Política

Caso Cherán, un claro desafío al orden constitucional: SCJN
Patricia Monreal Vázquez Martes 27 de Mayo de 2014
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  • Con la votación en contra del ministro Fernando Franco González Salas, la mayoría de la Corte emitió la declaratoria de invalidez a la reforma constitucional indígena en el estado.

Luego de que la Suprema Corte de la Nación reconoció el lunes el carácter de autoridad municipal al Concejo Mayor de Gobierno Comunal de Cherán, determinando la procedencia de la controversia constitucional promovida contra los poderes Legislativo y Ejecutivo michoacanos por la reforma constitucional en materia indígena aprobada en 2011, este martes el pleno de magistrados determinó invalidar la reforma constitucional en materia indígena aprobada por el Poder Legislativo michoacano en diciembre de 2011 y promulgada en marzo de 2012.
Durante la discusión y análisis, los ministros calificaron al de Cherán como un municipio “sui géneris”, al tiempo que consideraron que su caso “ha marcado una excepcionalidad y se convierte en un claro desafío al orden constitucional pues su solución requiere de la armonización de una gran cantidad de instituciones”.
Con la votación en contra del ministro Fernando Franco González Salas, la mayoría de la Corte emitió la declaratoria de invalidez a la reforma constitucional indígena en el estado, por lo que será el próximo jueves cuando el sesione de nuevo a fin de establecer los alcances de tal decisión y sus efectos.
El análisis de la Corte
Este martes la discusión de la Corte giró en torno de si el Congreso local está obligado o no a consultar a Cherán sobre adecuaciones legislativas en materia indígena, ya que la norma no obliga al Legislativo consultar a los municipios, pero por tratarse de un municipio-comunidad indígena aplicaría el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
La ministra ponente, Margarita Luna Ramos planteó la invalidez de la reforma por no haber satisfecho la necesidad de consulta que según el artículo sexto, apartado 1, inciso a) del Convenio 169 de la OIT, establece para consultar a los pueblos indígenas en el momento en que se emita o se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.
“Si bien es cierto, que en los antecedentes de esta demanda se menciona que hubieron algunos foros de consulta en relación con esta reforma constitucional, lo cierto es que no se acredita que a este municipio de manera específica se le haya convocado; y, por otro lado, en la contestación de demanda que hace el Poder Legislativo del Estado de Michoacán, implícitamente reconoce que no se hizo esta convocatoria”.
El ministro José Ramón Cossío Díaz planteó la necesidad de que la Corte defina si el llamado “derecho de consulta” para comunidades y pueblos, se transforma en una competencia cuando se está frente a un municipio integrado por usos y costumbres.
“El Estado deberá tomar en cuenta las observaciones realizadas por estos municipios, lo que no implica que todas ellas deban de aceptarse de manera forzosa, sin perder de vista que las mismas deben ser de buena fe y con el objetivo de llegar a un acuerdo, por lo que si no son tomadas en cuenta, el legislador local deberá fundar y motivar de manera reforzada las razones que sustenten su negativa o la regulación resultante”.
Sergio Valls Hernández apuntó que sí existe un derecho a la consulta previa en los procesos legislativos que atañen a las comunidades indígenas, “el cual en el caso que analizamos no se respetó, por lo que la reforma impugnada es inconstitucional en lo relativo a los efectos que pudieran derivarse para el municipio actor al ser de gran trascendencia darles tal participación”.
El ministro Alberto Pérez Dayán. Consideró que el caso Cherán ha marcado una excepcionalidad y se convierte en un claro desafío al orden constitucional, “pues su solución requiere de la armonización de una gran cantidad de instituciones para poder dar respuesta a los cuestionamientos que se han formulado, tanto por quienes intervienen en esta controversia constitucional como por la esencia de la propia Constitución y el respeto particular al artículo segundo de la Carta Magna, el cual fue vulnerado.
“Es claro que este tipo de circunstancias tendrá que ir moldeando y permeando para que cada Legislatura constitucional local, haga las adaptaciones sobre un esquema general contenido en la Constitución”.
La ministra Olga María Sánchez Cordero habló de dotar a los pueblos y comunidades indígenas de una protección especial a través de la cual el estado se encuentra obligado a realizar previsiones destinadas a determinar e informar las consecuencias de toda medida administrativa o legislativa llevada a cabo por él y respecto al cual pudiera privar a los pueblos o comunidades indígenas que habitan dentro de su territorio del goce de alguno de sus derechos.
