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Meditaciones posmodernas
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Contra la demanda y la legalización de la prostitución (I) |
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Rubí de María Gómez Campos |
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La Coalición Internacional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas (CATWLAC) en la región latinoamericana y del Caribe en su XX aniversario realizó una reunión en la Ciudad de México, del 23 al 25 de marzo, que concluyó con una declaración para el siglo XXI que vale la pena compartir.
Preocupadas/os por el alarmante incremento de la trata y tráfico de mujeres, niñas y jóvenes para la prostitución y otras formas de explotación sexual, explotación laboral y tráfico de órganos, todas formas graves de violación a los derechos humanos que atentan contra la vida y la dignidad de las mujeres y las niñas, y la seguridad de nuestros pueblos y naciones, las integrantes de la coalición consideran que: la trata y el tráfico de mujeres, niñas, y jóvenes en la región latinoamericana y del Caribe es un fenómeno creciente, debido, entre otros, a las relaciones patriarcales de poder, a la situación de pobreza y pobreza extrema; el genocidio producido por el hambre; el encarecimiento de los productos básicos; la falta de oportunidades; las profundas disparidades y desigualdades entre las mujeres y hombres; la violencia y la discriminación que históricamente han sufrido las mujeres en nuestros países, y que en varios de ellos no se cuenta con políticas públicas, programas, planes de acción y leyes, y aunque existan en otros, no muestran resultados verdaderamente efectivos; así como al hecho de que el fenómeno se ve agravado por la trata interna con propósitos de prostitución y otras formas de explotación sexual, laboral y tráfico de órganos, abusando de la situación de vulnerabilidad y pobreza de las víctimas y posibles víctimas.
La trata y el tráfico de mujeres y niñas es una forma grave de violencia contra las mujeres según se establece en la Plataforma y Plan de Acción de Beijing, así como una forma contemporánea de esclavitud. El dolor que sufren las víctimas y sus familias y las consecuencias que tiene sobre sus hijas e hijos, madres y padres, es irreparable, y los sistemas de justicia ofenden nuevamente a las víctimas estigmatizándolas y revictimizándolas, al negarles el acceso a la justicia y a la reparación y resarcimiento del daño. Por tanto, mientras no se haga visible y se comprenda su gravedad, no habrá sanción efectiva y seguirá creciendo la inmensa impunidad y corrupción que rodea al problema, propiciado por el patriarcado y el sistema de administración de justicia que lo minimizan y naturalizan, con lo que se perpetuan los patrones culturales patriarcales y se incumplen las responsabilidades adquiridas a nivel internacional y regional.
Ante el avance de las redes prostitucionales en nuestra región, los medios de comunicación, y los proveedores de servicios turísticos y de internet, así como otros actores juegan un papel de complicidad por lo que deben ser llamados a cuentas y a conducirse con ética y responsabilidad social. Cualquier forma de violencia contra las mujeres, entre ellas, la trata y el tráfico de mujeres y niñas es un obstáculo que impide la democracia, el desarrollo y la paz, y urge frenar, rechazar y atacar la naturalización y banalización del problema, emitiendo y ejecutando políticas de seguridad de los estados y de los sistemas de justicia, acordes a la dimensión de este flagelo, para recuperar el derecho de las mujeres y las niñas a una vida libre de violencias.
En consecuencia, la CATWLAC se pronunció por exigir a los gobiernos: el respeto y el cabal cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW); políticas públicas, planes de acción debidamente financiados, así como leyes efectivas contra la trata y el tráfico de mujeres, niñas y jóvenes para la prostitución y otras formas de explotación sexual, laboral y tráfico de órganos, que garanticen la prevención y la protección de las víctimas; persecución, enjuiciamiento y sanción de los tratantes y explotadores, así como adoptar medidas legales y de otra índole para desalentar y sancionar la demanda, ya que sin demanda no hay explotación; rechazo a la corrupción y a las redes de complicidad que amparan a la delincuencia organizada nacional e internacional, dedicada a traficar y tratar mujeres, niñas, y jóvenes, y repudio al avance del crimen organizado; ratificar el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena y los Protocolos Adicionales a la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional sobre Trata y Tráfico de Personas, Protocolos de Palermo, y armonizar efectivamente estos tratados en su derecho interno.
La siguiente semana continuaremos enunciando las exigencias y propuestas con las que concluyó esta importante reunión internacional.
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Acueducto