Viernes 28 Noviembre de 2014
La bolsa de trabajo de la PGR
Marco Antonio Duarte
Lunes 30 de Agosto de 2010 • Enviar nota    • Imprimir
La falta de resultados del aparato de seguridad del país abrió una bolsa de trabajo para caza recompensas, al ofrecer millones de pesos a cambio de información que permita ubicar y detener a presuntos integrantes del crimen organizado.

Estas recompensas, además de representar una burla para la sociedad, confirman que el trabajo del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) no sirve para nada.

Tampoco ayudan al país las indagatorias del centro de inteligencia de la Policía Federal, o de la Procuraduría General de la República (PGR).

Y es que si el personal de las dependencias, integrantes del aparato de seguridad nacional, hicieran su trabajo, por el que cada mexicano les paga, no sería necesario hacer uso de un programa de recompensas para tratar de detener a capos de la droga o del secuestro, así como a otros delincuentes considerados como de alta peligrosidad.

En la lista de acuerdos de recompensa de la PGR, destaca el ofrecimiento de efectivo a cambio de datos clave sobre los líderes, gatilleros de jerarquía y jefes de plaza de todos los cárteles del narcotráfico que operan en el país.

Queda claro, pues, que las actividades de investigación que tanto presume la Federación son un verdadero fiasco, toda vez que los mexicanos, aparte de pagar los salarios de funcionarios, investigadores y del personal encargado de combatir a la delincuencia, también deben pagar el programa de recompensas, sustentado en el artículo 37 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Por ejemplo, la PGR ofrece hasta quince millones de pesos, sí, leyó usted bien, a quien dé informes sobre los líderes de las organizaciones criminales que operan en el país.

Este recurso, así parece, es el salvavidas con que el gobierno federal se mantendrá a flote en su lucha contra la delincuencia organizada, pues queda demostrado que el aparato de investigación nacional no busca delincuentes, pero sí es capaz de intervenir líneas telefónicas en la llamada guerra sucia de la política.

También llama la atención la recompensa de quince millones de pesos que se ofrece a quien dé información sobre los responsables de la ejecución de Rodolfo Torre Cantú, candidato al gobierno de Tamaulipas, así como de cuatro personas más.

Es decir, a más de dos meses de ocurrido el ataque contra el aspirante al gobierno tamaulipeco, las investigaciones de la PGR, Cisen o PF no han dado resultados favorables.

Ahora, sólo falta que dentro de este programa de recompensas, para ahorrar el costo de la investigación (para evitar la fatiga, dijera Don Jaimito “El Cartero”), se incluya también al o los asesinos de Marco Antonio Leal García, alcalde del municipio de Hidalgo, en Tamaulipas, ejecutado el pasado domingo.

Ojalá que el trabajo de inteligencia del gobierno federal permita obtener frutos a corto plazo, para dejar sólo como anécdota el ofrecimiento de recompensas que, por ahora, refleja la incapacidad de las autoridades por garantizar el derecho a la seguridad de todos los mexicanos.



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