Hugo Rangel Vargas
Presupuesto: la madre de todas las batallas
Viernes 27 de Septiembre de 2019
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En las campañas políticas del año pasado, recorrieron los trescientos distritos electorales del país un sin número de candidatos a diputados federales. Sus propuestas legislativas abarcaban toda una serie de rubros: en materia electoral, participación ciudadana, regulación educativa, de salud, etcétera; pero la gran constante que ofertaban era que serían gestores de presupuesto para obra pública.

El artículo 74 de la Constitución otorga a la Cámara de Diputados la facultad de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación, y hasta antes del 2018, esta atribución era utilizada como medida de chantaje de los legisladores hacia el titular del Ejecutivo para aprobar, fast track y prácticamente sin cambios, el presupuesto propuesto por el Presidente. Para ello, claro está, había una componenda a cambio: la discrecionalidad en la asignación de recursos del ramo 23.

Con esta facultad metaconstitucional ejercida por cada uno de los legisladores, el recinto de San Lázaro terminó convirtiéndose en un ir y venir de presidentes municipales y gobernadores que llegaban a las oficinas de los legisladores a solicitar que se les etiquetaran recursos, ello a cambio de un porcentaje de recursos para el “diputado gestor” o bien teniendo como gesto de amabilidad, la asignación de la obra pública en favor de alguno de los recomendados por el legislador.
En 2018, el monto de recursos que recibió el ramo 23 fue de 169 mil 390 millones de pesos, mismos que equivalían a más de tres veces las economías destinadas a la ciencia y tecnología. Un porcentaje considerable de estos recursos, terminó en manos de constructoras de familiares y amigos de los diputados federales, cuando no, en las cuentas bancarias de ellos mismos.

El uso irracional de los recursos del ramo 23 derivó también en otra perversión: la evasión de los estados y de los municipios de su responsabilidad recaudatoria. Por sólo citar un caso de impuesto que no es cobrado por los niveles subnacionales de gobierno: México es uno de los países de la OCDE que menor recaudación tiene de impuesto predial como porcentaje del PIB. Esta cifra equivale apenas al 0.9 por ciento, mientras que el promedio de los países de este organismo oscila en el 5.5 por ciento.

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(Foto: TAVO)

Vale señalar que, desde hace años, esta organización ha recomendado a nuestro país el tomar medidas para que los gobiernos locales mejoren sus capacidades recaudatorias, sin embargo, para gobernadores y alcaldes ha sido más cómodo y menos comprometedor políticamente el “gestionar”, cada año ante el congreso de la Unión; presupuestos asignados a contentillo de los legisladores.

Aunado a lo anterior, la asignación sin rumbo de recursos millonarios por parte de los legisladores, terminó extraviando el concepto básico de la planeación. El Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales y regionales que derivan de él, terminaron siendo un documento sin efectos económicos, puesto que todas las obras que se ejecutaban con el ramo de los moches nunca garantizaron estar alineadas con estos instrumentos.

Para el 2020, el ramo 23 no ha desparecido, tal y como lo había planteado el coordinador de MORENA en la cámara baja, Mario Delgado; ni tampoco se le ha regulado, como lo propuso Acción Nacional. Sus recursos se han incrementado ligeramente, pero en gran medida derivado de las mayores economías que tendrá el Fondo para estados y municipios productores de petróleo. Existe, sí, la consigna en la fracción mayoritaria de MORENA que no habrá moches, tal y como ocurrió desde el año pasado.

Pese a ello, el regreso a la apetitosa carrera por los moches y el manejo discrecional del presupuesto, esta presente en una buena cantidad de diputados, incluso en algunos recientemente llegados a MORENA, quienes en el pasado inmediato bebieron de esas mieles.

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