Opinión

MORELIA
Al filo de la navaja
México parece estar suspendido en medio de un conjunto de conflictos que envuelven al Estado y limitan drásticamente, hasta ahora, su capacidad de acción
Eduardo Nava Hernández Jueves 26 de Abril de 2007
A- A A+

La crisis política de 2006 no quedó cerrada con la asunción del poder por Felipe Calderón en diciembre de ese año sino que se extiende hasta el presente
bajo otras formas, menos eruptivas pero igualmente presentes en la realidad mexicana. Agazapada en la trama del tejido social, permanece como una crisis de legitimidad que ha convertido al gobierno calderonista en un rehén de sus temores y de sus limitaciones.
El contexto internacional aparecía desde el proceso electoral muy desfavorable para la derecha mexicana. El pronunciado declive del gobierno Bush a causa de su fracaso en la guerra de Iraq y en el combate al terrorismo, del estancamiento económico estadounidense y de otras razones, y el avance de las izquierdas, con sus diversos matices, en América Latina -que se ha visto ratificado con los recientes triunfos del FSLN en Nicaragua y de Rafael Correa en Ecuador-, dejan políticamente aislados a los pocos gobiernos de clara definición derechista en la región: el de Felipe Calderón en México y el de Álvaro Uribe en Colombia, destacadamente. La inasistencia del presidente nicaragüense Daniel Ortega a la reciente reunión del Plan Puebla-Panamá celebrada en Campeche mostró la fractura de la política mexicana en Centroamérica, relanzada equivocadamente con un programa que ya en el sexenio pasado fracasó.
El legado del gobierno foxista en materia internacional es el incondicional alineamiento con los Estados Unidos, el aislamiento de México con respecto de América Latina y la escasa integración económica con la Unión Europea. Algunos capítulos de la política exterior, como Cuba y Venezuela, seguirán siendo focos rojos mientras el gobierno de Calderón no tome iniciativas trascendentes para mejorar el ámbito externo; más por razones ideológicas y de estrategia política, esas coordenadas no parece que vayan a ser modificadas en el corto plazo.
El fraude electoral de 2006 dejó en entredicho, entre amplios sectores de la población -y en algunos ámbitos del plano internacional- la legitimidad de Felipe Calderón. Con el fin de impedir que Andrés Manuel López Obrador y la coalición «Por el bien de todos», que sostuvo su candidatura, salieran adelante en el proceso electoral, y para sostenerse en el poder, Vicente Fox, Calderón y el PAN tuvieron que echar mano de un espectro muy amplio de alianzas, que incorporó a la oligarquía financiera, sectores claves del corporativismo sindical (representado por Elba Esther Gordillo y Víctor Flores, a quien Fox apoyó para ocupar la presidencia del Congreso del Trabajo), la Iglesia Católica, El Yunque, los monopolios de la comunicación y hasta gobernadores priístas antimadracistas.
Sin embargo, la coalición política que llevó a Calderón a la Presidencia hoy se encuentra sometida a fuertes tensiones y, en diversos aspectos, en franco deterioro. Vicente Fox ha hecho manifiesta su participación en la urdimbre de esa alianza, con la evidente intención de presionar por sus intereses y obtener del nuevo gobierno garantías de impunidad ante los expedientes abiertos de El Tamarindillo, Vamos México, los negocios de los hijos de Marta Sahagún y los grandes fraudes fiscales -que ahora se han empezado a conocer por las pesquisas de la Auditoría Superior de la Federación- para beneficiar a un puñado de empresas y a los grandes consorcios financieros. Todo ello configura al de Fox como un auténtico gobierno granuja que requiere de su sucesor encubrimiento y complicidades que habrán de poner a prueba a la administración felipista.
Lo mismo ocurre con el caso del Sindicato Minero, donde Fox buscó aprovechar la tragedia de Pasta de Conchos para deshacerse de un dirigente sindical incómodo no por su corrupción sino por su insumisión ante el gobierno foxista. El expediente involucra a la poderosa empresa Minera México, a los secretarios del Trabajo y de Gobernación en el gabinete foxista y al propio presidente de la República como artífices del complot. Ahora, el retorno de Napoleón de su exilio dorado (no en la isla de Elba sino en Canadá) para retomar la conducción sindical que le fue arrebatada, plantea al gobierno calderonista una nueva prueba. El laudo judicial que impone a Calderón y su administración la reposición del líder minero representa para éste una oportunidad más para deslindarse del pasado reciente y guardar una necesaria distancia frente a los poderes corporativos como los que Gómez Urrutia representa, respetando su autonomía. Pero implica también el riesgo de profundizar las contradicciones con el propio Fox, Carlos Abascal y el ex titular de Trabajo, Francisco Javier Salazar, ahora posicionados en la dirigencia nacional del PAN encabezada por Manuel Espino. Cualquier acción justiciera por parte de la administración calderonista puede conducir a un enfrentamiento con los intereses de la actual dirección de su partido, controlada por el poderoso Yunque y el foxismo.
