores y generadores de dicho fenómenos y a sus familias” y sus disposiciones son de “observancia general para todo el Estado de Michoacán”.

En tanto el artículo 2, estipula que “las instituciones educativas en el Estado, tienen la obligación fundamental de garantizar a los estudiantes el pleno respeto a su vida, dignidad, integridad física y moral dentro de la convivencia escolar”. El mismo se desglosa en una serie de principios y definiciones para el “cumplimiento” de tal obligación.

Conformada por 43 artículos que definen su objetivo, mencionan los tipos de violencia escolar, establecen autoridades responsables e instituciones coadyuvantes, instituyen un consejo preventivo, establecen un protocolo de actuación, advierten sobre las denuncias y señalan las consecuencias; la aplicación de esta norma se ha postergado desde la administración de Fausto Vallejo Figueroa hasta la presente, por circunstancias aún no precisadas por parte de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE).

El Consejo preventivo, por ejemplo, depende de la SEE, pero está integrado en su mayoría por ciudadanos, a saber, dos psicólogos, dos licenciados en educación, cinco padres de familia, dos maestros de educación inicial, dos maestros de primaria, dos de secundaria, dos profesores de educación media superior, dos de educación superior, así como dos maestros de educación especial y un par de educación indígena. El presidente honorífico es el Gobernador del Estado, Silvano Aureoles Conejo y el puesto de Secretario técnico recae en Alberto Frutis Solís, actual titular de la SEE.

Sus antecedentes institucionales están en la Ley General de los derechos de niñas, niños y adolescentes, aprobada en 2001 durante la presidencia de Vicente Fox, misma que derivaba de un tratado internacional establecido entre México y la UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia), desde 1990.

Pero las causas detonantes para su elaboración y aprobación, remiten a las demandas por maltrato infantil, que la SEE ha recibió hasta antes de su aprobación, mismas que tuvieron un punto álgido cuando, durante las administraciones de Víctor Manuel Tinoco Rubí (1996-2002) y de Lázaro Cárdenas Batel (2002-2008), al frente del Ejecutivo estatal, se interpusieron varias denuncias por abuso y maltrato infantil que implicaban a Rosa Verduzco, mejor conocida como “Mamá Rosa” y a su albergue “La Gran Familia”, ubicado en Zamora, Michoacán.

Frente al auge de problemáticas vinculadas a la violencia escolar en toda la entidad, es un enigma por qué la SEE no ha puesto en marcha la Ley para la Atención de Violencia Escolar y su protocolo de prevención.

Cabe mencionar que las denuncias no tiene carácter vinculante, sin embargo la SEE y el Consejo preventivo están facultados para emitir recomendaciones a quienes resulten responsables de infringir la norma.

Por otra parte, la Ley para la Atención de la Violencia Escolar posee una vinculación derivada a la responsabilidad de los funcionarios públicos y establece un procedimiento que, en caso de que los funcionarios omitan su observancia y aplicación, contempla sanciones específicas según la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos.