Sociedad

Ciudadanos manifiestan preocupación ante la iniciativa de Ley de Archivos
>Particularmente, hacen referencia a los artículos 14 y 60
Ernesto Hernández Doblas Domingo 18 de Diciembre de 2016
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Morelia, Michoacán.- En una carta dirigida al Senado de la República, a la comunidad de historiadores de Michoacán y a la sociedad en general, parte de éstos, manifestaron su preocupación ante algunos de los apartados de la iniciativa de Ley de Archivos presentada a principios de año por los senadores Alejandro Encinas, Cristina Díaz Salazar, Laura Angélica Rojas Hernández, Héctor Larios Córdova y Zoé Robledo Aburto. Dicen sumarse a las críticas que historiadores, instituciones y organizaciones no gubernamentales del país, han vertido en las últimas semanas al respecto.

“En particular se ha hecho referencia a los artículos 14 y 60, el primero por dejar abierta la posibilidad de realizar un escrutinio de documentos ya existentes en los archivos históricos -y que por ello podrían ser retirados del dominio público-, y el segundo por establecer a la Secretaría de Gobernación como cabeza del Consejo Nacional de Archivos, máxima autoridad de la estructura nacional propuesta por la iniciativa de ley”.

Sesión de la Cámara de Senadores
Sesión de la Cámara de Senadores
(Foto: Cuartoscuro)

De ahí viene parte sustancial de la intranquilidad que causa entre quienes elaboraron la mencionada carta, una iniciativa de ley, cuyos artículos “fomentan el control político de la información, por lo que, en caso de ser aprobada y promulgada, la iniciativa obstaculizaría el libre acceso de los ciudadanos, no solo a la documentación generada de manera cotidiana por la administración pública, también a la ya existente en los archivos históricos”.

Parte de la comunidad dedicada a las importantes labores sobre la historia en nuestro Estado, opina que tal y como se ha planteado, la ley referida afectaría de manera importante su trabajo, al permitir la sustracción, retiro destrucción y testeo de documentos generados por la administración pública mexicana. Por ello, dicen que no sólo afecta su labor, sino que va en retroceso en cuanto a las leyes de transparencia vigentes.

“Alzamos la voz también sobre la relación entre la Secretaría de Gobernación y el Consejo Nacional de Archivos, como también a cualquier símil a nivel estatal y municipal. Consideramos que tal situación, propuesta por la iniciativa, constituye la posibilidad de ejercer un escrutinio con atención a intereses políticos y/o económicos de la documentación generada, en perjuicio del derecho a la información, de la labor de los historiadores y de la memoria histórica del país”.

Por su parte, el Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de México (UNAM) se pronunció por que haya una “amplia consulta a la sociedad y a la academia y se genere un proceso de deliberación público y abierto” sobre el tema. Sus integrantes consideraron que es necesario “impulsar una política de autonomía en materia archivística, respaldada por un presupuesto suficiente que asegure la profesionalización de los procesos de valoración de la información, el respeto a aquellos archivos históricos que por largo tiempo han constituido una pieza fundamental para el trabajo histórico, el patrimonio cultural y la construcción de la memoria, así como la implementación de una política pública que no esté supeditada a formas de control político”.

Entre algunos puntos polémicos en la discusión, la iniciativa de ley incluye que el Archivo General de la Nación (AGN) quede bajo el resguardo de la Secretaría de Gobernación (Segob) y que funcione bajo los principios de protección de datos personales, hecho que, de aprobarse, abre la posibilidad de ocultar los nombres de personajes relevantes de la historia del país.

El día que fue presentada la Ley de Archivos, la senadora Laura Rojas Hernández y también integrante de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, aseguró que esta nueva Ley ayudará a los servidores públicos a realizar una buena gestión documental, e incentivar la participación ciudadana, pilares fundamentales para el buen funcionamiento de los sistemas nacionales de transparencia y anticorrupción. Rojas Hernández explicó que la nueva Ley busca integrar un Sistema Nacional de Archivos para que cada área de la administración pública realice una buena gestión documental y rendición de cuentas.

Ante las voces críticas que se han alzado, la legisladora aseveró que los archivos son información pública y no existirá ningún problema para consultar los archivos históricos, y éstos podrán consultarse sin que sean testados los datos personales, pero, explicó, se protegerá la confidencialidad de los datos sensibles, y únicamente podrán reservarse los documentos por razones de seguridad nacional o de interés público, y que se encuentren en archivos de trámite o de concentración. A lo anterior agregó: “la clasificación conforme a las leyes de transparencia y acceso a la información no aplica para archivos históricos. Solamente procede testar los datos personales sensibles cuando se ha hecho una solicitud de información”, comentó que al solicitante se le entregará una copia de la información y el sujeto obligado deberá conservar el original, mismo que será enviado al archivo histórico sin borrar los datos personales.