Juan Pérez Medina
Ante la indolencia del gobierno, la organización y la movilización
Martes 7 de Junio de 2016
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En 2001, los gobiernos estatal y municipal sacaron del centro histórico al comercio informal para reubicarlo en varias plazas comerciales.
En 2001, los gobiernos estatal y municipal sacaron del centro histórico al comercio informal para reubicarlo en varias plazas comerciales.
(Foto: Especial)

En la entidad hemos tenido gobernadores priistas y perredistas, ambos cortados con la misma tijera. Acuden a reuniones cotidianamente con los ricos y se muestran indolentes con los pobres, los cuales hacen antesala una y otra vez y con semanas de anticipación. Les solicitas una reunión ejerciendo tu derecho de petición y tu solicitud se pierde en el marasmo del olvido porque los pobres no son importantes, salvo para darles el voto.

Cuando llegan a plantear sus asuntos ante una autoridad, tienen un “sí” como respuesta que a veces se repite en innumerables ocasiones. Llegan a pasar años y el problema sigue igual, con un “sí” como respuesta pero ninguna acción. En ocasiones llega el siguiente gobierno y el peticionario vuelve a comenzar con su mismo dolor, el gobierno en turno vuelve a asumir el comportamiento del anterior y el tiempo sigue pasando. Se han llegado a dar casos en que el peticionario muere y su caso sigue irresuelto. Esa es una de las tantísimas desgracias de los pobres.

En 2001, los gobiernos estatal y municipal sacaron del centro histórico al comercio informal para reubicarlo en varias plazas comerciales previamente acondicionadas. Para ello crearon el Fideicomiso para el Reordenamiento del Centro Histórico de la Ciudad de Morelia, el cual, presidido por el secretario de Gobierno, se propuso dar atención a la nueva condición de los comerciantes informales. Desde entonces, el Fideicomiso no se ha reunido, es más, muchos de los funcionarios municipales ni siquiera saber que existe. Las plazas en su mayoría lucen a medio llenar y muchos de sus locales permanecen vacíos o cerrados. Hay locales que desde la adjudicación nunca fueron ocupados y otros más fueron abandonados con el paso del tiempo. La falta de apoyo y el incumplimiento de las promesas hechas en su momento por los gobernantes en turno acabó por hacer fracasar esa expectativa, no así la de hacer del centro histórico un espacio para el beneficio del gran comercio.

En el gobierno de Lázaro Cárdenas, luego de Leonel Godoy, de Fausto Vallejo, de Salvador Jara y ahora de Silvano Aureoles, comerciantes de algunas de estas plazas fallidas, han solicitado una y otra vez que el secretario de Gobierno en turno convoque a reunión de los integrantes del Fideicomiso para buscar una alternativa a la triste y lamentable situación que están pasando. Pero una y otra vez han topado con la indolencia y el desprecio de los funcionarios responsables. Lo dicho: los pobres no son prioridad de gobierno alguno a menos que sea para sacarles tajada.

Nada se puede hacer sin la intervención del fideicomiso y éste no puede sesionar sin la convocatoria expresa del secretario de Gobierno, argumento recurrente de los gobiernos municipales que en su momento recibieron la solicitud de los locatarios. ¿En qué beneficia un Fideicomiso para los comerciantes de las plazas si éste no se reúne? Los locatarios no pueden reactivar las plazas comerciales porque el proceso para entregar sus espacios está inconcluso y por eso no son sujetos de crédito. Se supo en su momento de una cantidad de recursos para este fideicomiso, ¿dónde quedaron esos recursos y cuál es el monto de los mismos?, ¿saben lo que piden estos ciudadanos? Una reunión con el secretario de Gobierno para pedirle que reactive el Fideicomiso, ¿es mucho pedir?

De igual manera sucede con los colonos del noreste de la ciudad, específicamente de la colonia Clara Córdova, quienes después de 22 años bajo el dominio y explotación de Antorcha Campesina decidieron organizarse para darle certidumbre a la tenencia de la tierra de los lotes que habitan. 22 años en que mes con mes entregaban su mesada a este grupo faccioso priista con la promesa de que pronto ese problema se resolvería y contarían con sus escrituras y, bajo la amenaza de que quien no pagara o se mostrara descontento podría perder su lote, así ha sido con muchos a lo largo de ese tiempo. Hay lotes que los líderes han vendido hasta en cuatro ocasiones.

Los colonos de la Clara Córdova desde hace cinco años vienen pugnando ante los gobiernos estatales y locales por atender su solicitud, sin embargo hasta hoy eso no ha sido posible. Han avanzado sí, pero ha sido gracias a su tenacidad y determinación; son incontables las veces en que se han movilizado y tomado Palacio Municipal o emplantonado frente a Palacio de Gobierno. Reuniones van y reuniones vienen y el comportamiento es el mismo. En los últimos meses de la Legislatura anterior lograron que se decretara el cambio de uso del suelo y se reconociera la necesidad de legalizar los terrenos en favor de los demandantes que ya cuentan con los servicios básicos desde hace más de quince años. Con este gobierno, los colonos han vuelto para solicitar que en cumplimiento a lo acordado por el Congreso se dé paso a la legalización del terreno por medio de la compra-venta del mismo. En casi un año los colonos han estado en varias ocasiones en las dependencias del gobierno estatal y municipal responsables sin que hasta hoy el asunto tenga siquiera visos de resolverse.

En citas establecidas con los funcionarios que tienen que ver con el asunto se han visto ignorados, pues a la mera hora no se han presentado, y en ocasiones ni siquiera están agendados.

El gobierno quiere que se venda el lote al precio que su actuario ha establecido y que se deriva de lo que el Congreso estipuló en su ley de ingresos última; pero lo cierto es que en este caso resulta por demás oneroso para los colonos, pues son familias pobres y, además, tienen 22 años en posesión del predio. Estos a su vez han hecho una contrapropuesta y, junto con ella, han solicitado una reunión para llegar a un acuerdo definitivo, pero desgraciadamente no son los Medina, ni los Ramírez, ni gerentes de alguna empresa transnacional o monopolio tipo Oxxo o Wal-Mart.

De igual manera, colonos de Arteaga han solicitado apoyo a sus múltiples necesidades sin que haya funcionario que los escuche siquiera. En su caso, por ejemplo, tienen dos años pagando el Predial de sus lotes, pero no cuentan con sus escrituras que ellos gestionaron ante Corett sin la intervención del gobierno actual. Ahora los funcionarios de esa dependencia alegan que no se han entregado porque el gobernador quiere hacerlo personalmente. Como si a él le hubieran costado. Y no es que la gente se niegue, sino que ya hace casi un año que este argumento se mantiene y hasta hoy no hay luces de concretarse o desecharse.

¿Qué les queda a estos pobres de la tierra?, ¿qué hacer ante este tipo de tratamiento? Que nadie se espante cuando vea venir a los colonos y a los locatarios en masa a solicitar que se les atienda. No es porque quieran perturbar la paz pública y afectar los jugosos negocios de los locatarios establecidos del Centro, ni tampoco por molestar con cortes en la vialidad a los transeúntes, sino porque después de tanto buscar por las vías de la cortesía la atención a sus problemas no han encontrado más que el desprecio, el dedo en la boca o dicho de otra manera, atole con el dedo: la indolencia, pues. La Central Unitaria de Trabajadores (CUT), a la cual algunos pertenecen, los acompañará y desde este momento decimos que de lo que ocurra hacemos responsable a este gobierno de funcionarios indolentes e irresponsables, con los pobres, ¡claro que sí!

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