Opinión

MORELIA
A cien años de Río Blanco
Derechos laborales que se creían consagrados después de la sangre derramada han sido revertidos por la política conjunta del capital y los gobiernos conservadores de hoy
Eduardo Nava Hernández Lunes 8 de Enero de 2007
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Primera de dos partes


En 1906 la industria textil mexicana se encontraba en una situación difícil. Dominada principalmente por el capital francés, que había regresado a México en la década de 1880, ya superada la etapa de la Intervención y el trauma del fusilamiento de Maximiliano, para adueñarse de esa y otras ramas de la economía mexicana, se había beneficiado durante más de dos décadas de la política proteccionista que los gobiernos de Manuel González y Porfirio Díaz venían aplicando para fortalecer la industrialización y atraer al capital internacional a instalarse en el mercado interno. Gracias a esa política, la industria manufacturera en su conjunto logró un crecimiento anual de 3.6 por ciento entre 1878 y 1911, y dentro de ella la producción textil vivió su gran florecimiento, que se concentró en los estados de Veracruz, Puebla, Tlaxcala, el Estado de México y el Distrito Federal. La producción de piezas tejidas o estampadas alcanzó un crecimiento anual promedio hasta de 22 por ciento en 1893-1894 y en 1899-19001, y en 1905-1906 había ya 150 fábricas operando en el país, con alrededor de 32 mil obreros ocupados. En particular, la industria textil se benefició de dos nuevas condiciones muy favorables: la introducción de la energía eléctrica y la ampliación del cultivo de algodón nacional, que evitó a los fabricantes la dependencia con respecto de las importaciones.


Sin embargo, durante la última década del porfiriato la crisis internacional precipitó también la decadencia de las fábricas textiles del país. En 1900-1901 el crecimiento de la producción fue de sólo tres por ciento, y desde 1904 las ventas de las empresas de Puebla mostraron una dramática caída. Desde 1905 la entrada de productos importados agudizó la crisis generando el desempleo el desplome de los salarios. Si bien el sueldo diario de los trabajadores ocupados en las manufacturas aumentó en promedio de 38 a 59 centavos, entre 1897 y 1910, en términos reales se redujo de 42 a 36 centavos en ese mismo periodo. La disminución salarial repercutía a su vez en la demanda de los productos industriales y en particular de los textiles. Después de la crisis internacional de 1906-1907, el consumo per cápita de éstos se redujo sensiblemente. La situación de los trabajadores y sus familias era además verdaderamente infamante. Las jornadas de trabajo alcanzaban normalmente entre doce y quince horas en instalaciones insalubres que constantemente producían accidentes de trabajo como mutilaciones, quemaduras por ácidos o intoxicaciones por gases.


Para enfrentar los efectos de la recesión, los empresarios textiles se organizaron, a instancias del secretario de Hacienda, Ives Limantour, en el Centro Industrial Mexicano que buscaba regular los precios y establecer un frente común ante el descontento obrero que comenzaba a manifestarse.


En la primavera de 1906 llegó a Río Blanco, Veracruz, José Neira, un luchador obrero que militaba en el Partido Liberal mexicano de Ricardo Flores Magón, y quien inició la organización de los obreros textiles. Su primer fruto es la constitución, en marzo de 1906, de una sociedad mutualista de ahorro; y el 1 de junio de ese mismo año se funda el Gran Círculo de Obreros Libres, cuyos principales dirigentes como el propio Neira, Manuel Ávila, Porfirio Meneses, Juan Olivares y Eduardo Cansino estaban vinculados con el PLM de los Flores Magón. El 3 de junio aparece el primer número del periódico de la nueva organización, llamado no casualmente La Revolución Social5. El descontento laboral propició así el éxito del Gran Círculo, que pronto se extendió al Distrito Federal, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y Veracruz.


Además, el gobierno persiguió a los dirigentes magonistas e impulsó un liderazgo más moderado en el Gran Círculo. Jesús Martínez Carreón, uno de los impresores de La Revolución Social, fue arrestado y enviado a la cárcel de Belén. Manuel Reyes Moreno, vicepresidente del Gran Círculo en Orizaba fue recluido en la prisión de San Juan de Ulúa. Neira, Olivares y Meneses tuvieron que huir de la región y el dócil José Morales asumió la conducción del organismo, y fue de inmediato reconocido por el gobernador de Veracruz, Teodoro Dehesa. Poco tiempo después Morales sería depuesto por los trabajadores y sustituido por Samuel A. Ramírez.


