Opinión

Justicia en México
Alejandro Vázquez Cárdenas Miércoles 21 de Marzo de 2007
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Es probable, sólo probable, que México dé la impresión de ser un país de leyes, un país civilizado; lamentablemente es sólo eso, una impresión superficial, pues si exploramos un poco podemos ver el enorme núcleo de corrupción que aflora por donde se investigue.

Veamos el caso de la justicia en México, asignatura pendiente desde las épocas del virreinato, y tengo mis serias dudas si en la Colonia estuvimos mejor que ahora. Resulta, y es de todos sabido, que el índice de impunidad en México alcanza un impresionante 98 por ciento. Eso quiere decir que de 100 delitos reportados, sólo dos, sí, sólo la minúscula cantidad de dos por ciento recibe una sentencia por un juez. Y estamos hablando de delitos reportados ante agencias del Ministerio Público, no tomamos en cuenta la enorme cantidad de delitos que no se reportan por la sencilla razón de la gran desconfianza que se tiene en el sistema de impartición de justicia.

¿Por qué tan horripilante cifra de ineficiencia? Muchas razones, algunas muy elementales y otras más difíciles de percibir. Resulta que del total de las personas que se encuentran en la cárcel purgando una condena, en 90 por ciento fueron detenidos en flagrancia, es decir, «con las manos en la masa». ¿Qué traduce esto?, simplemente que en México no se tiene capacidad de investigar. Si los «cuicos» no detienen a alguien al momento del delito, la posibilidad de que sea encontrado el delincuente es definitivamente escasa. Sencillamente en México no existe ni posibilidad ni capacidad para llevar a cabo procesos de investigación de acuerdo con la moderna metodología policial. Olvidémonos del ADN, bases de datos, laboratorio forense, obtención cuidadosa de rastros y huellas, seguimiento puntual, científico y con metodología de varias pistas, etcétera. El proceso de investigación criminal en México difícilmente rebasa las épocas de Chucho el roto. Aquí los juicios se apoyan básicamente en delaciones, «confesiones» imposibles de verificar y muy lamentablemente en testigos comprados.

Los recientes y publicitados casos como el de Luis Alfonso Belmar, asesinado en un incidente de tránsito por los guaruras de un conductor de un BMW blanco, el dramático caso del secuestrado y probablemente ya asesinado Hugo A. Wallace, muestran el catálogo de ineficiencias e insuficiencias que tiene el aparato de justicia en México, al grado de que en el caso de Hugo Alberto Wallace prácticamente toda la investigación ha corrido por cuenta de la madre, doña Isabel Miranda de W. El escandaloso caso reportado por Pablo Hiriart en su columna del 28 de febrero sobre el proceso seguido al fotógrafo Sergio Dorantes por parte de la policía del Distrito Federal muestra la manera de «investigar» que tiene la policía mexicana. Por lo representativo que resultan los datos transcribo una parte: «De acuerdo con la defensa de Dorantes, el testigo Luis Eduardo Sánchez Martínez había sido sobornado para acusar al fotógrafo... Ayer por la mañana se confirmó este hecho, que es el que seguramente tiene más tranquilo a Dorantes en su celda de San Francisco, pero que a todos nos debería llenar de asombro. Y de miedo. Carlos Loret de Mola presentó en su programa de Televisa un video en el cual el testigo Sánchez Martínez reconocía haber recibido dinero para dar esa versión que nunca vio en los hechos. -¿Quién le dio el dinero para mentir e incriminar a Dorantes? La fiscal de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, Rocío García. -¿De qué monto fue el soborno para que el testigo inventara la historia que contó? De mil pesos. -¿Por qué la fiscal Rocío García compró un testigo y fabricó un culpable? Porque ya quería cerrar el caso. -¿Y qué hace ahora la fiscal que pagó al testigo para armar esta farsa? Es coordinadora de Asesores de la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas de la PGJDF».

Por si faltaba algo para empeorar el panorama tenemos el reporte de Amnistía Internacional correspondiente a este año de 2007 que cabecea: «México, leyes sin justicia, violaciones de derechos humanos e impunidad en el sistema de justicia penal y de seguridad pública». Este informe examina con detalle algunos de los graves defectos del sistema de justicia penal y de seguridad pública, que a menudo dan lugar a abusos, así como la aplicación arbitraria e injusta de la ley. Formula recomendaciones al gobierno en cinco áreas clave: normas internacionales de derechos humanos; seguridad pública y sistema de justicia penal; rendición de cuentas; defensores y defensoras de los derechos humanos; y derechos de las víctimas.

Las autoridades civiles de este país nos invitan en todos los tonos a que nos presentemos ante ellas si hemos sufrido un delito, si fuimos atracados, extorsionados, amenazados, secuestrados, o violados, pero a nosotros, simples ciudadanos de a pie, después de padecer un delito francamente no nos quedan ganas de caer en ese infierno de burocracia, prepotencia e ineficiencia que es una agencia del Ministerio Público. Cualquiera que haya tenido la desdicha de acudir a alguna de esas dantescas oficinas lo puede afirmar.

Soluciones a este terrible problema. Ya se ha dicho: Profesionalización de la policía y agentes investigadores, modificación radical del monopolio que ejercen los muy limitados y rebasados agentes del Ministerio Público, eliminar y boletinar a los malos elementos de la policía dados de baja y algo que puede ser básico, juicios orales para quitar cualquier tentación monetaria al juez.

Add. Leo este martes a un columnista estatal: «Reemplacamiento sólidamente justificado». Mi reacción inmediata es soltar una carcajada, la segunda es sentir pena.