Opinión

MORELIA
Terrorismo de Estado, ¡sí!, migración, ¡no!
Mientras la reforma inmigratoria en Estados Unidos fracasa, el calderonismo se preocupa por institucionalizar su guerra interna, e ignora el problema migratorio
Carlos Enrique Tapia Miércoles 13 de Junio de 2007
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Durante su veraneo por Europa la semana pasada, Calderón lanzó repetidamente un mensaje mediático, bien difundido y aplaudido por los
medios electrónicos y la prensa escrita oficialista mexicana, en el que reprochó a Estados Unidos el nulo control del gobierno de ese país del consumo interno de estupefacientes, el cual alienta la producción en México y otros países.
Los merolicos mediáticos, afines al fraude electoral del 2006 y de su resultado, el calderonato, aplaudieron la supuesta «postura valiente», pero fue en realidad preludio y cortina de humo para lo que supimos después: Calderón y sus esbirros han estado negociando con el gobierno estadounidense la implementación de una réplica del Plan Colombia en nuestro país.
El embajador mexicano en Estados Unidos negó inicialmente el trascendido, pero la Cancillería mexicana confirmó las negociaciones como un tipo de «cooperación necesaria». Más allá del impacto mediático y la pretensión del calderonato por ser parte de la agenda antiterrorista del desquiciado presidente estadounidense, la medida podría tener consecuencias devastadoras para nuestro país.
A fines de los 90 del siglo pasado, los gobiernos estadounidense y colombiano acordaron el establecimiento del Plan Colombia, instrumento cuyas estrategias centrales implicaban la desarticulación de las redes de producción y comercialización de drogas y el debilitamiento de la presencia y acciones de los grupos guerrilleros financiados con actividades del narcotráfico.
El discurso gubernamental planteó defender la estabilidad de las instituciones democráticas colombianas, garantizar la inversión externa, construir una política de paz, negociar con la guerrilla, proteger los derechos humanos, fortalecer el Estado, poyar la recuperación económica, controlar la expansión de los cultivos ilícitos, y proteger el ambiente.
De 1999 a 2000, poco más de cinco mil millones de dólares se ejecutaron, de un total de más de siete mil propuestos. El gobierno colombiano aportó el 71 por ciento, mientras el 29 por ciento está catalogado como «cooperación» internacional no reembolsable. De este último porcentaje, el 88 por ciento fue aportado por Estados Unidos.
Organizaciones humanitarias y críticos informados, tanto colombianos como internacionales, sostienen que el Plan Colombia es en realidad el brazo militar del Acuerdo de Libre Comercio de América (ALCA), iniciativa impulsada por Estados Unidos para subordinar a nuestros países a la agenda de ese país. El Plan ha implicado la expansión del conflicto armado interno y una crisis humanitaria y de derechos humanos.
Respecto a su objetivo declarado, ha sido insuficiente, pues el narcotráfico mantiene su auge en Colombia. La erradicación de los sembradíos de coca ha implicado el traslado de las plantaciones de un departamento a otro, sin disminución real del área cultivada. La estrategia comprende las selvas del sur y este colombiano; pretende acabar con los cultivos ilegales y reactivar las zonas afectadas por el conflicto interno.
Sin embargo, la violencia ha crecido de manera alarmante; miles de campesinos están huyendo, cruzando la frontera hacia Venezuela, Ecuador, Panamá y Brasil. Los ataques de los paramilitares sobre los refugiados han ampliado el conflicto militar. Los familiares de los guerrilleros han tenido que huir. La frontera se ha convertido en zona de guerra, donde los refugiados viven en la miseria y son objetivo de los militares colombianos.
En los últimos diez años, los paramilitares, en contubernio con el Ejército gubernamental, han realizado muchas de las recientes masacres. Las víctimas pasaron de 30 en 1997 a más de 500 en 2000, incluyendo 75 ejecuciones ocurridas cuando fue disuelta la cláusula de derechos humanos del Plan Colombia. Después del alto al fuego, en diciembre de 2002, más de dos mil 300 civiles fueron asesinados o desaparecidos. Entre 1996 y 2002, las detenciones arbitrarias por parte de estos grupos y la policía sumaron dos mil 869, mientras que entre agosto de 2002 y agosto de 2004 la cifra creció a seis mil 332.
Sin duda, las transnacionales estadounidenses, como en la invasión a Iraq, productoras de armas y químicos, son beneficiarias de parte de la asistencia financiera: United Technologies, Sikorsky y Textron, productores de los helicópteros Hueys y Blackhawk; Northrop, proveedor de aviones de espionaje, y Rockwell y Lockheed Martin, con la venta de sistemas de vigilancia y radar. También, las agencias de mercenarios, como Military Professional Resources, Inc, que en 2001 recibió más de 4.3 millones de dólares, y DynCorp, que envió numerosos mercenarios (ex militares y «contratistas privados»).
En cuanto a las estrategias para combatir los cultivos, el impacto ambiental y en la salud de niños y adultos habla de una crisis de consecuencias dramáticas. Defensores de derechos humanos han estado reportando el incremento de enfermedades respiratorias y varios tipos de cáncer y deformidades genéticas entre niños de familias sin antecedentes similares.
Aunque el oficialismo ha criticado este planteamiento, pues no se ha establecido una relación causa-efecto entre las fumigaciones con químicos incluso prohibidos en Estados Unidos y otras naciones, no parece aventurada la sugerencia de numerosos organismos humanitarios y de derechos humanos. Las zonas profusamente bombardeadas se han convertido en áreas de devastación y exterminio de la biodiversidad.
Fragmentos: Mientras la reforma inmigratoria en Estados Unidos fracasa, el calderonismo se preocupa por institucionalizar su guerra interna, e ignora el problema migratorio. Los perredistas michoacanos se afanan por la derrota. Qué pena por los «izquierdistas» que por proteger sus intereses y privilegios adquiridos en este sexenio que fenece, hacen lodazales para seguir en el poder. La ciudadanía se los cobrará.