Sociedad

Nuevas críticas al Congreso por rechazo a las bodas gay
Guadalupe Martínez Ocampo Jueves 13 de Agosto de 2015
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  • Reprochan que el Congreso local siga siendo omiso a las sentencias que se han dado en favor de los matrimonios igualitarios.

Morelia, Michoacán.- La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) relacionada con que las sociedades de convivencia entre parejas del mismo sexo o heterosexuales tengan el derecho a la adopción de menores debe servir como una “presión” para los diputados locales en Michoacán, que ni siquiera han podido reformar los artículos 123 y 125 del Código Familiar del Estado para que se puedan concretar los matrimonios igualitarios, coincidieron líderes de organizaciones del sector lésbico-gay.
Pese a que Gerardo Herrera Pérez, líder de Grupo de Facto Diversidad Sexual en Michoacán, se dijo contento por la jurisprudencia del máximo Tribunal en el país al invalidar el artículo 19 de la Ley Regulatoria de Sociedades Civiles de Convivencia de Campeche, ya que éste afectaba el derecho de los convivientes a constituir una familia que prevé la Constitución y el interés superior del menor, lamentó que de los diez magistrados sólo uno de ellos votó en contra, lo que significa que todavía este tipo de autoridades viven con ideologías que “retardan” los derechos humanos tanto para homosexuales como heterosexuales.
En este sentido, el activista michoacano recordó que en México existen leyes de convivencia como en Jalisco o en Coahuila, con el Pacto Civil Solidario que también restringe esta parte, o bien, en el Distrito Federal y Campeche.
A su juicio, la decisión de los magistrados de la SCJN debe ser una “presión” para los congresos de los estados, sobre todo en los que no han legislado en la materia, pues remarcó que las únicas entidades que sí lo han hecho son el Distrito Federal, Quintana Roo y Coahuila, y en los que no se ha hecho “absolutamente nada” son Tlaxcala y Zacatecas, mientras que en Michoacán, por ejemplo, sí se ha podido avanzar pero judicializando los matrimonios. En este tema, recordó que en 2006 su organización entregó la propuesta de la Ley de Sociedades de Convivencia a la Legislatura, en la cual, la diputada perredista Citlalli Fernández era la presidenta de la Comisión de Género, “pero de la discusión en comisiones no pasó y se quedó durmiendo en el sueño de los justos”, precisó, “lo que me parece una falta de probidad, de entendimiento y de diálogo por parte de los diputados para asumir su responsabilidad, quienes juran hacer cumplir las leyes y no La Biblia. No pueden legislar con base en ideologías, sino con base en el Estado de Derecho”, criticó.
Por su parte, el presidente de la organización Diversidad Participativa para Crecer, Raúl Martínez Rojas, externó que para muchos integrantes de la comunidad lésbico-gay y de otros sectores de la población, la jurisprudencia es motivo de “regocijo” porque por fin se reconoce el derecho del niño y el que parejas homosexuales accedan a mecanismos de adopción; sin embargo, lamentó que todavía grupos conservadores se “enfrascan nuevamente” en discutir por qué parejas del mismo sexo van a poder adoptar a un menor.
Pero también el activista reprochó que el Congreso local siga siendo omiso a las sentencias que se han dado en favor de los matrimonios igualitarios, pues subrayó en que los legisladores se dicen ser los garantes de hacer cumplir la ley; sin embargo, “no son capaces de hacerlo en un estado laico que se basa en un poder soberano, por tanto, creo que estamos fritos porque siguen pensando en una familia nuclear.
“Creemos en la voluntad política, hemos tenido acercamientos con las tres fuerzas políticas y los diputados nos han externado la intención de entrarle al tema, pues ya no es si les gusta o no, ya es acatar el mandato”, concluyó.