Francisco Lemus
VISOR
Después de la batalla de Culiacán
Jueves 24 de Octubre de 2019
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No es novedoso el tema de la impotencia del Estado a imponer el monopolio de la violencia, pero la violencia por sí misma no puede ser la solución a los desafíos que enfrenta, así que es comprensible que el actual gobierno no pretenda imponerla al costo que sea, sea cual sea el caso, es preocupante que el gobierno se encuentre debilitado ante los delincuentes.

Esta situación se empezó a gestar a finales de 2006, cuando el gobierno de Felipe Calderón buscó consolidarse a través de la invención de un enemigo que siempre estuvo ahí pero que nunca se consideró de dimensiones tales que requirieran el enfrentamiento abierto con la máxima autoridad nacional.

A partir de entonces la violencia se recrudeció en el país, los índices de homicidios que iban a la baja constante desde los convulsos años de la Revolución repuntaron; situación que estuvo estrechamente correlacionada con la presencia del ejército en las calles.

Los narcotraficantes hasta hacia poco tiempo habían crecido, como toda la economía mexicana, al amparo del gobierno, hubo narcotraficantes que pertenecieron de otra manera a instituciones del Estado, o incluso contaban con sus credenciales del partido hegemónico; más de uno aprendió el oficio del robo y la violencia en las filas policiacas.

Pero conforme los negocios crecen y el Estado va perdiendo fuerza, se vuelve imperativo actuar de manera independiente y cada vez más agresiva, poco a poco los narcotraficantes se fueron desprendiendo del Estado y el gobierno para buscar su propio camino y en caso de ser necesario, enfrentársele.

Hoy el Estado tiene que competir con el narco los espacios de la economía y hasta de la vida social, la paz y la seguridad nacional están amenazados por las acciones de los grupos delincuenciales y quien lo niegue es porque no tiene idea de los métodos violentos que utilizan estos grupos para ganar mercados y eliminar competidores.

Tal vez, haber llevado hasta sus últimas consecuencias la detención de uno de los muchos miembros del crimen organizado hubiera terminado en un baño de sangre, pero seguramente esas son cosas que se debieron haber evaluado antes de iniciar las acciones y mejorar la estrategia.

Es un hecho que el gobierno quedó superado por el crimen organizado y por tanto expuesto como incapaz de imponer la ley. De nuevo resuena el Estado de Naturaleza de Hobbes, en el que cada persona debe procurarse la seguridad y condiciones de vida por sus propios recursos, lo que significa un retroceso social de cientos de años.

El Estado tiene como obligación erigirse como ente superior, moral y políticamente, aquel que pueda garantizar a todos los ciudadanos derechos, observar el cumplimiento de las obligaciones, así como la efectiva impartición de justicia, cuando este papel se ve comprometido, todo el proyecto de Estado puede derruirse en un instante.

Es muy seguro que el gobierno federal empiece a planear maniobrar para enfrentar en mejores condiciones, y tal vez no necesariamente por medio de la violencia, al crimen organizado. Ya sea negociada o no, será determinante que encuentre una salida a esta crisis, de otra manera todo el proyecto estará deslegitimado en muy poco tiempo.

Sobre el autor
Francisco Javier Lemus Yáñez Es doctorante en Ciencias de la Sostenibilidad por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), maestro en Estudios Políticos y Sociales por esta misma universidad, y Licenciado en Economía por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH). En 2010 inició sus labores como reportero de economía en Cambio de Michoacán, desde 2011 colabora con el segmento Visor en el cual trata temas de economía, política y sociedad. Es profesor de asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
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