Eduardo Nava Hernández
De víctimas y déficit de atención
Viernes 10 de Junio de 2016
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El viernes 3 de junio se realizó en Zamora un interesante foro o conversatorio preparado por el Centro de Estudios de El Colegio de Michoacán al que sus organizadores titularon “Seguridad, justicia y derechos humanos en Michoacán”. Asistimos tres académicos: Carlos Peralta Varela, del ITESO de Guadalajara; Verónica Oikión Solano, del propio Colmich, y quien escribe. Pero el verdadero interés del evento estuvo en la presencia de víctimas de la violencia en Michoacán, como viudas de Cherán, familiares de víctimas de Ostula, entre ellos Emilia García, la madre de Edilberto Reyes García, el niño de once años asesinado por las fuerzas armadas el 19 de julio del año pasado, y Eva, la esposa de uno de los autodefensas de Caleta de Campos detenido con el doctor José Manuel Mireles.

Acudieron también a la invitación de Carmen Ventura Patiño, la investigadora del Colmich organizadora del foro, el licenciado Ricardo Díaz Ferreyra, delegado de la Comisión Ejecutiva Federal de Atención a Víctimas (CEAV) en Michoacán, y la licenciada Andrea Zambrano, delegada de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) en el distrito de Zamora.

Además de constatar a través de diversos indicadores la persistencia en diversas regiones de Michoacán —incluso aquellas que, como la propia zona urbana de Zamora-Jacona, no habían sido mayormente afectadas— de la violencia criminal, los ajusticiamientos, enfrentamientos entre bandas, feminicidios, decapitaciones y otras formas brutales de “antisocialidad”, el conversatorio sirvió para conocer de primera mano el testimonio de las víctimas indirectas, los familiares de los caídos por la violencia de la delincuencia organizada o de los órganos de represión estatal. Coinciden en que, a pesar de varios años de padecer las diversas formas de esa violencia, no han recibido por parte de las autoridades estatales o federales ningún apoyo, ya no se diga económico sino legal o moral.

El abandono, la indefensión y el desamparo son el común denominador de aquellos que perdieron un hijo, esposo, hermano, muchas veces el sustento de la familia, a manos de las bandas criminales o combatiendo a éstas. Peor aún, cuando han muerto o quedaron incapacitados a manos de las fuerzas del orden. Hasta hoy, el Estado en muy pocos casos ha asumido responsabilidades sobre estas tragedias, vividas en realidad por miles de familias michoacanas, al igual que en múltiples regiones del país. 160 mil muertos desde la declaración de “guerra” de Felipe Calderón al narcotráfico hace casi una década, más de 35 mil desplazados por la violencia —documentados por la CNDH— y 28 mil desaparecidos reconocidos por la Secretaría de Gobernación dan cuenta de una situación equiparable a la de un país en guerra civil.

En Michoacán, como se sabe, algunas de las pocas víctimas que han recibido apoyo fueron las de los granadazos del 15 de septiembre de 2008 en el Centro de Morelia. Pero el pasado mes de agosto dejaron de recibir la pensión que se les entregaba porque “se extinguió” el fideicomiso que aportaba la fundación creada por el futbolista Rafael Márquez. Sólo recientemente, al crearse la CEEAV, el gobernador Aureoles emitió un decreto para ampliar los apoyos que venían recibiendo decenas de personas afectadas por esos infaustos hechos.

La guerra contra el narco, la expansión de las actividades criminales, el surgimiento de las autodefensas y la militarización del Estado incrementaron el número de víctimas de la delincuencia.
La guerra contra el narco, la expansión de las actividades criminales, el surgimiento de las autodefensas y la militarización del Estado incrementaron el número de víctimas de la delincuencia.
(Foto: Cuartoscuro)

La guerra contra el narco desde diciembre de 2006, la expansión, pese a ello, de las actividades criminales en los años subsiguientes, el surgimiento de las autodefensas en 2013 y la militarización del Estado incrementaron exponencialmente el número de víctimas de la propia delincuencia y de violaciones a los derechos humanos. Las comisiones federal y estatal eran una necesidad sentida, organismos plenamente justificados.

La Ley General de Atención a Víctimas del 9 de enero de 2013 señala como su objetivo lograr para las víctimas una reparación “integral”. Ésta “comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada en favor de la víctima, teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante cometido o la gravedad y magnitud de la violación de sus derechos, así como las circunstancias y características del hecho victimizante”. El Sistema Nacional de Atención a Víctimas, conformado por los organismos federal, estatales, comisiones de derechos humanos y agrupaciones de la sociedad civil, debe procurar en todos los casos, en teoría, ese objetivo. Para ello deberá disponer de un fondo, una estructura de asesoría jurídica y un registro de víctimas.

No obstante, la información vertida en el foro del viernes 3 y la actitud de los funcionarios dejaron en claro lo insuficiente de su mera existencia, cuando no se les ha dotado de recursos ni personal suficiente para las dimensiones del fenómeno de la victimización en Michoacán y cuando no hay suficiente solidaridad ni compromiso con los ultrajados. El delegado Díaz Ferreyra lo reconoció al señalar que la Delegación de la CEAV en el estado sólo cuenta con ocho elementos como personal, entre abogados, psicólogos y trabajadoras sociales, para atender a la población de toda la entidad. La Comisión Estatal, por su parte, de muy reciente creación, aún no dispone de personal suficiente ni de oficinas para sus delegaciones y tienen que despachar en plazas públicas, cafeterías o restaurantes, donde reciben a los agraviados. Menos aún se han conformado el fondo para la reparación ni el registro estatal de víctimas.

Cherán, donde la victimización data de 2011 o antes, y Ostula, donde desde 2009 ha habido dos decenas de asesinatos a manos de los criminales y de las fuerzas del orden, forman, junto con las matanzas de Apatzingán el 6 de enero de 2015 y Tanhuato en mayo de ese año, parte del amplio mapa de la victimización en Michoacán, que abarca muchos otros municipios y localidades azotados desde hace más de una década por la violencia. En estos casos, como botones de muestra, por ser de los más conocidos públicamente, prevalecen condiciones intolerables de desatención, empobrecimiento de las víctimas indirectas e incumplimientos de promesas y ofrecimientos. La victimización, como en el caso del doctor José Manuel Mireles y de los autodefensas aprehendidos y procesados con él, ha corrido a cargo de los mismos órganos del Estado. La impunidad en gran parte de estos casos conforma una cara de la moneda; la otra, el no reconocimiento y desatención a las víctimas.

El riesgo implícito es que el Sistema Nacional de Atención a Víctimas previsto en la mencionada ley y los organismos creados para ese fin se conviertan en meras instancias aparenciales o de simulación frente a las dimensiones del fenómeno. Un Estado que en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, en los de Tlatlaya, Tanhuato, Apatzingán y varios más ha dado evidencias de ocultamiento o alteración de pruebas y de impunidad y complicidad con los ejecutores no puede garantizar tampoco una atención digna y reparadora a quienes han sufrido los embates de la violencia. No hay verdadera atención a los agraviados ni reparación integral si subsiste la impunidad y si el compromiso estatal no se traduce en hechos reales concretos. Esperemos que eso vaya, bajo la vigilancia de la sociedad civil, cambiando pronto por la salud del país y por restituir el hoy tan mentado tejido social.

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