Hugo Rangel Vargas
Inegi, acribillado
Viernes 22 de Julio de 2016
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El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) obtuvo su autonomía jurídica apenas en 2008. Esta condición le resulta fundamental para poder desempeñar su labor que provee de diversos productos útiles para la medición de los resultados de las políticas públicas, así como para que los agentes económicos y sociales tomen decisiones.

Sin embargo, pese a las voces que alertaban riesgos, a la salida de Eduardo Sojo de la titularidad de este órgano autónomo, la administración peñanietista cayó en la tentación de nombrar a un personaje cercano al grupo gobernante. Las opciones para el relevo bien pudieron haber sido alguno de los cuatro vicepresidentes del instituto; sin embargo, fue designado Julio Alfonso Santaella Castell como director de la Junta de Gobierno, mismo que dejaba la Dirección del Fondo Mexicano del Petróleo, cuyo Consejo preside el titular de Hacienda, situación que habla de la relación entre ambos personajes.

Las profecías se cumplieron y siete meses después de esta designación, ante la presentación de las cifras del Módulo de Condiciones Socioeconómicas 2015, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval) –otro órgano autónomo– acusó al Inegi de haber modificado unilateralmente las variables de captación de los ingresos de los hogares.

Las sospechas sobre la opacidad con la que actuó el instituto se acrecientan ante los datos que había dado a conocer el Coneval sobre el crecimiento de la pobreza en la actual administración, misma que se incrementó, de 2012 a 2014, en dos millones de personas para ubicarse en 55.3 millones de mexicanos. Las críticas que ya había venido vertiendo el titular de la Sedesol, José Antonio Meade, en torno a las metodologías que utilizaban los órganos encargados de medir la pobreza en el país, son otro elemento más que abona a estas fundadas suspicacias de la opinión pública.

Pero no es para menos, con los “cambios operativos” que realizó el Inegi en el levantamiento de información de la que recientemente informó a la opinión pública, según se señala en el comunicado del titular de la Coneval, “se presenta un incremento real del 33.6 por ciento en el ingreso en los hogares más pobres en un sólo año, lo cual no es congruente con la tendencia que se ha venido manifestando en otros instrumentos del Inegi y con otras variables económicas”.

Estas adecuaciones que el órgano realizó a espaldas del Coneval también, y esto es lo más grave, significan una ruptura en la serie histórica de la medición de la pobreza, lo que significa que ya no serán comparables las cifras de este año con las de años anteriores.

Si los ajustes en las mediciones eran necesarios, si la construcción de los indicadores de pobreza estaban desfasados en su metodología o si el operativo para el levantamiento de los datos acusaba dificultades técnicas; lo más prudente era realizar los ajustes a la vista de todos los involucrados y no abrir otro frente de sospechas a los ya de por si acumulados en el imaginario de una sociedad arisca por tanta opacidad.

Finalmente, en cualquier proceso de recolección de datos pueden surgir errores e imperfecciones; sin embargo, si ya en el pasado se usó esa regla para dimensionar la pobreza, lo más correcto es seguirla utilizando para poder contrastar datos a lo largo del tiempo y no cambiarla por otra regla que tenga centímetros más amplios o más angostos, y que pese al contentillo de quien la usa, sólo arrojará mediciones incomparables con las efectuadas en otros momentos.

Al margen del intenso e ilustrador debate técnico que se ha abierto en la opinión pública sobre el tema, resulta lamentable que la fortaleza que significaba la autonomía de una institución como el Inegi –que dicho sea de paso, comenzaba a ganar prestigio– sea puesta en riesgo por una decisión política que ilustra el regreso de fantasmas del pasado.

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