Como medida para controlar a los trabajadores el Centro Industrial Mexicano expidió un reglamento aplicable a todos los trabajadores de la región que prohibía a los obreros recibir visitas en los cuartuchos que las empresas les proporcionaban como alojamiento y leer periódicos, folletos o libros. Se obligaba además a los operarios a pagar los desperfectos ocasionados a las máquinas y se les imponían multas por productos mal terminados. Por añadidura, el 3 de diciembre de 1906 los empresarios, pretextando un alza en el algodón crudo, decretaron unilateralmente una rebaja a los salarios. El 4 de diciembre los obreros textiles recurren a la huelga. Seis mil pararon en Puebla y seis mil 800 en Tlaxcala, exigiendo la aplicación de otro reglamento, elaborado por el Gran Círculo de Obreros Libres, que ponía algunas limitaciones a la jornada laboral, prohibía el maltrato a los trabajadores y suprimía las prohibiciones a las visitas domiciliarias y a la lectura de periódicos. Se proponía también suprimir las tiendas de raya. Los obreros de Río Blanco, si bien precursores en la organización del Gran Círculo, fueron de los últimos en sumarse a la huelga.


Sin fondos de resistencia y sin la posibilidad de recurrir a las tiendas de raya, los trabajadores pronto cedieron y buscaron el arbitraje del presidente Porfirio Díaz. Los patrones rehusaron el arbitraje presidencial y endurecieron más aún su posición respondiendo el 24 de diciembre con el cierre de 125 fábricas en Puebla, 30 en Veracruz, ocho en Tlaxcala, y diez en el Distrito Federal. Más de 30 mil obreros se encontraron entonces en paro. El 26 el presidente Díaz recibió a los dirigentes de las dos tendencias del Gran Círculo y les ofreció analizar cuidadosamente el caso.


Finalmente, el 4 de enero de 1907 Díaz emitió su laudo arbitral. No resolvía el problema de los salarios, pero destacó el hecho generalizado del empleo de trabajo infantil y decretó una edad mínima de once años para poder ser empleado. Imponía a los obreros el compromiso de no promover huelgas y menos sin previo aviso a los empleadores y al gobierno. Imponía, por medio de los jefes políticos, encargados de la dirección de los periódicos obreros para que éstos no contuvieran injurias para nadie ni difundieran doctrinas subversivas.


Pero el artículo que más indignó a los trabajadores fue aquel en el que el laudo establecía el sistema de dar a cada operario una cartilla que debería presentar diariamente al ingresar a la fábrica y en la que los supervisores y capataces llevarían un registro de su buena conducta o anotarían las sanciones a las que se había hecho acreedor. Finalmente, el laudo de don Porfirio disponía que todos los trabajadores regresaran el 7 de enero a laborar en las fábricas, «sujetos a los reglamentos vigentes al tiempo de clausurarse o que sus propietarios hayan dictado posteriormente».


Cuando el reinstalado dirigente José Morales leyó el laudo presidencial ante los trabajadores de Río Blanco, que estallaron en ira al conocer su contenido. La asamblea, efectuada en el Teatro Gorostiza de Orizaba, se salió de control y Morales tuvo que huir. Los inconformes, encabezados por Rafael Moreno y Manuel Juárez, dirigentes del Gran Círculo en Santa Rosa, decidieron organizarse para no permitir el regreso al trabajo e impedir el acceso a los esquiroles. En la mañana del lunes 7 de enero los obreros se apostaron frente a la fábrica de Río Blanco, propiedad del francés Víctor Garcin, para impedir el acceso y lanzaron piedras contra el edificio. En la tienda de raya se suscitó un incidente cuando el encargado se negó a adelantar maíz y frijol a las mujeres que lo demandaban para sostener a sus familias hasta que volvieran a cobrar su salario. Según algunas versiones, el administrador se burló de ellas y sacó un arma, disparando contra un obrero. Ese incidente parece haber desatado el motín contra la fábrica. Los rurales que fueron enviados a sofocarlo fueron recibidos a pedradas, pero lograron contener a la multitud para que la fábrica no fuera incendiada, pero se negaron a disparar contra los enardecidos trabajadores y sus familias. Algunos grupos de éstos liberaron a los presos y cortaron los cables de energía eléctrica. Luego se dirigieron al poblado de Nogales para buscar el apoyo de más obreros y en el camino saquearon las casas de empeño para hacerse de armas. Con éstas enfrentaron a los soldados y tomaron las estaciones ferroviarias entre Orizaba y Maltrata. Las tiendas de raya de Nogales y Santa Rosa también fueron saqueadas e incendiadas. Cuando la multitud regresaba a Nogales, llegó una partida de soldados federales que disparó indiscriminadamente matando a 17 hombres, mujeres y niños y dejando heridos a otros 80 en la primera refriega.


El subsecretario de Guerra de Porfirio Díaz, Rosalío Martínez, había sido enviado personalmente a encabezar la represión. No tuvo misericordia. Después de que la muchedumbre se dispersó, ordenó perseguir a los trabajadores en sus casas, en el campo o donde se ocultaran. Rafael Moreno y Manuel Juárez fueron fusilados frente a la fábrica, lo mismo que once rurales que se habían negado a disparar contra los amotinados. El 9 de enero, al reanudarse las labores en la fábrica, sólo cinco mil 512 trabajadores de los siete mil 83 que ahí laboraban regresaron al trabajo. Muchos habían sido muertos, aprehendidos o habían tenido que huir ante la ferocidad de la represión. «No hay cifras oficiales de los muertos en la matanza de Río Blanco», escribió el periodista estadounidense John Kenneth Turner, quien recopiló diversos testimonios de participantes directos; «si las hubiera serían falsas. Se cree que murieron entre 200 y 800 personas». Uno de los testigos, que había acompañado a los rurales, afirmó que en la primera noche vio dos plataformas de ferrocarril repletas de cadáveres apilados, que luego fueron llevadas a Veracruz para ahí arrojar los restos al mar.


