Opinión

MORELIA
Autonomía universitaria
No hay ninguna relación entre la autonomía universitaria y la patente de corso que pretenden para sí algunos grupos incrustados en la Universidad Michoacana
Alejandro Vázquez Cárdenas Miércoles 13 de Junio de 2007
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Prácticamente desde que se utilizó el término «autonomía» para describir un determinado modo de funcionar de las universidades públicas, ha existido con-
fusión en la interpretación del término. Confusión alimentada incluso por las mismas autoridades que hipotéticamente están para velar por el cumplimiento de la misma y que en teoría deberían saber de qué están hablando.
En nuestro medio el término «autonomía universitaria» es rápidamente desempacado y más velozmente empleado por determinados segmentos, sobre todo universitarios, cuando se presenta algún incidente que haya significado una transgresión a las leyes dentro del espacio físico de la Universidad. El incidente puede ser desde irrelevante hasta muy severo, eso no importa, tampoco importa si la violación a las leyes ha sido notoria y flagrante, si es o no un delito de los que se persiguen de oficio. Nada de eso interesa, lo que les importa es defenderse de la ley alegando la «autonomía universitaria» para no ser detenidos ni molestados.
Los servidores públicos supuestamente encargados de aplicar la ley, también utilizan la misma excusa para justificar su inacción. Y aquí estoy suponiendo que las autoridades, en su infinita ignorancia, piensen que la autonomía tiene que ver con algo así como la «extraterritorialidad» o que las universidades son semejantes a una embajada. El resultado final, que es lo que importa, es la impunidad.
¿De dónde viene el concepto de «autonomía»? Desde el punto de vista etimológico, se llama autónoma la sociedad o entidad que se rige por su propia ley, es decir, que no depende de una norma que no sea la suya. La autonomía sin embargo, no es soberanía. Los entes autónomos gozan de la facultad de decidir sobre sus asuntos, pero están sometidos a la soberanía estatal.
La autonomía es la facultad que poseen las universidades para autogobernarse, darse sus propias normas dentro del marco de su Ley Orgánica y designar a sus autoridades, para determinar sus planes y programas dentro de los principios de libertad de cátedra e investigación y, para administrar libremente su patrimonio.
Desde el punto de vista jurídico, autonomía universitaria significa la posibilidad que tiene una comunidad de darse sus propias normas, dentro de un ámbito limitado por una voluntad superior que para el caso sería la del Estado. Esta capacidad que permite a una comunidad ordenarse a sí misma implica la delegación de una facultad que anteriormente se encontraba centralizada en el Estado.
La autonomía universitaria tiene tres aspectos: el de su propio gobierno, el académico y el financiero. El primer punto permite que la Universidad legisle sobre sus propios asuntos, se organice como le parezca mejor, elija a sus autoridades y al rector, según los requisitos que ellos mismos señalan. La parte académica de la autonomía universitaria implica que la Universidad puede nombrar y remover su personal académico según los procedimientos convenidos, seleccionar a los alumnos según los exámenes que ella misma implanta, elaborar sus planes de estudio, expedir certificados, títulos, etcétera. También garantiza la libertad de cátedra que no se debe confundir con la autonomía misma. El aspecto financiero permite la libre disposición que de su patrimonio tiene la Universidad y la elaboración y el control de su propio presupuesto.
De manera formal, una universidad es autónoma en la medida en que es libre de tomar dentro de su propia organización y por medio de sus propios procedimientos las decisiones relacionadas con su legislación y administración.
Todo está reglamentado a partir del artículo tercero constitucional, en su inciso VII que a continuación transcribo: «Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere».
Como puede inferirse de lo anterior no hay ninguna relación entre la autonomía universitaria y la patente de corso que pretenden para sí algunos delincuentes incrustados en la decadente y disminuida Universidad Michoacana. Y finalmente también es evidente que a nuestras autoridades les hace falta bastante, pero bastante preparación.
Ningún cambio en este «gobierno diferente».