Educación

Letra muerta, Ley para la Atención de Violencia Escolar
Josafat Pérez Martes 21 de Febrero de 2017
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Morelia, Michoac√°n.- A casi cinco a√Īos de haber sido publicada en el Peri√≥dico Oficial del Estado y vertida posteriormente en un protocolo para prevenir la violencia en los centros educativos de la entidad, la Ley de Atenci√≥n a la Violencia Escolar contin√ļa sin aplicarse.

Seg√ļn el art√≠culo 1, ‚Äútiene por objeto proteger y atender a los estudiantes en todos los √°mbitos, niveles y modalidades educativos, de las instituciones p√ļblicas y privadas
Seg√ļn el art√≠culo 1, ‚Äútiene por objeto proteger y atender a los estudiantes en todos los √°mbitos, niveles y modalidades educativos, de las instituciones p√ļblicas y privadas
(Foto: Archivo)

Seg√ļn el art√≠culo 1, ‚Äútiene por objeto proteger y atender a los estudiantes en todos los √°mbitos, niveles y modalidades educativos, de las instituciones p√ļblicas y privadas, de cualquier forma de violencia escolar, sea met√≥dica, sistem√°tica o reiterada (‚Ķ), as√≠ como establecer el apoyo asistencial a los receptores y generadores de dicho fen√≥menos y a sus familias‚ÄĚ y sus disposiciones son de ‚Äúobservancia general para todo el Estado de Michoac√°n‚ÄĚ.

En tanto el art√≠culo 2, estipula que ‚Äúlas instituciones educativas en el Estado, tienen la obligaci√≥n fundamental de garantizar a los estudiantes el pleno respeto a su vida, dignidad, integridad f√≠sica y moral dentro de la convivencia escolar‚ÄĚ. El mismo se desglosa en una serie de principios y definiciones para el ‚Äúcumplimiento‚ÄĚ de tal obligaci√≥n.

Conformada por 43 art√≠culos que definen su objetivo, mencionan los tipos de violencia escolar, establecen autoridades responsables e instituciones coadyuvantes, instituyen un consejo preventivo, establecen un protocolo de actuaci√≥n, advierten sobre las denuncias y se√Īalan las consecuencias; la aplicaci√≥n de esta norma se ha postergado desde la administraci√≥n de Fausto Vallejo Figueroa hasta la presente, por circunstancias a√ļn no precisadas por parte de la Secretar√≠a de Educaci√≥n en el Estado (SEE).

El Consejo preventivo, por ejemplo, depende de la SEE, pero está integrado en su mayoría por ciudadanos, a saber, dos psicólogos, dos licenciados en educación, cinco padres de familia, dos maestros de educación inicial, dos maestros de primaria, dos de secundaria, dos profesores de educación media superior, dos de educación superior, así como dos maestros de educación especial y un par de educación indígena. El presidente honorífico es el Gobernador del Estado, Silvano Aureoles Conejo y el puesto de Secretario técnico recae en Alberto Frutis Solís, actual titular de la SEE.

Sus antecedentes institucionales est√°n en la Ley General de los derechos de ni√Īas, ni√Īos y adolescentes, aprobada en 2001 durante la presidencia de Vicente Fox, misma que derivaba de un tratado internacional establecido entre M√©xico y la UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia), desde 1990.

Pero las causas detonantes para su elaboraci√≥n y aprobaci√≥n, remiten a las demandas por maltrato infantil, que la SEE ha recibi√≥ hasta antes de su aprobaci√≥n, mismas que tuvieron un punto √°lgido cuando, durante las administraciones de V√≠ctor Manuel Tinoco Rub√≠ (1996-2002) y de L√°zaro C√°rdenas Batel (2002-2008), al frente del Ejecutivo estatal, se interpusieron varias denuncias por abuso y maltrato infantil que implicaban a Rosa Verduzco, mejor conocida como ‚ÄúMam√° Rosa‚ÄĚ y a su albergue ‚ÄúLa Gran Familia‚ÄĚ, ubicado en Zamora, Michoac√°n.

Frente al auge de problemáticas vinculadas a la violencia escolar en toda la entidad, es un enigma por qué la SEE no ha puesto en marcha la Ley para la Atención de Violencia Escolar y su protocolo de prevención.

Cabe mencionar que las denuncias no tiene car√°cter vinculante, sin embargo la SEE y el Consejo preventivo est√°n facultados para emitir recomendaciones a quienes resulten responsables de infringir la norma.

Por otra parte, la Ley para la Atenci√≥n de la Violencia Escolar posee una vinculaci√≥n derivada a la responsabilidad de los funcionarios p√ļblicos y establece un procedimiento que, en caso de que los funcionarios omitan su observancia y aplicaci√≥n, contempla sanciones espec√≠ficas seg√ļn la Ley de Responsabilidades de los servidores p√ļblicos.