Opinión

En busca de la seguridad
Eduardo Nava Hernández Jueves 22 de Marzo de 2007
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Si algo ha preocupado hasta hoy -y aparentemente ocupado- al gobierno de Felipe Calderón, es el tema de la seguridad. Sin duda uno de los gran-

des problemas nacionales para la mayoría de la población que constantemente ve amenazado su patrimonio, su integridad física y aun la vida, fue presentado, ante la incapacidad del anterior gobierno federal y de los gobiernos de distintas entidades para frenar la oleada delincuencial, como uno de los principales temas de las campañas electorales del año pasado.

Pero la cuestión tiene, en realidad, diversas aristas. Una de ellas es, sin duda, la de la delincuencia común u organizada que asecha a todos los sectores de la sociedad. Otra faceta es la seguridad del Estado y sus instituciones, amenazada por el progreso de las bandas organizadas que ya rebasan en diversas regiones a los cuerpos del orden e imponen su ley no sólo por medio del terror sino también del consentimiento de una parte de la población y, sobre todo, a partir de la corrupción que penetra a las propias organizaciones el poder público.

Pero la proximidad del gobierno en el presente sexenio con las Fuerzas Armadas y policiacas parece darse -como no ocurría por lo menos desde el de Gustavo Díaz Ordaz- no sólo por motivos de seguridad pública sino en función del sostén del gobierno, y particularmente del presidente de la República. De ahí que ya ha habido oportunidad de apreciar no sólo la permanente cercanía del gobernante con las Fuerzas Armadas sino también la brutalidad del Estado Mayor Presidencial y de otros cuerpos a cargo contra manifestantes y periodistas. Tal parece que una de las improntas del gobierno calderonista, deficitario en legitimidad popular, será precisamente la del abuso de autoridad y el encapsulamiento del gobernante ante casi cualquier atisbo de protesta ciudadana o aun de ejercicio libre de la labor informativa.

Al cumplir sus emblemáticos primeros cien días en el poder, Felipe Calderón ha insistido en el tema de la seguridad que casi obsesivamente lo persigue en sus actos de gobierno y ha hecho un balance de las acciones adoptadas en el combate al crimen organizado. En las vísperas, el 9 de marzo, envió Calderón al Congreso una serie de iniciativas de reformas a la Constitución, a la Ley contra la Delincuencia Organizada y a otras disposiciones legales para elevar la eficacia del Ministerio Público en el combate a la delincuencia, y al Código Penal para incrementar las penas por diversos delitos. La iniciativa resalta porque implicaría modificar el artículo 16 constitucional para permitir que, sin orden judicial, la Procuraduría General de la República pueda realizar intervenciones telefónicas, cateos y detenciones, así como aplicar la «extinción de dominio» que permitiría que los bienes de las bandas organizadas pasen a poder del Estado, acciones en las que el juez sólo tendría el papel de revisar la legalidad de los hechos, una vez consumados. Asimismo, el gobierno ha propuesto que se adopten los juicios sumarios y aplicar penas hasta hoy inexistentes, como la de cadena perpetua, a los delincuentes más peligrosos condenados por secuestro, mutilación y asesinato.

Tales reformas implicarían modificaciones sustanciales al concepto constitucional de la justicia y a las garantías individuales. Se trata de colocar, de hecho, al Poder Ejecutivo -del que depende la Procuraduría General de la República- por encima y con casi total autonomía del Poder Judicial en la persecución de los delitos. Pero no sólo eso, sino que la amenaza lo es directamente contra los derechos humanos hoy consagrados y con grave riesgo de abusos y por supuesto de una utilización política de las nuevas facultades del Ministerio Público.

La propuesta de instaurar la cadena perpetua resulta también extraordinariamente polémica. Ese tipo de condena implicaría contravenir el sentido expresado en el artículo 22 constitucional: «Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales», así como la jurisprudencia existente en el sistema penitenciario mexicano, que establece que éste tiene como objetivo fundamental la readaptación del delincuente o infractor y su final reincorporación a la sociedad.

La fecha en que se dio a conocer la iniciativa de reformas (casi al cumplirse el cabalístico día cien en que, según promesas de campaña, Calderón habría tomado cien acciones de gobierno) y la reiteración de lo que ha sido sin duda el principal tema del gobierno calderonista vuelven a colocar a los problemas de la seguridad y la justicia en el centro de la política gubernamental. Sin embargo, el resultado general, pese a la espectacularidad de los operativos en Michoacán, Tijuana, Guerrero y otros puntos del país, es, más que decepcionante, un verdadero fracaso. La violencia criminal continúa su marcha sin freno hasta el punto de que en todo el país se contabilizan al menos 291 ejecuciones en este periodo de gobierno, y de ellas 40 en Michoacán, la primera entidad donde se aplicaron los operativos especiales conjuntos para pretendidamente abatir la acción de las bandas delictivas. En general, las zonas donde se aplican los operativos no parecen ser más seguras para sus habitantes una vez que se retiran los efectivos del Ejército y las fuerzas federales.

Tampoco parece, por otra parte, que en el balance calderonista del tema de la seguridad se hayan incluido aspectos en los que el Estado ha mostrado su enorme debilidad frente a las amenazas a la seguridad nacional, como las que se dieron recientemente, cuando militares y trabajadores al servicio del gobierno de los Estados Unidos penetraron el territorio nacional para construir el muro fronterizo con el que George W. Bush decidió criminalizar a los migrantes mexicanos y centroamericanos. La débil respuesta de la cancillería mexicana y de la Presidencia misma -que debió traducirse de inmediato en una movilización de tropas hacia la zona para preservar el territorio nacional- no pasó de las consabidas notas diplomáticas, cuando de lo que se trataba era de evidenciar que si la elevación de esa muralla es ya un agravio a nuestro país, lo es más el que invadan el territorio mexicano para construirla, constituyéndose así en una auténtica amenaza a la seguridad territorial del país.

El balance de los cien días en materia de seguridad mostraría también que las preocupaciones del poder público no han sido estrictamente las de contener a la delincuencia común u organizada sino la de perseguir a opositores políticos. Como herencia del gobierno foxista, las cárceles de alta seguridad siguen sirviendo como antaño para el confinamiento de los adversarios políticos, como los hermanos Sosa y otros dirigentes de la APPO, o los comuneros de San Salvador Atenco. El espectro de la represión, como un abuso de la fuerza del Estado contra la sociedad, orbita sobre el hipertrofiado papel que se está asignando a las fuerzas de seguridad y en especial al Ejército.

Sin embargo, la modernización tecnológica de las Fuerzas Armadas y aun la modificación de las leyes, se ha demostrado sobradamente, no constituyen la garantía de que el poder público esté ofreciendo realmente mayor seguridad a la población. Si persiste contra viento y marea el hecho conocido de que en México más del 90 por ciento de los delitos queda impune, no es estrictamente por deficiencia de las leyes ni porque las penas que éstas establecen sean leves, sino por la incapacidad de los organismos policiacos y por la corrupción incrustada en el aparato judicial. La eficacia en el combate a la delincuencia depende de la erradicación de la inmoralidad en todos los niveles de las instituciones encargadas de la persecución del delito, la procuración y la administración de la justicia. Si la reforma al sistema de seguridad se limita a la ampliación de las atribuciones jurídicas del aparato represivo estatal y a la extensión de las penas, se ratificará simplemente lo que las experiencias al respecto han mostrado: que es más fácil cambiar las leyes que atrapar a los criminales.