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La competencia tributaria - Cambio de Michoacán
Lunes 22 Septiembre de 2014
Apuntes Tributarios
La competencia tributaria
Jueves 2 de Diciembre de 2010 • Enviar nota    • Imprimir
La competencia en un sentido jurídico general, el Diccionario Jurídico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México la define como una idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos.

La competencia tributaria es la facultad que la ley otorga a los órganos del Estado, ley que nace mediante la potestad del legislador para crearla, por la fuerza emanada de la propia soberanía del Estado, facultad general y abstracta para la actuación de los órganos públicos dentro del orden jurídico vigente.

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece las bases de organización de la administración pública federal, centralizada y paraestatal, siendo parte de ésta las secretarías de Estado, entre otras; para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo contará con diversas dependencias, entre las que destaca en la materia fiscal y tributaria la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; es mediante esta secretaría que el Estado se encuentra facultado por el legislador para la aplicación concreta de las normas tributarias o fiscales, concretamente para cobrar los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos federales en los términos de las leyes aplicables y vigilar y asegurar el cumplimiento de las disposiciones fiscales, lo que natural, lógica y jurídicamente puede hacer a través del Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de esa secretaría, en virtud de que el artículo 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal permite que las secretarías de Estado cuenten con tales organismos para el mejor despacho de sus asuntos, máxime que el artículo 1º de la Ley del Servicio de Administración Tributaria prevé que dicho servicio está subordinado jerárquicamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la que está facultada para llevar a cabo procedimientos de fiscalización de las obligaciones fiscales, de determinación y ejecución de créditos fiscales por la omisión en el entero de contribuciones por parte de los gobernados.

La obligación constitucional de los mexicanos contemplada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de contribuir para los gastos públicos es genérica, el apartado respectivo remite a las leyes creadas por la potestad del legislador, siendo la conducta del gobernado la que da lugar al nacimiento de la obligación tributaria o fiscal, en el momento en que realicen la situación jurídica o de hecho prevista en las normas, quedando entonces sometidos a la competencia tributaria del Poder Ejecutivo, el cual la ejercerá conforme a las normas que regulan su ejercicio, esto es, mediante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por ende el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

A nivel estatal y del Distrito Federal, son las tesorerías generales o secretarías de Finanzas y Administración las dotadas de competencia tributaria, mientras que a nivel municipal se encuentran las tesorerías municipales como órganos facultados para hacer efectivas sus atribuciones hacia los contribuyentes, en sus respectivos ámbitos espaciales de validez; en nuestra entidad federativa éstas derivan de las disposiciones reguladas por el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán y la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán de Ocampo y Ley de Hacienda Municipal del Estado de Michoacán, respectivamente. Un eficiente uso de la competencia en materia tributaria permite que el Estado en sus tres niveles de gobierno fortalezca sus finanzas públicas.

Lamentablemente, son las propias autoridades que en su calidad de patrones incumplen con el entero de las contribuciones retenidas a terceros, como lo son sus trabajadores, que no enteran en tiempo y forma, para después obtener un perdón como el anunciado esta semana por el SAT hacia los gobiernos locales, una fórmula equivocada, con un mensaje directo al contribuyente: La autoridad hacendaria es ineficiente.

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