Migración México-EU

Clientelismo y populismo

Carlos Enrique Tapia

Los derechos políticos de los migrantes son fundamentales en una sociedad que se pretende democrática; también el impacto de sus ingresos o remesas en sus familias y localidades de origen. Sus opiniones en los foros realizados el fin de semana en Los Ángeles y Chicago, seguro darán una perspectiva diferente al Plan Estatal de Desarrollo.

Con todo, el “nuevo comienzo” resume clientelismo, corporativismo y populismo en sus acciones hacia los migrantes michoacanos. El PRD no se distingue de la derecha partidista. Incluir a los migrantes para que se les asignen diputaciones es simple y llano clientelismo y populismo. La derecha tiene mucha experiencia al respecto.

Igualmente, promover a Michoacán como paraíso para la inversión, mientras asesinatos y ejecuciones continúan, es faltar a la verdad -11 el fin de semana. La versión mediática del Estado confirma algunas percepciones: un gobierno adicto a la propaganda que pretende diluir los cuestionamientos como simples “frivolidad y mezquindad”.

“Frivolidad y mezquindad” notables en la exposición de motivos que promueve la inclusión de diputados migrantes, iniciativa del “nuevo comienzo” que impone su agenda política, típica conducta clientelar, corporativa y populista de la derecha perredista, que asume cifras y situaciones sobre las que no hay evidencias empíricas plausibles.

La migración internacional michoacana es sin duda un importante motor de las sociedades locales y regionales, pero su conocimiento y explicación no pueden ser sustentados en números producto de la especulación y el uso político y mediático de un flujo de mexicanos que se ha ido del país y el estado empujado por el abandono gubernamental.

Se dice, con supuestos números del Coespo, que 4.4 millones de michoacanos residen en Estados Unidos. Cifra repetida desde la época de Lázaro Cárdenas Batel, pero sin evidencias empíricas que la sustenten. Ni el Conapo, menos el Coespo, han realizado censos, levantado encuestas o aplicado algún instrumento para validarla.

Los expertos y los conteos censales no ofrecen datos al respecto. Con información existente y revisiones serias, se propone una cifra cercana a los dos millones de personas de origen michoacano y nacidos en Michoacán.

Históricamente, es imposible afirmar, no sólo un dato escandaloso, políticamente manipulable y especulativo, sino una cifra exacta.

Incluso, como en el caso de la migración mexicana en general, los expertos estadounidenses, por ejemplo, hablan de población de origen mexicano y mexicanos nacidos en nuestro país, lo que tiene implicaciones importantes, tanto en términos demográficos, sociales, culturales, económicos y políticos.

Es irresponsable afirmar que todas las personas que asumen que sus padres, familias y parientes son michoacanos, son de Michoacán. Se puede argumentar el olvido interesado de los gobiernos estadounidense y mexicano, la falta de instrumentos por parte de los expertos, pero no el compromiso académico por saber, analizar y debatir.

Las remesas siguen siendo usadas políticamente para justificar situaciones clientelares, corporativistas y populistas. El monto recibido por el Estado habla de la dependencia de miles de hogares michoacanos de un ingreso que en 2015 llegó a más de dos mil millones de dólares, lo que históricamente ha representado un alivio local y regional.

Este monto, medido respecto al PIB, resulta más que importante para las economías locales, regionales y estatal, pero es manipulado políticamente, pues la derrama, además de ingresar al estado fragmentada y al tipo de cambio, focalizada en algunas regiones, favorece, como ha sido demostrado, a las finanzas públicas federales, no estatales.

Por ello, es especulativa la relación PIB-remesas, aunque es evidente y empíricamente probado el impacto en términos de beneficios a la salud, educación, alimentación, vivienda y otros rubros que han favorecido durante décadas a las familias michoacanas que dependen regularmente de los ingresos por remesas.

