Opinión

MORELIA
2008, el año crucial
Desde el primer día del año se hará sentir la apertura comercial en el sector agropecuario que es, sin duda ninguna, el aspecto más pernicioso del Tratado de Libre Comercio y el legado más nefasto del gobierno de Salinas de Gortari
Eduardo Nava Hernández Jueves 27 de Diciembre de 2007
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Si 2007, el primer año del gobier no de Felipe Calderón, aparece en perspectiva como un periodo de tensión, desgastante para las grandes fuerzas del escenario político del país, pero en el que el avance político fue casi nulo para todas ellas, el inminente 2008 se anuncia como el año decisivo para la determinación de la correlación de fuerzas en la sociedad mexicana para un largo periodo.
Desde el primer día del año se hará sentir la apertura comercial en el sector agropecuario que es, sin duda ninguna, el aspecto más pernicioso del Tratado de Libre Comercio y el legado más nefasto del gobierno de Salinas de Gortari. La apertura total de la frontera norte a las importaciones de granos, abandono definitivo de cualquier política por la autosuficiencia alimentaria, viene a implicar la quiebra de miles de productores de granos en todo el país y la culminación de la política de inmolación de los minifundistas rurales ante el libre mercado y la teoría de las ventajas comparativas. Desde hace varios sexenios, al menos desde el de Carlos Salinas, se decidió erradicar del mundo rural a un tercio de los productores de maíz, trigo y otros granos básicos que pueden ser comprados a menores costos en el mercado mundial, y evitar por esa vía cualquier forma de subsidio al sector considerado menos productivo de la agricultura (en la perspectiva del mercado lo es, por tratarse de las tierras de menor calidad, casi siempre de temporal y al margen del crédito) que sólo comercializa pequeños volúmenes y destina al autoconsumo la mayor parte de sus magras cosechas.
El efecto inmediato de la apertura será un incremento de las importaciones de alimentos a precios más bajos, teóricamente en beneficio de los consumidores, pero sobre todo, en la práctica, de los grandes productores agroindustriales (Bimbo, Maseca, etcétera), que tienen capacidad para adquirir volúmenes considerables y que verán en la apertura la oportunidad para abaratar diversos costos de producción, aunque ese abaratamiento no necesariamente se refleje en el precio de los productos finales en el mercado. Para el campesino, en cambio, el libre comercio implicará enfrentar la competencia de una masa de productos que, además de recibir en sus países de origen diversas formas de subsidio, implican una abismal diferencia de productividad: mientras que en México se cosecha en promedio una tonelada y media de maíz por hectárea, en los Estados Unidos y Canadá, debido a factores naturales y tecnológicos (suelos planos y de humedad, menor incidencia de plagas, fertilización y empleo de maquinaria agrícola, etcétera) se levantan diez toneladas. Aquellos países, en consecuencia, se encuentran en condiciones de ofrecer en el mercado mexicano alimentos a un costo que el productor nacional difícilmente puede resistir. Ello implicará la virtual pérdida total del mercado interno para los productores mexicanos, que no han mejorado su situación en los catorce años que el TLC estableció para pretendidamente permitir a México elevar su productividad y su competitividad frente a los productores estadounidenses y canadienses.
Sin acceso seguro a los mercados, los campesinos no tienen tampoco posibilidades de acceso al crédito ni a la mejoría tecnológica para cambiar de cultivos, lo que se traducirá en creciente empobrecimiento y migración (a la que los Estados Unidos temen) desde el campo hacia las ciudades y hacia el norte.
El primero en recibir ese impacto será, por supuesto, el campesino minifundista y monoproductor, en tanto que para el consumidor urbano la apertura aparentemente signifique una mejoría en los precios de los alimentos. Al abandonarse empero por completo la política de autosuficiencia para confiar exclusivamente en los mercados externos, México quedará expuesto, como ya ocurrió a inicios de 2007, a las fluctuaciones de los precios internacionales, que pueden tener grandes picos en función de factores tan aleatorios como podrían ser malas cosechas en China, la India y otras regiones, que dispararían bruscamente los precios en el mercado internacional. Ello impactaría a la economía mexicana y a la población en general u obligaría al gobierno del país a otorgar al consumo los subsidios que no ha querido ofrecer a la producción agrícola.
Pero 2008 se presenta como un año decisivo también en otros sentidos. En la política interna, el frente calderonista ha tenido que reestructurarse parcialmente a lo largo de 2007. Además de enfrentar la persistencia de un cuestionamiento activo o pasivo al resultado oficial del proceso electoral en 2006 se ha operado el reacomodo de algunos de quienes fueron sus aliados en ese crucial momento y que ahora han demostrado no ser en ningún sentido incondicionales: los medios televisivos (por la Reforma Electoral que los perjudica parcialmente), sectores desplazados del PAN (el Yunque), la dupla Fox-Sahagún. Hasta ahora, el gobierno ha tenido que hacer fuertes concesiones a los grupos y sectores adictos, como en el caso de la venta de Aeroméxico, o en el del SNTE de Gordillo, para conservar en lo general el bloque de fuerzas políticas y económicas que lo instaló en la Presidencia. Pero no parece haber detrás de Calderón un bloque estable de poder sino un conjunto de fuerzas que se recompone en función de intereses muy concretos, incluso de carácter coyuntural, que se mueven en torno de la Presidencia como grupos de presión mas no como aliados incondicionales o definitivos.