Después de la huelga y el motín, José Neira y Justino Fernández fueron encarcelados durante largo tiempo; el segundo fue mantenido en la cárcel hasta que perdió la razón. Otros líderes y participantes fueron deportados al inhóspito territorio de Quintana Roo a realizar trabajos forzados. Juan Olivares logró escapar hacia los Estados Unidos. Paulino Martínez, un periodista que publicó en la Ciudad de México un comentario a favor de los huelguistas y que no tuvo nada que ver con los acontecimientos, fue detenido en la capital y llevado a Río Blanco y se le mantuvo encarcelado durante muchos meses sin hacerle ningún cargo ni someterlo a juicio. El diario oficial porfirista, El Imparcial, comentó los acontecimientos en un editorial al que tituló «Así se gobierna».


Los acontecimientos de hace un siglo en Río Blanco, como los de seis meses antes en Cananea, Sonora, parecieron no tener consecuencias inmediatas, más allá de la clausura de la tienda de raya. Si bien había activistas del PLM en Río Blanco, ni la huelga ni el motín fueron parte del proyecto magonista de lucha contra el gobierno de Díaz, sino producto de la legítima indignación de la masa de trabajadores. Más de tres años después, al estallar la violencia revolucionaria contra el régimen porfirista, y contraviniendo lo que pensaban los liberales magonistas, el proletariado fabril no fue un protagonista central; su lugar en el movimiento fue ocupado por el campesinado pobre y los intelectuales. Sin embargo, al triunfo de la Revolución, la situación social de los trabajadores fabriles fue también reconocida. Uno de los testigos próximos de los hechos de Río Blanco, Heriberto Jara, regresaría a la región para participar activamente en la Revolución; y más adelante sería uno de los diputados del Congreso Constituyente que impulsarían la inclusión del artículo 123 estableciendo las garantías sociales a la clase trabajadora. Otros, como José Neira, Juan Olivares y Antonio Hidalgo serían participantes desde diferentes trincheras en la lucha antioligárquica de 1910. Este último llegaría a ser gobernador maderista de Tlaxcala después de una militancia radical entre los pueblos del sur de ese estado.


Un siglo después, la insurgencia obrera no carece de motivos para subsistir. Aunque los métodos de explotación se han modificado, para diversos sectores de obreros los niveles del salario se aproximan a los que privaban en la etapa final de la dictadura porfirista. Los gobiernos amenazan la independencia sindical y reprimen a los trabajadores por movilizarse en defensa de su organización autónoma. Derechos laborales que se creían consagrados después de la sangre derramada han sido revertidos por la política conjunta del capital y los gobiernos conservadores de hoy, o se encuentran bajo amenaza.


A los trabajadores mexicanos y del resto del mundo les corresponde conocer la historia de sus luchas y recordar a quienes cayeron por mejorar la situación de su clase. A los gobernantes les correspondería aprender de la historia, que casi siempre desconocen y a la que con frecuencia menosprecian.



(Footnotes)


1


Leticia Gamboa, «Los momentos de la actividad textil», en Aurora Gómez-Galvarriato (Coord.)


La industria textil en México


. México, Instituto Mora/El Colegio de Michoacán/El Colegio de México/Instituto de Investigaciones Históricas-UNAM, 1999. (Lecturas de Historia Económica Mexicana) Pág. 227, 229.


2 Manuel Plana,


Las industrias, siglos XVI al XX


. México, UNAM/Eds. Océano, 2004. (Col. Historia Económica de México, 11). Pág. 44.


3 Leticia Gamboa,


Op. Cit


. Pág. 231.


4


Ciro Cardoso y Carmen Reyna, «Las industrias de transformación (1880-1910)» en Ciro Cardoso (Coord.), México en el siglo XIX (1821-1910). Historia económica y de la estructura social. México, Ed. Nueva Imagen, 1980. Pág. 400.


5


Fran


ç


ois


-Xavier Guerra,


México: del antiguo régimen a la Revolución


. Tomo II. México, FCE, 1988. Pág. 63.


6 Salvador Hernández Padilla, «Tiempos libertarios. El magonismo en México: Cananea, Río Blanco y Baja California» e Ciro F. S. Cardoso y otros,


La clase obrera en la historia de México. De la dictadura porfirista a los tiempos libertarios


. Vol. 3. México, Siglo Veintiuno Edits., 1980.


7


Cit. en Óscar Castañeda Batres,


La Revolución Mexicana (Ensayo crítico)


. México, Miguel Ángel Porrúa (Editor), 1989. Pág. 120


8


México bárbaro. Ensayo sociopolítico. México, D. F., Editorial Época, 1978. Pág. 177.