Julio Santoyo Guerrero
Opinión
¡Siguen ahí!
Lunes 8 de Agosto de 2016
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Siguen ahí los grupos criminales, siguen victimizando a la población, siguen penetrando el aparato productivo, siguen cooptando políticos
Siguen ahí los grupos criminales, siguen victimizando a la población, siguen penetrando el aparato productivo, siguen cooptando políticos
(Foto: TAVO)

¡Michoacán ha sido recuperado! Esa ha sido durante más de un año la narrativa que el gobierno federal primero y luego el gobierno de Michoacán han asumido para persuadir a la opinión pública internacional y nacional de que el infierno michoacano había pasado a la historia. ¡Qué bueno que hubiera sido cierto! Sin embargo, los tercos hechos están derrumbando esa versión.
Lo cuestionable a estas alturas es que ni el gobierno federal ni el del estado están dispuestos a modificar una palabra de su narrativa, por eso, cuando ocurren tragedias como la de los calcinados en un paraje de Cuitzeo, salen presurosos ante los medios con versiones que insisten en la idea de que se trata de casos aislados, que al "resolverse" no hay más que buscar, no quedan cabos sueltos.

Lo más que ha concedido el gobierno michoacano es la explicación de que "aún quedan células del crimen organizado que pretenden reorganizarse", ello para confirmar la narrativa oficial de que Michoacán fue recuperado del control criminal y que son las cenizas las que se mueven, de lo que se deriva que el crimen organizado no representa un gran peligro y que las instituciones gubernamentales están cumpliendo debidamente su trabajo en esta materia.

La creciente actividad de la delincuencia organizada en el estado, que ha incrementado el número y crueldad de ejecuciones, levantones e incluso ataques a las fuerzas de seguridad, atracos en despoblado a furgones de ferrocarril, y que no obstante la negativa oficial continúan cobrando cuotas a los pobladores en múltiples localidades, no sólo de Tierra Caliente, sino en las propias cercanías de Morelia, pone a diario en entredicho ese discurso tan lejano de la realidad de los michoacanos.

La tragedia de Cuitzeo pone al desnudo el descuido de la estrategia anticrimen en el estado y es el reflejo de la omisión gubernamental. Desde el gobierno están más preocupados por la imagen mediática y el reforzamiento de su narrativa que por dedicarse a realizar las tareas que son imprescindibles para otorgarle a la población la seguridad que se está demandando desde hace más de una década y que en campaña se le ofreció como oferta principal.

Las circunstancias de la tragedia de Cuitzeo: que haya sido la propia Policía Municipal de Álvaro Obregón –perteneciente al Mando Único– la que los haya levantado y por órdenes del presidente municipal fueran ejecutados y calcinados, genera una preocupación mayúscula que nos debe llevar a preguntarnos: ¿cuántos otros municipios ya están siendo controlados por la delincuencia?, ¿cuántas otras instituciones del gobierno michoacano y federal también han sido tocadas?, ¿qué tipo de poder está atrás del edil de Álvaro Obregón que pudo presionarlo para que tomara semejante decisión?, ¿es la delincuencia la que ha recuperado terreno y no las instituciones del Estado?

Lo que sigue ocurriendo en Michoacán es prueba evidente de que la estrategia anticrimen aplicada desde 2014, con la designación del comisionado Alfredo Castillo, ha sido un fracaso. El costo económico y político de esa decisión no ha correspondido con el abatimiento efectivo de la delincuencia y con el retorno a la normalidad de las instituciones; fue sólo una aspirina que no atacó como se pretendía los orígenes económicos, políticos y sociales del problema.

Siguen ahí los grupos criminales, siguen victimizando a la población, siguen penetrando el aparato productivo, siguen cooptando políticos; en tanto, el gobierno, a manera de mantra, sigue repitiendo su narrativa: "Se enfrentará con todo a la inseguridad". Y en esa contemplación claudicante el crimen avanza sin obstáculos recuperando su viejo poder.

La tragedia de Cuitzeo es en sentido estricto un crimen de Estado porque se operó desde las estructuras del poder del Estado, desde el gobierno municipal y su Policía, y porque del mayor implicado, el gobierno, tenía información que ignoró cuando pudo a tiempo evitar la tragedia. Merece una investigación a fondo para identificar todos los vínculos criminales de los supuestos responsables y para advertir de las amenazas que se ciernen sobre las instituciones michoacanas. Y es que realmente siguen ahí, con tragedia y sangre nos lo están diciendo

Sobre el autor
Julio Santoyo Guerrero Estudió Filosofía en la UMSNH Docente desde 1983 Analista en medios impresos y electrónicos desde 1988 Articulista fundador de Cambio de Michoacán desde 1992.
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