José Padilla Alegre
EL DERECHO Y SUS GLOSAS
La apelación administrativa
Lunes 28 de Octubre de 2019
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El viernes dieciocho de este mes de octubre de 2019, es decir hace diez días se cumplió un año en que empezó a funcionar la segunda instancia en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán a través de la creación de los Juzgados en materia Administrativa, con el propósito de garantizar el acceso a la justicia a los usuarios que acuden ante esa instancia jurisdiccional a través de la revisión de las decisiones por conducto del recurso de apelación.

Los medios de impugnación siempre han existido en el derecho, partiendo de la base de que los juzgadores y todos los operadores jurídicos de los sistemas de administración de justicia, las realizan seres humanos los que por acción o por omisión pueden cometer errores, al dictar sus sentencias, las que desde hace un año son revisadas por las Salas Unitarias en materia administrativa.

Cabe hacer la aclaración, que hasta antes de la creación de la segunda instancia las unidades burocráticas o autoridades administrativas, no contaban con un recurso efectivo, es decir ellos no podían acudir al amparo, garantía jurisdiccional que si le estaba permitida al particular; en consecuencia, había un desequilibrio procesal entre los contendientes, ya que el estado cuando era llevado al procedimiento contencioso administrativo no tenía a su alcance el recurso del amparo, por lo que siempre quedaba en estado de indefensión, conculcándole el principio de igualdad jurídica que debe existir en toda relación jurídica procesal.

Lo anterior pareciera que no tiene importancia, ya que el estado es fuerte y debe soportar las consecuencias de los yerros jurídicos que causan sus empleados; pero eso no debe ser porque cuando el estado es llamado a un procedimiento administrativo, comparece desprovisto de su poder, tomando en cuenta que lo hace como uno más en la contienda judicial; aunado a que por trascendidos en la prensa, sabemos que aproximadamente el 65% de los asuntos ventiladas ante el Tribunal de Justicia Administrativa los pierde la administración pública, lo que resulta una carga onerosa para el estado; al no poder controvertir ante una instancia superior, posibles errores en una apelación.

La segunda instancia en el tribunal de justicia administrativa. También es una adecuación al orden constitucional mexicano la que contiene implícita la segunda instancia; igualmente honra la protección a un recurso judicial efectivo con la doble instancia, como se encuentra establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos suscrita en San Jose (Costa Rica) en el año de 1969 y ratificada por México el 24 de marzo de 1981 por lo que desde esta fecha se tiene el deber de adecuar, el derecho interno -El Código de Justicia Administrativa- a la Convención Americana, obligación que abordo la LXXIII legislatura al crear la apelación, propiciando la segunda instancia.

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán.
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán.
(Foto: Especial)

Diseño legislativo de la apelación en el Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán. En el ordenamiento de referencia, la apelación se encuentra regulada en el capítulo décimo noveno en solo cinco artículos del 315 al 319 en los que se encuentra plasmada la secuela procesal de la apelación.

El 315 que señala las determinaciones contra las que procede el recurso de apelación, como lo son: las determinaciones de los Magistrados Anticorrupción cuando impongan sanciones por la comisión de faltas administrativas graves o faltas de particulares; y, en contra de las que determinen que no existe responsabilidad administrativa por parte de los presuntos infractores, ya sean servidores públicos o particulares.

En la parte final de este artículo establece que es procedente la apelación en contra de las determinaciones de los jueces administrativos.

Por su parte el artículo 316 determina la forma – por escrito- y plazo –en los quince días posteriores a la notificación de la sentencia definitiva- ante el juez o magistrado que haya emitido la resolución.

Y tratándose de apelación contra sentencias definitivas de los jueces administrativos, se turnará para su trámite al Magistrado de Sala Administrativa Ordinaria que por turno corresponda.

Por su parte la apelación contra sentencias de Magistrados Especializados se turnará al Magistrado de la materia, distinto del instructor, para su trámite y será resuelta por el Pleno.

Llama la atención la forma en que se resolverán las apelaciones en materia anticorrupción, ya que será el pleno quien resuelva a propuesta de un magistrado instructor, siendo este el otro que no resolvió; sin embargo en una materia que es sobre responsabilidades administrativas resolverán junto con los dos Magistrados especializados en el sistema anticorrupción los otros tres Jurisconsultos que solo conocen de la materia administrativa; es decir van a resolver sobre una especialidad los que no son especialistas; trastocando el principio general del derecho sobre la lex specialis que se explica diciendo que la ley especial tiene prevalencia sobre la ley general; lo anterior traspolado a la materia que conocen los magistrados que integran el pleno -dos con especialidad en anticorrupción y tres sobre Derecho Administrativo en general -; por tanto los tres que conocen sobre el derecho administrativo en general no tienen conocimientos que les permitan hacer prevalecer sus criterios sobre los magistrados especializados.

Por lo anterior es urgente una nueva reforma al Código de la materia para crear un juzgado en sistema anticorrupción que permita una apelación a semejanza de la del derecho administrativo en general; ya que el vericueto legislativo a que me refiero en el párrafo anterior, trastoca el principio general del derecho al que hice referencia.

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