“La Constitución Política del Estado de Michoacán no prevé un proceso de reforma constitucional en el cual se contemple la consulta a los municipios indígenas, pero esto no es relevante, puesto que el citado convenio de la OIT, obliga a los diferentes órganos del Estado mexicano a cumplir, y de ahí que sea precisamente obligatorio para el Estado de Michoacán tomar en cuenta sus opiniones (de las comunidades indígenas), previo a la emisión de ordenamientos locales”.
El único voto en contra fue del ministro Fernando Franco González Salas quien señaló que al reconocerse a Cherán como municipio, debe sujetarse al marco constitucional y legal que lo rige, “en ningún lugar existe la obligación, ni a nivel constitucional federal, ni a nivel local en Michoacán, como sí lo hay en otras legislaciones estatales, de que los municipios sean consultados previamente para una reforma como la que aquí está impugnada”.
Luis María Aguilar Morales refirió que si bien no hay una disposición específica o clara que determine que existen este tipo de municipios indígenas con algunas características especiales, con la interpretación constitucional “sí estamos en presencia de lo que para mí calificaría como un municipio sui generis”.
“Puede y debe el municipio como tal hacer valer los derechos de la comunidad indígena que lo conforma, que le da la sustancia misma que lo crea, no bastaría con que se le aplicaran los principios generales de cualquier municipio y establecer a ver qué competencias son las que se pueden afectar en una controversia constitucional, como la que estamos conociendo, sin desconocer también los derechos del pueblo indígena que lo conforma y que ha sido reconocido y exigido por el Tribunal Electoral en una sentencia específica, es para mí, un municipio sui generis, que le da esa oportunidad para defender no sólo las condiciones de cualquier municipio, sino en especial la del pueblo indígena que lo conformó”.
Jorge Mario Pardo Rebolledo retomó el calificativo sui generis para Cherán, y señaló que en este caso, están fundidos en una misma entidad la comunidad indígena y las autoridades equiparadas a un municipio, “en el contexto de protección al régimen constitucional y convencional de protección que tienen las comunidades indígenas, no podríamos decirles: mira, sí se te respeto ese derecho para que nombrarás tus autoridades, para que esas autoridades equipararán a unas municipales, pero ahora te digo yo que como ya eres municipio, entonces, ya no tienes el derecho de venir en una controversia a alegar la defensa de esta otra prerrogativa que se establece para ti que es a ser consultado frente a una modificación legislativa que te afecta”.
Desde la óptica del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea este asunto es de trascendencia nacional, ya que es un precedente para determinar los alcances y la forma en que juegan los derechos de los pueblos indígenas cuando éstos se constituyen en municipio.
Señaló que una interpretación del artículo segundo y primero constitucional, lleva a concluir “la posibilidad de que los pueblos y comunidades indígenas tomen una decisión de constituirse en un municipio indígena o en un municipio de población indígena”.
“Sí se está violando un derecho del pueblo indígena y este derecho puede ser defendido por un municipio que tiene esta característica indígena, ya sea como protector y defensor de los derechos de los pueblos indígenas o ya sea también como protector de su propio ámbito competencial al incursionarse estos derechos precisamente como competencias del municipio”.
Confusión legislativa
Cuestionados sobre la determinación tomada por la Corte el lunes, en donde reconoció al Concejo Mayor de Gobierno Comunal de Cherán, el carácter de autoridad municipal, los legisladores locales evidenciarían desconocimiento del contenido, y de que el tema aún permanecía en discusión.
Sólo la legisladora priista Rosa María Molina Rojas tenía presente el recorrido del análisis de la Corte, aclarando que lo resuelto el lunes por los ministros sólo correspondió para determinar si el Concejo Mayor tenía legitimidad como gobierno municipal, y con ello poder promover una controversia constitucional.
En todo caso ella y el diputado Eleazar Aparicio Tercero consideraron que tal reconocimiento es un avance importante para en la lucha del pueblo de Cherán.
Aparicio Tercero se mostró congratulado con la decisión de los ministros la cual calificó como una lección para el Poder Legislativo, y refirió que existen muchas leyes que antes de ser aprobadas deberían consultarse a los ciudadanos.
Refirió que este miércoles en reunión de la Comisión de Asuntos Indígenas se arrancará el análisis de la decisión tomada por la Suprema Corte, a fin de establecer la ruta para la adecuación de la Constitución local.
Adelantó que para reformar la máxima norma estatal en materia indígena deberán realizarse foros de consulta, y sentarse al análisis del tema con la gente.
El presidente del Congreso, Alfonso Martínez Alcázar apuntó que antes de arrancar con el análisis respectivo habrá que esperar la notificación respectiva de la Corte.
Dijo que el tema Cherán puede abrir la puerta para que se promuevan juicios similares, aunque observo difícil que estos puedan proceder debido a que no hay en el estado otro lugar con características similares a las de Cherán.