Opinión

MORELIA
Migración México-Estados Unidos
Control inmigratorio, trabajo y muro virtual
Cada año, la SSA envía avisos de no concordancia de datos a trabajadores y empleadores, cuando nombres y números del Seguro Social no coinciden, para anotar las discrepancias y alertar a los empleados si no les descuentan acorde
Carlos Enrique Tapia Miércoles 30 de Abril de 2008
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En el contexto organizativo y mediático de la tercera marcha pro-inmigrante en Arizona, Nuevo México, Nueva York, Nueva Jersey, Illinois, Washington, Virgi-
nia, Florida, California, Ohio, Georgia, Texas, Massachusetts y Washington DC, este primero de mayo, para exigir al Congreso de Estados Unidos una reforma migratoria que legalice a doce millones de indocumentados, destaca la cuestionada norma no-match letter y el fracaso del muro virtual del Departamento de Seguridad Interna (DHS, por sus siglas en inglés).
Hacia junio de 2006, el DHS propuso una norma para que los empleadores redujeran los riesgos de ser encontrados culpables de haber contratado «extranjeros ilegales» a sabiendas, después de haber recibido un aviso de la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés), conocido como no-match letter o «datos que no concuerdan».
La norma fue refrendada el pasado marzo, después de que en octubre de 2007 fue suspendida por un juez federal, y cuyos críticos afirman que de aprobarse convertiría al Seguro Social en una herramienta de control inmigratorio. Provocaría pérdidas de empleo entre trabajadores inmigrantes legales y ciudadanos estadounidenses y costaría a las empresas unos mil millones de dólares anuales.
Cada año, la SSA envía avisos de no concordancia de datos a trabajadores y empleadores, cuando nombres y números del Seguro Social no coinciden, para anotar las discrepancias y alertar a los empleados si no les descuentan acorde a sus ingresos, lo que podría afectar los beneficios futuros por retiro o discapacidad laboral.
Sin embargo, la administración Bush pretende usar los avisos como evidencia de que los empleadores contratan a sabiendas a trabajadores indocumentados. El DHS afirma que si en 90 días no se corrige la discrepancia, el empleador debe despedir a sus empleados o enfrentar el riesgo de ser acusado por violar las leyes de inmigración.
El problema es que el aviso no establece el estatus inmigratorio del trabajador, pues las bases de datos no contienen dicha información; de las 17.8 millones de discrepancias en el Seguro Social que podrían resultar en avisos, 12.7 millones, más del 70 por ciento, implican a ciudadanos estadounidenses, quienes podrían enfrentar despidos.
Hay otras razones por las que un trabajador recibiría un aviso: errores en la base de datos, faltas del empleador o trabajador al llenar el contrato, uso convencional del nombre (nombre masculino o múltiples apellidos) al solicitar la tarjeta del Seguro Social, cambios de apellidos por matrimonio, divorcio o naturalización, y la presunción de los empleadores de que el inmigrante es indocumentado, lo que implicaría discriminación.
Acorde con un estudio de la Cámara de Comercio (US Chamber of Commerce), más de 165 mil empleados podrían ser despedidos por no poder resolver las discrepancias, costando a los patrones de mil a 1.6 miles de millones de dólares anuales; dos por ciento de los trabajadores legales podría perder su empleo cada año; de 37 mil a 137 mil no podrían obtener empleo, perdiendo salarios de ocho mil a 37 mil millones de dólares. Entre los empleadores, los costos implicarían mucho papeleo y paro de la producción de bienes.
También, el gobierno estadounidense, a través del DHS, tendrá que reemplazar el «muro virtual» en la frontera Arizona-México, con nuevas torres, radares, cámaras y programas de computadoras, porque el nuevo sistema de 20 millones de dólares no funcionó lo «suficiente». El anuncio es dos meses después de la compra a la compañía Boeing del llamado Project 28 para detectar inmigrantes indocumentados atravesando la frontera, el cual no funcionó tan bien como se había promocionado.
Fragmentos: 1. Para Calderón quienes tomaron la «tribuna» de la Cámara de Diputados son ridículos y fracasaron intentando sabotear la «vida institucional», pero el señor y sus huestes destruyen diariamente esa vida institucional, sembrando odio y miedo. 2. El presidente Bush pidió al Congreso una ley para reducir la crisis de crédito en el mercado de 85 mil millones de dólares de préstamos estudiantiles, que podría impedir a los jóvenes ir a la universidad. 3. Provocación o connivencia: El ex senador panista Javier Corral Jurado, dice que Televisa y TV Azteca están en «franca provocación» contra Calderón, al transmitir el spot que difama a AMLO, pero todo indica acuerdo para cobrar y pagar facturas. 4. La Confederación Nacional de Escuelas Particulares (CNEP) y la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), fieles panistas y de derecha, alegan que ni la «dictadura priísta» los había gravado con un impuesto como el IETU, el que un gobierno de sus querencias les aplica; por lo que buscarán un «acuerdo» con el calderonato para proteger sus privilegios. 5. Entre caudillos: la izquierda chabacana encabezada por el sub Marcos dice que Hugo Chávez tiene «impronta de caudillo». 6. El domingo miles regresaron a la calle por la defensa del petróleo, mostrando a merolicos y jilguerillos panistas y calderonistas, gente comprometida con un movimiento de importantes alcances. 7. Los spots, editoriales y «análisis» de odio, discriminación, difamación, miedo y guerra contra el adversario político nada tienen de libertad de expresión; son alegatos personalísimos y obsesivo-compulsivos de los abajo firmantes. 8. Bien que la señora Zavaleta denuncie las amenazas de que es objeto, sólo tendrá que cuidar sus sospechas, que seguro están entre derechistas y fascistas que cotidianamente difaman y aterrorizan. 8. Apariencia la supuesta apertura panista a «candidatos ciudadanos»; le sirve a Calderón para imponer allegados y echar a quienes reclamen militancia y compromiso azul real.