Las remesas, aunque son transferencias monetarias en dólares que finalmente llegan al banco central de los países expulsores de migrantes, en realidad equivalen a salarios, ingresos que los migrantes obtienen por vender su fuerza de trabajo. No hay duda de sus beneficios, impacto impositivo y dinamizador de los mercados regionales.

Sin duda, la posibilidad de que los michoacanos en el extranjero accedan a medios que impliquen costos menores para el envío de las remesas sería favorable, pero si la instancia que el “nuevo comienzo” plantea instaurar no lo hace a precios de mercado y competitivos, podría convertirse en un barril sin fondo subsidiado con recursos públicos.

La migración michoacana internacional es un fenómeno complejo, del que se conoce poco, del que no se tienen datos duros para afirmar que más de cuatro millones de michoacanos residen en Estados Unidos, del que no existe una evaluación real y seria del impacto efectivo de las remesas a nivel local y regional.

Entre los expertos, esa declaración de motivos para justificar a los diputados migrantes no está sustentada en hechos y conocimientos reales. Es especulativa, clientelar, populista y corporativa. Por supuesto que la inclusión de migrantes como funcionarios públicos en el Congreso local podría generar una dinámica política distinta.

Particularmente si logra romper el monopolio de una clase política corrupta, de un conjunto de partidos políticos que han sido señalados por sus vínculos con la delincuencia organizada y personajes con agendas políticas personales y de grupo, no ciudadanas. El problema es que la iniciativa reivindica el clientelismo, el populismo y el corporativismo.

Obviedades. 1. El PRI se escandaliza contra una serie de instancias educativas que Morena abrió en las delegaciones de la Ciudad de México en las que gobierna, pero su supuesto interés por la educación revela bien su campaña contra dicho partido y AMLO, pues existen cientos de universidades patito en la capital y en todo el país, que operan favorecidas por el gobierno. 2. El “nuevo comienzo” se equivoca otra vez. No hay tal “campañita inclemente”, sino crítica a tanto yerro de un gobierno que prefiere la propaganda a la resolución de problemas.

Los problemas entre las tribus del derechista PRD son de lo más común y ya a nadie espantan. 3. Acorde con el IGI-MEX. Índice Global de Impunidad 2016 (UDLAP, Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia, 2016), México está en la posición 58 de 59 países con altos índices de impunidad; ésta es de los diez principales problemas de nuestro país, y Michoacán es clasificado como un estado atípico en cuanto a impunidad. 4. Según la UNICEF México, entre 2013 y 2015, aumentaron 333 por ciento los menores migrantes no acompañados en México, la mayoría jóvenes entre doce y 17 años de Guatemala, Honduras y El Salvador. 5. Champaña y caviar para funcionarios de la Función Pública y dispendio de recursos públicos, abusos laborales, contratos amañados y ningún compromiso con la igualdad de género en el Inmujeres. 6. El PAN en Michoacán pretende criminalizar a las mujeres que abortan, por las circunstancias que sean, y atajar las recomendaciones de la SCJN sobre el matrimonio igualitario, cuando uno de sus líderes, el dueño de ProVida, enfrenta un juicio por uso indebido de recursos públicos. 7. La OCDE insiste en nuevas reformas y educación de corte empresarial como la única vía para el crecimiento económico y la inclusión, políticas a favor del capitalismo salvaje, la exclusión y depredación del ambiente. 8. Y la impunidad en el abuso de los recursos públicos sigue: los diputados federales viajaron a diferentes eventos en el extranjero en primera clase, 120 mil pesos por boleto, y viáticos por 450 euros diarios. 9.

Con el discurso de la supuesta libertad de expresión, el gobierno de Enrique Peña Nieto justifica los ataques contra GIEI, grupo de expertos que sigue tratando de esclarecer la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. 10. El reciente Informe Global 2015/16 de Amnistía Internacional afirma que la tortura y la desaparición forzada en México son parte de la crisis de los derechos humanos que lleva décadas, la ruda reacción gubernamental ante la crítica internacional y la creciente resistencia al escrutinio público.