En ese escenario, Calderón tiene dos opciones para el 2008. O bien se arriesga a efectuar las reformas estructurales pendientes, pagando altos costos políticos al PRI y a quienes se presten a ser sus aliados (como ya lo está haciendo con los casos de Oaxaca y el góber precioso de Puebla), o bien le apuesta todo para ganar una mayoría amplia (aunque nunca suficiente para las reformas constitucionales) en el Congreso para 2009. La segunda opción se ve más improbable, dada la subsistencia del PRI como una fuerza bien consolidada y aún en ascenso en la mayoría de las regiones el país, y la persistencia de movimiento lopezobradorista.
Se trata el calderonismo de un gobierno maniatado por razones tanto de su naturaleza de clase como políticas, frente al gran capital extranjero y nacional, urgido de acelerar la apertura de Pemex y el sector energético en general, no como medio para recapitalizar al sector (que presenta los precios de venta más altos históricamente) sino para culminar con la inserción de México en los mercados internacionales y cubrir a la brevedad el expediente que no pudo sacar adelante Fox. Sus tropiezos asoman ya en materia de delincuencia organizada y narcotráfico, derechos humanos, combate a la corrupción, equidad y reducción de la pobreza, y sobre todo en materia de generación de empleos estables y de calidad.
Otro aspecto que se ve muy complica do es el de la relación con los Estados Unidos y la búsqueda de un acuerdo migratorio, dado el momento electoral que se vive en ese país. Calderón ha mostrado la decisión de distanciarse de la lucha electoral en los Estados Unidos y de la política de George W. Bush, así como de recomponer las relaciones con Cuba y Venezuela, pero el capítulo migratorio es el más importante de la política exterior, y éste difícilmente podrá ser rediscutido antes de 2009, dada la coyuntura estadounidense. Es de preverse, ante la quiebra de la agricultura de temporal, el incremento en las violaciones a los derechos humanos a una acrecentada corriente de mano de obra migratoria en la frontera norte.
La dependencia de la Presidencia con respecto del Ejército y los cuerpos de seguridad, e incluso con respecto de las agencias de seguridad estadounidenses, van configurando un Estado policiaco que quedaría legalizado de aprobarse la reforma al sistema judicial que amplía las facultades a las policías en detrimento de la constitucionalidad establecida. La represión en Oaxaca a fines de 2006, como antes en Guadalajara y Atenco, así como el cerco militar al zapatismo en Chiapas (coincidente con el décimo aniversario de la matanza de Acteal), auguran un uso político de los instrumentos de seguridad del Estado para amedrentar a los movimientos independientes y a la población en general. Apenas cumplido el primer año de gobierno, hay además una clara tendencia al fortalecimiento de poderes locales de tipo caciquil, de los que Calderón depende en buena medida para mantener el orden en las regiones.
Desde el lado de la oposición y del movimiento social, 2008 tiene que ser un periodo de recomposición si se quiere impedir una derrota histórica. En las elecciones internas del PRD para marzo se está jugando en buena parte el futuro del movimiento lopezobradorista, y también la definición de ese partido para el periodo subsiguiente.
Es muy probable que se acreciente la irritación social en el país. Pero la magnitud de la protesta dependerá del manejo político que se haga de los factores tanto económicos como sociales. No hay indicios de una crisis de gravedad en el terreno económico, y sí, en cambio, de que la renta petrolera puede permitir amortiguar temporalmente los efectos del gasolinazo y dar un cierto margen de maniobra al gobierno ampliando el gasto y la inversión. Con esos recursos se puede evitar una devaluación brusca y mantener la paridad para mantener bajo cierto control la inflación. Pero no se pueden descartar movilizaciones masivas coyunturales -que desde antes de 2006 no han perdido continuidad- ante el posible agravamiento de las condiciones económicas. Tanto las organizaciones campesinas como las sindicales retomarán su dinámica ante la entrada en vigor del capítulo agropecuario del TLCAN y la espiral inflacionaria en enero. Pero lo que no es seguro son las formas de confluencia entre las movilizaciones de los distintos sectores, que pueden buscar la convergencia o transitar por carriles diferentes.
En el sector sindical se anuncia una crisis (puede extenderse por un largo periodo) del liderazgo de Elba Esther Gordillo Morales en el SNTE, aunada a su disputa de espacios en la SEP, con el gobierno de Calderón, con lo que se carcomería uno de los principales pilares de la alianza en el gobierno. Gordillo ha estado elevando el precio de sus servicios al gobierno y estirando demasiado la liga, por razones de sobrevivencia, a medida que se debilita en las bases sindicales su poder.
Desde luego, la protesta tiene límites en la respuesta de los organismos estatales y en la correlación de fuerzas en cada sector de la economía y de la sociedad, y también en general. Pero las condiciones impuestas por el fraude electoral de 2006 obligan a pensar en un periodo, si no de reflujo total del movimiento político y social, sí de luchas inconexas, fragmentarias que no encuentran medios de vinculación entre sí. Es lo que se ve en el Sindicato Minero, en la CNTE, la APPO, La otra campaña y otras tendencias y movimientos políticos y sociales.