La alianza calderonista está sufriendo una derrota más en el debate y la iniciativa para la despenalización del aborto en el Distrito Federal, donde los sectores progresistas han tomado la iniciativa y han logrado avanzar en la opinión pública pese a la violenta reacción -que no excluye el paradójico recurso a las amenazas de muerte por grupos fanáticos contra legisladores y comunicadores, en defensa de la vida. La Iglesia Católica y los sectores sociales afines han empezado a ver que no bastaba con ganar la Presidencia de la República para frenar el avance social, y han empezado a reclamar a Calderón una acción más decidida para frenar la iniciativa que conjuntamente han avanzado en la capital del país los grupos legislativos del PRI, el PRD y otros partidos, y que en el mediano plazo tendrá réplicas en otras entidades del país.
La apuesta principal de Felipe Calderón para la legitimación de su gobierno ha sido, empero, la alianza con el Ejército y la cruzada contra el crimen organizado, la inseguridad y la violencia. Los decepcionantes resultados, a varios meses de iniciada la batida distan de haber fortalecido ante la opinión pública la posición de Calderón. Lejos disminuir, la oleada delictiva y los crímenes asociados con la delincuencia organizada continúan en ascenso y se extienden por las más diversas regiones del país: Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Nuevo León, Tabasco... El fracaso en este aspecto está comenzando a tener un alto costo político para FCH. Los tiempos para mostrar resultados en una empresa en la que el gobernante ha puesto en juego mucho de su capital político, en estrecha vinculación con las Fuerzas Armadas, se agotan. El asesinato, entre muchos otros, de un periodista de la poderosa Televisa en Acapulco ha venido a poner de manifiesto la subsistencia de la vulnerabilidad, aun de los grupos más próximos al poder, ante el crimen organizado.
Pero a este desgaste en el que Calderón ha involucrado al Ejército y la Armada, se viene a sumar la crisis de credibilidad en el caso de la violación y asesinato por soldados de la anciana indígena veracruzana Ernestina Ascencio. Más que el hecho mismo -de por sí repugnante y escandaloso- de que la tropa apostada en la región de Zongolica cometiera graves abusos contra una campesina de más de 70 años, el encubrimiento oficial arrastra al conjunto de la institución castrense, a la Presidencia de la República misma y, ahora, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que han perdido consistencia ante la opinión pública. El caso ha trascendido a los medios y a los organismos internacionales, y no es de descartarse una intervención más directa de estos últimos para esclarecer de la muerte de la mujer, que, oficialmente, según el gobierno federal, se debió a males crónicos gástricos, y no a un crimen del que afloran múltiples evidencias. Como en otros gobiernos anteriores, la sobreexposición del Ejército en actividades que desbordan sus funciones naturales, comienza a conducir al desgaste de una institución esencial en el entramado del poder político. Un gobierno que, como el de Calderón, se sustenta en la legitimidad que le pueda otorgar su cercanía con las Fuerzas Armadas se mueve, en realidad, en el filo de la navaja.
Lo que hasta ahora ha ayudado a la consolidación del gobierno calderonista ha sido la debilidad y desarticulación de las fuerzas que lo impugnan. El movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador, si bien está lejos de haber desaparecido, ha perdido la fuerza para replicar con eficacia a las inconsistencias del gobierno Calderón. La respuesta sindical y social ante la contrarreforma de la Ley del ISSSTE no ha logrado ser suficiente para frenar la privatización y virtual liquidación de la institución como organismo público. En Oaxaca, la movilización social ha pasado a la defensiva después de la represión de octubre y noviembre del año anterior y la persecución desatada por el gobernador Ulises Ruiz contra sus opositores de la Asamblea Popular; pero la fuerza empleada no es en ningún sentido una base sólida para asentar a un gobernante local de muy dudosa legitimidad popular.
México parece, así, estar suspendido en medio de un conjunto de conflictos que envuelven al Estado y limitan drásticamente, hasta ahora, su capacidad de acción. Para avanzar en un medio político que les es adverso, las fuerzas populares requieren reorganizarse y encontrar ejes para la convergencia y unificación, condición única para impedir la consolidación del régimen plutocrático. Éste, a su vez, ha empezado a mostrar sus debilidades y limitaciones. No está dicha la última palabra.