Opinión

MORELIA
A cien años de Río Blanco
Derechos laborales que se creían consagrados después de la sangre derramada han sido revertidos por la política conjunta del capital y los gobiernos conservadores de hoy
Eduardo Nava Hernández Martes 9 de Enero de 2007
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Segunda y última parte

Pero el artículo que más indignó a los trabajadores fue aquel en el que el laudo establecía el sistema de dar a cada operario una cartilla que debería presentar diariamente al ingresar a la fábrica y en la que los supervisores y capataces llevarían un registro de su buena conducta o anotarían las sanciones a las que se había hecho acreedor. Finalmente, el laudo de don Porfirio disponía que todos los trabajadores regresaran el 7 de enero a laborar en las fábricas, «sujetos a los reglamentos vigentes al tiempo de clausurarse o que sus propietarios hayan dictado posteriormente».

Cuando el reinstalado dirigente José Morales leyó el laudo presidencial ante los trabajadores de Río Blanco, que estallaron en ira al conocer su contenido. La asamblea, efectuada en el Teatro Gorostiza de Orizaba, se salió de control y Morales tuvo que huir. Los inconformes, encabezados por Rafael Moreno y Manuel Juárez, dirigentes del Gran Círculo en Santa Rosa, decidieron organizarse para no permitir el regreso al trabajo e impedir el acceso a los esquiroles. En la mañana del lunes 7 de enero los obreros se apostaron frente a la fábrica de Río Blanco, propiedad del francés Víctor Garcin, para impedir el acceso y lanzaron piedras contra el edificio. En la tienda de raya se suscitó un incidente cuando el encargado se negó a adelantar maíz y frijol a las mujeres que lo demandaban para sostener a sus familias hasta que volvieran a cobrar su salario. Según algunas versiones, el administrador se burló de ellas y sacó un arma, disparando contra un obrero. Ese incidente parece haber desatado el motín contra la fábrica. Los rurales que fueron enviados a sofocarlo fueron recibidos a pedradas, pero lograron contener a la multitud para que la fábrica no fuera incendiada, pero se negaron a disparar contra los enardecidos trabajadores y sus familias. Algunos grupos de éstos liberaron a los presos y cortaron los cables de energía eléctrica. Luego se dirigieron al poblado de Nogales para buscar el apoyo de más obreros y en el camino saquearon las casas de empeño para hacerse de armas. Con éstas enfrentaron a los soldados y tomaron las estaciones ferroviarias entre Orizaba y Maltrata. Las tiendas de raya de Nogales y Santa Rosa también fueron saqueadas e incendiadas. Cuando la multitud regresaba a Nogales, llegó una partida de soldados federales que disparó indiscriminadamente matando a 17 hombres, mujeres y niños y dejando heridos a otros 80 en la primera refriega.

El subsecretario de Guerra de Porfirio Díaz, Rosalío Martínez, había sido enviado personalmente a encabezar la represión. No tuvo misericordia. Después de que la muchedumbre se dispersó, ordenó perseguir a los trabajadores en sus casas, en el campo o donde se ocultaran. Rafael Moreno y Manuel Juárez fueron fusilados frente a la fábrica, lo mismo que once rurales que se habían negado a disparar contra los amotinados. El 9 de enero, al reanudarse las labores en la fábrica, sólo cinco mil 512 trabajadores de los siete mil 83 que ahí laboraban regresaron al trabajo. Muchos habían sido muertos, aprehendidos o habían tenido que huir ante la ferocidad de la represión. «No hay cifras oficiales de los muertos en la matanza de Río Blanco», escribió el periodista estadounidense John Kenneth Turner, quien recopiló diversos testimonios de participantes directos; «si las hubiera serían falsas. Se cree que murieron entre 200 y 800 personas». Uno de los testigos, que había acompañado a los rurales, afirmó que en la primera noche vio dos plataformas de ferrocarril repletas de cadáveres apilados, que luego fueron llevadas a Veracruz para ahí arrojar los restos al mar.

Después de la huelga y el motín, José Neira y Justino Fernández fueron encarcelados durante largo tiempo; el segundo fue mantenido en la cárcel hasta que perdió la razón. Otros líderes y participantes fueron deportados al inhóspito territorio de Quintana Roo a realizar trabajos forzados. Juan Olivares logró escapar hacia los Estados Unidos. Paulino Martínez, un periodista que publicó en la Ciudad de México un comentario a favor de los huelguistas y que no tuvo nada que ver con los acontecimientos, fue detenido en la capital y llevado a Río Blanco y se le mantuvo encarcelado durante muchos meses sin hacerle ningún cargo ni someterlo a juicio. El diario oficial porfirista, El Imparcial, comentó los acontecimientos en un editorial al que tituló «Así se gobierna».

Los acontecimientos de hace un siglo en Río Blanco, como los de seis meses antes en Cananea, Sonora, parecieron no tener consecuencias inmediatas, más allá de la clausura de la tienda de raya. Si bien había activistas del PLM en Río Blanco, ni la huelga ni el motín fueron parte del proyecto magonista de lucha contra el gobierno de Díaz, sino producto de la legítima indignación de la masa de trabajadores. Más de tres años después, al estallar la violencia revolucionaria contra el régimen porfirista, y contraviniendo lo que pensaban los liberales magonistas, el proletariado fabril no fue un protagonista central; su lugar en el movimiento fue ocupado por el campesinado pobre y los intelectuales. Sin embargo, al triunfo de la Revolución, la situación social de los trabajadores fabriles fue también reconocida. Uno de los testigos próximos de los hechos de Río Blanco, Heriberto Jara, regresaría a la región para participar activamente en la Revolución; y más adelante sería uno de los diputados del Congreso Constituyente que impulsarían la inclusión del artículo 123 estableciendo las garantías sociales a la clase trabajadora. Otros, como José Neira, Juan Olivares y Antonio Hidalgo serían participantes desde diferentes trincheras en la lucha antioligárquica de 1910. Este último llegaría a ser gobernador maderista de Tlaxcala después de una militancia radical entre los pueblos del sur de ese estado.

Un siglo después, la insurgencia obrera no carece de motivos para subsistir. Aunque los métodos de explotación se han modificado, para diversos sectores de obreros los niveles del salario se aproximan a los que privaban en la etapa final de la dictadura porfirista. Los gobiernos amenazan la independencia sindical y reprimen a los trabajadores por movilizarse en defensa de su organización autónoma. Derechos laborales que se creían consagrados después de la sangre derramada han sido revertidos por la política conjunta del capital y los gobiernos conservadores de hoy, o se encuentran bajo amenaza.

A los trabajadores mexicanos y del resto del mundo les corresponde conocer la historia de sus luchas y recordar a quienes cayeron por mejorar la situación de su clase. A los gobernantes les correspondería aprender de la historia, que casi siempre desconocen y a la que con frecuencia menosprecian.