Opinión

MORELIA
Migración México-Estados Unidos
Leyes estadounidenses de 1986 y 1996 y actualidad
Carlos Enrique Tapia Miércoles 25 de Abril de 2007
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En Estados Unidos, el debate sobre la inmigración indocumentada continúa, alentado en parte por la presión política sobre Bush, cuya propuesta pre-
tende atraer a los hispanos; las nuevas detenciones de indocumentados, exhibiendo ante los conservadores el endurecimiento de la política interna; la organización y abierto activismo de los inmigrantes por una reforma migratoria amplia, y el creciente movimiento antiinmigrante en estados y localidades estadounidenses, blandiendo propuestas para legalizar su postura.
Dado ese contexto, retomo algunos aspectos expuestos por especialistas pro y antiinmigrantes en sendas audiencias ante el Subcomité de Inmigración, Ciudadanía, Refugiados, Seguridad Fronteriza y Ley Internacional del Comité Judicial de la Cámara de Representantes de ese país. La primera, el 19 de abril, abordó las «Carencias de la legislación de la reforma inmigratoria de 1986», y la segunda, el 20 de abril, las «Carencias de la legislación de la reforma inmigratoria de 1996».
Dos de las más importantes leyes inmigratorias del último tercio del siglo XX en Estados Unidos fueron cuestionadas: La Immigration Reform and Control Act (IRCA, Ley de Control y Reforma Inmigratoria, 1986), y la Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act (IIRIRA, Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y la Responsabilidad del Migrante, 1996). La primera fue decisiva en las actuales tendencias de la migración México-Estados Unidos; la segunda buscó controlarlas sin éxito.
Según Muzaffar A. Chishti, director del Migration Policy Institute de la New York University School of Law, la ley de 1986 fue producto de varios compromisos políticos que diluyeron su efectividad, destacando varias desventajas en su diseño y aplicación: pretender, sin éxito, detener la inmigración indocumentada incrementando la seguridad fronteriza; imponer sanciones, sin lograrlo, a patrones por contratar trabajadores no autorizados, y la legalización de indocumentados residentes en el país hacia algunos años. Problemas que contribuyeron al dilema actual de la política migratoria.
Observa dos fallas graves: no prever las necesidades económicas futuras y del mercado laboral, y no sancionar a los patrones. Pensando en la legalización, afirma que debe ser inclusiva, simple, y beneficiar a familiares de los solicitantes; las normas deben ser claras, inclusivas y no ambiguas; las organizaciones de inmigrantes deben participar; una entidad ad hoc debe intervenir; son necesarios fondos, y los estados y localidades deben ser compensados por los costos de la integración de la población legalizada.
Adicionalmente, Stephen H. Legomsky, profesor de la Washington University School of Law, destaca la enorme falla en la actualización de los criterios para la inmigración legal. Stephen Pitti, profesor de Yale University, New Haven, afirma que la ley de 1986 hizo poco para detener la migración indocumentada, pero hizo más difícil y peligroso el cruce de los migrantes, observándose en los 80 y 90 nuevas violaciones a los derechos humanos en la frontera e incremento de las muertes de inmigrantes al cambiar los patrones migratorios como resultado del mayor control fronterizo.
Sin embargo, para Rosemary Jenks, directora de relaciones con el gobierno de NumbersUSA Action, organización antiinmigrante, la IRCA falló en resolver el problema de la inmigración indocumentada en 1986, al fracasar la aplicación de la ley, aumentar la carga administrativa causada por la amnistía, y sobre todo porque fue una Ley de Amnistía, por lo que nunca se resolverá el problema premiando a los inmigrantes indocumentados.
En el caso de la ley de 1996, Mark Krikorian, director ejecutivo del antiinmigrante Center for Immigration Studies, afirma que ésta tuvo defectos intrínsecos y en su ejecución. Así, debió reducirse la migración legal, pues en la práctica atrae a la ilegal, además de que es un mito su impacto en lo que los académicos llaman migración circular, al ver el reforzamiento del control fronterizo como causa de la migración indocumentada que rompió dicho ciclo. Observa la falla decisiva del control interno o local, por lo que la única alternativa es un estricto sistema inmigratorio controlado en la frontera y al interior.
Para Douglas S. Massey, profesor de Princeton University, desde 1986 Estados Unidos ha desarrollado una relación contradictoria con México, siendo su socio comercial. Mientras las mercancías, el capital, la información, los recursos y servicios, atraviesan libremente la frontera, se bloquea la movilidad laboral. Política que ha fallado, produciendo más malos resultados que si se hubiesen dejado las políticas y fronteras sin cambios. La ley de 1996 suministró más fondos para aumentar oficiales de la Patrulla Fronteriza e incrementar el número de horas de patrullaje, militarizando la frontera. Contrario a la integración promovida por el TLCAN con consecuencias negativas.
Hiroshi Motomura, profesor de la University of North Carolina School of Law, Chapel Hill, afirma que el enfoque de control de la ley implicó problemas importantes, además de su impacto negativo entre los ciudadanos estadounidenses. Sus impulsores pretendieron detener la inmigración indocumentada con sólo hacer valer la ley, introduciendo la detención inmediata, restricciones ante las cortes, y nuevas formas de inadmisibilidad y deportación, y endureciendo aún lo existente. Pero surgieron nuevos problemas, al creer que la aplicación de la ley trata solamente sobre control. Un sistema inmigratorio que respete la ley debe incluir control, ciertos estándares legales y toma de decisiones experta.
Finalmente, Paul W. Virtue, abogado de la firma legal privada Hogan & Hartson, ex comisionado ejecutivo asociado y consejero general del desaparecido US Immigration and Naturalization Service (INS), afirma que la ley de 1996 pretendió controlar la inmigración ilegal de varias maneras, reduciendo la discrecionalidad de las autoridades en la administración de la norma migratoria. Ante la problemática actual, plantea si la restauración de cierta discrecionalidad haría más eficiente el uso de recursos y la habilidad del Departamento de Seguridad Interna, focalizando su limitado control para identificar, detener y remover a quienes amenazan la seguridad nacional y de las comunidades. Es necesaria una reforma comprensiva que balancee las necesidades de seguridad y de un sistema inmigratorio legal que funcione.