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Opinión Inmigrantes detenidos en Estados Unidos Carlos Enrique Tapia Miércoles 24 de Enero de 2007

Redacción Cambio de Michoacán

Por razones divergentes, en los últimos años los medios de comunicación estadounidenses y mexicanos han acrecentado su interés en el proceso migrato- rio que desde hace más de un siglo contribuye al dinamismo sociocultural y económico entre México y Estados Unidos. Como parte de esa tendencia, varios periódicos de ambos lados de la frontera dieron cabida a la reciente auditoría de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Interna (OIG-DHS por sus siglas en inglés) del país del norte. Dicha auditoría presenta información relevante sobre el trato que reciben los inmigrantes indocumentados recluidos en centros de detención usados por la Oficina de Aduanas e Inmigración (ICE por sus siglas en inglés), haciendo énfasis en cuatro aspectos: Cuidado de la Salud; Salud y Seguridad Medioambiental; Condiciones Generales de Confinamiento, y Reportes de Abuso (Office of Inspector General-DHS, «Treatment of Immigration Detainees Housed at Immigration and Customs Enforcement Facilities». US Department of Homeland Security, Washington, DC, OIG-07-01, december 2006). En los centros de detención, Berks County Prison (BCP), en Leesport, Pennsylvania; Corrections Corporation of America (CCA) Facility, en San Diego, California; Hudson County Correction Center (HCCC), en Kearny, New Jersey; Krome Service Processing Center (SPC), en Miami, Florida, y Passaic County Jail (PCJ), en Paterson, New Jersey, la auditoría encontró serias violaciones a las normas de este tipo de establecimientos, las cuales repercuten negativamente en los recluidos. Según el último informe de la Oficina de Aduanas e Inmigración («ICE Fiscal Year 2006 Annual Report. Protecting National Security and Upholding Public Safety». US Immigration and Customs Enforcement), el número de indocumentados expulsados de Estados Unidos aumentó a más de 186 mil en 2006, respecto al año fiscal (septiembre-octubre) anterior, mientras que poco más de 19 mil permanecieron recluidos en centros de detención usados por dicha agencia. Además, el procedimiento de deportación se redujo de 90 a 19 días. La Oficina del Inspector General no aborda la situación de los repatriados, pero afirma que en los centros de detención usados por el ICE los inmigrantes indocumentados son maltratados, les niegan pronta atención médica, les sirven alimentos crudos, muchas acciones disciplinarias no son justificadas, y son recluidos con reos de alta peligrosidad. Asimismo, no hay un manejo adecuado de sus fondos y propiedades personales, no se les facilitan procedimientos para reportar abusos o violaciones a sus derechos civiles, no se les proporcionan manuales sobre sus derechos, responsabilidades y normas, y tampoco se traducen los manuales y materiales de orientación al español y otras lenguas predominantes entre los detenidos, además de limitar el acceso a parientes y abogados. Todas estas irregularidades violan los estándares federales para una custodia segura y humana de los detenidos en Estados Unidos. Adicionalmente, grupos defensores de los derechos civiles argumentan que el informe no da cuenta de otros graves abusos a los inmigrantes como golpizas, negligencia médica, escasez de alimentos, y las implicaciones de recluir en cerca de 400 instalaciones a más de 27 mil personas por noche, pues la muestra de la auditoría no es representativa. Sin duda el maltrato a los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos es un asunto que debería preocupar a la actual administración gubernamental mexicana, pero se ha preferido seguir con las acciones espectaculares, como las recientes extradiciones de algunos supuestos capos de la droga en México, pero ello habla más de la incapacidad para manejar el problema que de la eficacia en el combate al narcotráfico. Veremos si estos capos no se convierten después en protegidos del gobierno estadounidense para chantajear a algunas élites políticas y económicas mexicanas, presumiblemente involucradas en esos jugosos negocios. Mientras tanto, la militarización del país sigue y la subordinación a la agenda de seguridad norteamericana se acentúa. Con estas acciones queda claro por qué Calderón ha reiterado que el tema migratorio, en la relación con Estados Unidos, hay que quitarlo del «centro de la discusión», para reducir «su vulnerabilidad y ser capaces de reenfocar la relación con el sustento de la opinión pública en ambos países y en ambos gobiernos» (¿?). Con discursos como éste, la relación con Washington prácticamente se traduce en mayor sometimiento.

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