Lunes 24 Noviembre de 2014
Desde mi punto de vista
El nuevo sistema procesal penal y el juicio oral
Jueves 19 de Agosto de 2010 • Enviar nota    • Imprimir
Con las reformas a la Constitución Federal (junio de 2008), se introduce un nuevo sistema procesal penal acusatorio y oral, totalmente distinto al tradicional proceso penal -aún vigente en nuestro estado- caracterizado principalmente por su exacerbado formalismo jurídico en la formulación de preguntas, declaraciones, careos, etcétera; predominantemente escrito; conducido -la mayoría de las veces- en ausencia del juez por el secretario; excesivamente largo, sea por la carga de trabajo del juzgado o por el cúmulo de pruebas ofrecidas por el defensor que nada tienen que ver con los hechos que se investigan, o bien, porque el imputado, testigos o peritos no se presentaron a la audiencia para la que fueron citados; aunado a las sentencias pronunciadas sin tomar en cuenta los medios de prueba de descargo. En cambio, con el juicio oral desaparecen todos esos procedimientos, ya que conforme a lo previsto por el párrafo primero del apartado A del reformado artículo 20 constitucional, se establecen diferentes principios (publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación) y características muy peculiares como lo son: el esclarecimiento de los hechos como finalidad del proceso -no la verdad histórica o material como el anterior–, las audiencias se desarrollarán en presencia del juez, que además, no haya conocido previamente el caso; la presentación de los argumentos y los elementos probatorios que hagan las partes será de manera pública, contradictoria y oral; se mantiene el principio de la carga de la prueba al fiscal, sin embargo, las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o defensa respectivamente. El estado y desarrollo del juicio oral se puede resumir de la siguiente forma: previa acusación formal del imputado, la audiencia inicia presentando el fiscal oral y argumentativamente su caso (cómo sucedieron según él los hechos), enseguida se le da la intervención al defensor quien a su vez también narrará y describirá los hechos según el imputado; más adelante, se presentarán y desahogarán las pruebas de cada una de las partes (toda prueba que no se desahogue en presencia del juez no tiene valor alguno, salvo cuando se trate de prueba anticipada); por último, cada una de las partes presenta su alegato final, mediante el cual pretende persuadir al juez que su hipótesis de los hechos es la correcta y por tanto se debe condenar o absolver -según corresponda- al imputado. En todo el desarrollo de la audiencia, el juez no podrá intervenir corrigiendo o supliendo las deficiencias de las partes, mucho menos introducir pruebas no ofrecidas por el fiscal o el defensor. La finalidad de este tipo de juicios, es por un lado, contener la impunidad y por el otro, que la justicia sea más transparente: para los imputados, para las víctimas u ofendidos y para la sociedad en general. En ese contexto y para implementar la reforma constitucional en Michoacán, se integró el Consejo de Coordinación para la Implementación, Seguimiento y Evaluación del Nuevo Sistema de Justicia Penal con la participación de los tres Poderes.

De las anteriores consideraciones, surgen tres reflexiones: la primera, “¿tiene el legislador local la intención política de instrumentar dentro del plazo fijado por la propia Constitución (quedan seis) un sistema acusatorio con todo lo que implican los juicios orales?”. Para dar respuesta a esta interrogante, el Consejo recientemente instalado, debe ser muy cuidadoso con el manejo de los tiempos -del proceso legislativo- ya que el paso siguiente a la reforma legal es la implementación del sistema -en forma gradual y preferentemente por regiones– en todo el territorio estatal; por el otro, ser cuidadoso de que en las reformas se precisen con toda claridad las directrices de los procedimientos y los principios que regirán los juicios orales, así como los tiempos y modalidades de participación que tienen las partes y el imputado, los testigos y peritos en las audiencias, además deberá precisar las sanciones para los servidores públicos y demás intervinientes que no se apeguen a esos lineamientos. De esta forma, se evita incurrir en los mismos errores de los juicios laborales y agrarios, los que siendo por disposición legal orales, en la práctica, se desarrollan mayoritariamente por escrito (demanda y contestación, descripción de los medios de prueba que se ofrecen, pliego de posiciones, alegatos, etcétera); la oralidad únicamente se emplea al momento de ratificar la demanda o su contestación y ofrecer pruebas, de manera que en la audiencia no se desarrolla un verdadero debate argumentativo entre las partes.

La segunda, “¿se cuenta con el presupuesto necesario para implementar el sistema, por lo menos de manera regional?”, habrá que recordar que en la experiencia chilena los recursos erogados al principio para aplicar este sistema (capacitación del personal, infraestructura de las salas de audiencia, tecnología computacional y de comunicación, etcétera) fue por mucho más del triple del presupuesto de un ejercicio anual autorizado para todo el Poder Judicial de ese país. En cambio, la reforma constitucional sobre la justicia para adolescentes se distinguió porque los recursos aportados a los estados por la Federación -para la capacitación e infraestructura del nuevo modelo en el estado- ha sido mínima, si no nula. En un escenario semejante, las autoridades tendrán que hacer un esfuerzo adicional para la reasignación y sobre todo, la entrega oportuna de los recursos al nuevo sistema en Michoacán.

La tercera y no menos importante reflexión estriba en determinar “si los abogados están preparados para el papel de fiscal o defensor del imputado en un juicio oral”. Desde mi punto de vista, salvo algunas excepciones, el foro no está preparado para asumir adecuadamente el papel de la acusación o defensa de un imputado, por una simple razón: carecemos de las habilidades y aptitudes necesarias e indispensables para intervenir en este tipo de juicios. Me explico: cualquier persona -para el mejor desempeño de su oficio o profesión- requiere de cierto tipo de herramientas conceptuales, así por ejemplo, el médico emplea la patología, la bioquímica, etcétera, los ingenieros cuentan con la física estructural o la geología. Pero, ¿cuáles son las herramientas de los abogados?, la mayoría dirá: las leyes o los códigos. Ciertamente, de las leyes o los códigos se deriva el fundamento legal que se invoca en los actos de las partes y en la resolución de un caso en concreto; sin embargo, ello únicamente significa que las leyes y los códigos son la materia prima fundar una actuación, pero éstas no son las herramientas que requiere el abogado para el buen desarrollo de su profesión. El equívoco es semejante a considerar como herramienta del médico a las personas enfermas, o el terreno donde el ingeniero levantará un edificio. Por lo que desde mi punto de vista, las herramientas de todo abogado son: la hermenéutica y argumentación jurídica, apoyadas en la retórica. Es decir, para estar en condiciones de determinar si una conducta es o no delito, el abogado debe saber interpretar el curso causal de los hechos (hermenéutica jurídica); expresar los razonamientos sobre la hipótesis del caso (argumentación jurídica); y sobre todo saber expresar esos argumentos mediante el manejo del leguaje claro, preciso, directo, etcétera, (retórica); así como la construcción de inferencias o deducciones válidas que corroboren la hipótesis planteada al momento de formular la introducción del caso, presentar y desahogar las pruebas y producir el alegato final que persuada al juez de la culpabilidad o inocencia del imputado (lógica) según el papel que desempeñe el abogado, éstos son los instrumentos teóricos que el abogado debe dominar para estar en posibilidades de utilizar los códigos correspondientes. Por consiguiente, es imperativo actualizar la currícula de la Licenciatura y del Postgrado de Derecho a fin de incorporar esas materias, de lo contrario, quedaremos a la zaga en la capacitación y profesionalización de abogados competentes y confiables para formular la acusación o proveer una defensa adecuada del imputado.



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