Opinión

Del fracaso de la reforma al activismo local antiinmigrante
Carlos Enrique Tapia Miércoles 25 de Julio de 2007
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El fracaso de la reforma inmigratoria en el Congreso de Estados Unidos estaría reforzando un notable activismo, campañas y sentimientos antiinmigrantes en múltiples localidades y estados de la Unión Americana. No hay una relación causa-efecto en el proceso, pero sí una tendencia producto del debate, las indefiniciones, el rechazo o apoyo ciudadano, la experiencia conflictiva ante el arribo de inmigrantes y la supuesta irrupción negativa de la inmigración indocumentada en la cotidianidad.

Así, en lo que va del año, más de mil 100 proyectos de leyes estatales y ordenanzas municipales han sido presentados en las legislaturas estatales; el doble respecto al 2006. Éstas buscan limitar el acceso de los inmigrantes indocumentados al empleo, vivienda y licencias de conducir, además de otorgar poderes especiales a las agencias locales y estatales para investigar la situación jurídica de los inmigrantes y encarcelarlos para deportarlos si son «no autorizados».

De acuerdo con el servicio informativo Migration News (Vol. 14 No. 3, July 2007), de la Universidad de California, Davis, unos 18 estados de la Unión Americana promulgaron leyes que harán la vida más difícil a los indocumentados. Destacan la Taxpayer and Citizen Protection Act de Oklahoma (Ley de Protección del Contribuyente y Ciudadano), firmada en mayo pasado, que restringe el acceso a todas las formas de identificación oficial a los indocumentados, les prohíbe recibir asistencia pública, y considera multas rígidas para los empleadores. Medidas similares están pendientes en Nebraska e Idaho.

En Georgia, la SB 529 (Security/Immigration Compliance Act-Ley de Conformidad de Seguridad/Inmigración), en vigor desde el primero de julio, requiere a empresas con 500 o más empleados que hacen negocios con los gobiernos estatal y municipales, inscribirse al ICES’s Basic Pilot Program (Programa Piloto Básico del Immigration and Customs Enforcement-ICE, Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) para verificar la situación jurídica de sus trabajadores. Asimismo, quienes reciben beneficios gubernamentales deben firmar declaraciones juradas de que son ciudadanos estadounidenses o inmigrantes documentados.

Por su parte, la gobernadora de Arizona firmó la House Bill 2779 (Fair and Legal Employment Act- Ley de Empleo Justo y Legal), una de las disposiciones más duras en contra de los patrones, a quienes inicialmente se les podría suspender sus licencias de no verificar la situación jurídica de sus trabajadores; en caso de reincidencia se les revocarían permanentemente. Asimismo, el procurador estatal investigaría quejas por empleo de trabajadores indocumentados.

Esta ola de leyes estatales tiene sus réplicas locales. Más de 90 ciudades o condados han propuesto, aprobado o rechazado leyes que prohíben arrendar inmuebles a inmigrantes indocumentados, penalizan a negocios que los emplean y entrenan policías para cumplir las leyes de inmigración. El hecho paradójico es que algunas de estas ordenanzas son promovidas y apoyadas en localidades donde un alto porcentaje de la población es de origen latino o hispano.

Tal es el caso de la ciudad de Farmers Branch, en Texas, que aprobó una ordenanza que prohíbe arrendar a indocumentados, respaldada por 68 por ciento de sus ciudadanos, pero un juez retrasó su aplicación. Quienes la rechazan advirtieron del pago millonario por demandas judiciales. Es una ciudad donde el 40 por ciento de los residentes son hispanos.

Debido a excesivos gastos de defensa, Escondido, California, abandonó una ley similar, pero en Hazleton, Pensilvania, un tiroteo en el que participaron dos inmigrantes indocumentados de origen dominicano condujo a la aprobación de la Illegal Immigration Relief Act (Ley de Remedio de la Inmigración Ilegal), que penaliza a quienes arriendan viviendas y a empresas que contratan a indocumentados, aunque la ordenanza está pendiente de fallos en la Corte.

Con todo, el condado Prince William, en los suburbios de Washington, DC, aprobó una dura ley que exige a la policía verificar la situación jurídica de todas las personas arrestadas si considera que infringieron las leyes de inmigración, además de que las escuelas del condado y diversos organismos -bibliotecas, clínicas médicas, piscinas y campamentos de verano- deben verificar el estatus inmigratorio de quienes requieran de sus servicios.

Asimismo, dicha ley da poderes a los residentes legales para demandar a organismos del condado que no negaran sus servicios o denunciaran a los infractores. A contracorriente, Santa Ana, en el condado de Orange, California, consideraba convertirse en ciudad santuario para indocumentados, lo que implicaría no fomentar la cooperación entre la policía local y el ICE. Varias ciudades de California, incluyendo Maywood, Bell Gardens, Huntington Park, San Francisco, Coachella y El Centro se han declarado ciudades santuario.

Fragmentos: Que los priístas respaldan el dicho de Arturo Sarukhán, embajador calderonista de México en Estados Unidos contra la política inmigratoria de Fox, mensaje de su jefe en Los Pinos, pero nada dicen, unos y otro, sobre el desdén de Calderón, su inoperancia en el tema y que está a la espera de las migajas que Washington -Bush- le aviente. Cuidado. Que Salvador López Orduña va a «empatar» su campaña con el caos calderonista, lo que significa guerra de terror, miedo y descalificaciones. Ayer fue la campaña por la Presidencia, hoy hay que verse en el espejo de Tijuana, mañana veremos en Michoacán.