Julio Santoyo Guerrero
El presidente y la expansión ilegal del aguacate
Lunes 5 de Agosto de 2019
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Cuentan quienes estuvieron en la reunión entre el presidente y los empresarios michoacanos la semana pasada que entre los variados temas abordados él hizo mención al problema del negocio de los aguacates; que mostró singular preocupación por los daños ambientales que la expansión del cultivo está ocasionando a Michoacán.

Al menos, ahora sabemos, el grave asunto con implicaciones ecocidas, ha ocupado una pequeña referencia presidencial a uno de los problemas más delicados que mantiene en vilo a la mayoría de los michoacanos. Que esa inicial preocupación del ejecutivo se traduzca en una política pública específica es lo que quisiéramos. Y debiera ser así porque detener el tsunami aguacatero implica activar, en una dirección sensata y sustentable no sólo los resortes estrictamente ambientales, sino desde luego los del desarrollo económico, de la seguridad, de la atención a la pobreza, de la salud, de la educación.

Debiera esperarse entonces, si hay consecuente interés en el asunto, que en la visita de este fin de semana a tierras michoacanas el ejecutivo federal haya planteado al gobierno estatal y a los gobiernos municipales un conjunto de acciones para detener el deterioro de bosques, aguas y tierras. Sería una buena noticia el pronunciamiento presidencial en torno a un asunto cardinal para el futuro ambiental y económico del estado que hasta ahora se ha combatido con buenas intenciones, algunas e insuficientes acciones estatales y poquísimas municipales.

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(Foto: TAVO)

Y es que a pesar de que en las leyes federales están claras las restricciones para el cambio de uso de suelo y precisos los criterios para que los derechos ambientales de los mexicanos se preserven, la ausencia de políticas nacionales al respecto, hacen que la porosidad de la normativa adquiera dimensiones de amplísimo portal por el que ingresan todo tipo de prácticas para vulnerar tales derechos. En aras de la prosperidad económica, del bienestar de las familias, del valor del producto interno bruto y de la oportunidad en el mercado, los cultivadores ilegales del oro verde están cancelando el futuro de la población.

La importancia de que el gobierno federal desarrolle y aplique una política pública para contener el ecocidio en nuestro estado, en armoniosa coordinación con el gobierno estatal y los municipios, sería valorada por el hecho de que hasta ahora las instituciones de los tres ámbitos han caminado con recurrentes confrontaciones y con una valoración contradictoria del problema que propicia la impunidad ambiental y alienta la destrucción de la naturaleza.

Si una política así contemplara, como entendemos debería ser, el combate a la corrupción, estaría tocando el corazón del problema. La devastación que los ojos de los michoacanos alcanzan a mirar todos los días cuando viajan por las carreteras que comunican las zonas aguacateras, tiene como origen central la componenda. No sólo es que las instituciones están sumamente debilitadas por una austeridad mal concebida, que las mantiene al borde del cierre, ahora esa debilidad justifica la omisión generalizada. El franco desmantelamiento de las instituciones ambientales federales es la mejor noticia que han recibido en años los capitales aguacateros que se han expandido en la ilegalidad desde hace bastante tiempo.

Si el presidente ha dicho que le preocupa el crecimiento desordenado de las plantaciones aguacateras en Michoacán, ojalá, pueda ser el inicio de acciones para corregir. Nada más contundente que ver, como no se ha visto en años, la colaboración y coordinación operativa de los tres niveles de gobierno bajo un propósito bien claro: detener de una vez por todas el criminal cambio de uso de suelo, y muy necesariamente para llevar ante la ley a quienes por la vía de la corrupción se han enriquecido a costa de pisotear los derechos ambientales de los michoacanos.

Tiene la oportunidad el presidente Obrador de reivindicar la agenda ambiental de su gobierno. Una agenda que se le ha ido de las manos en casos como el del aeropuerto de Texcoco, el de Santa Lucía, el Tren Maya, dos Bocas, la crisis del sargazo y el uso de combustibles fósiles. Esperemos los hechos.

Sobre el autor
Julio Santoyo Guerrero Estudió Filosofía en la UMSNH Docente desde 1983 Analista en medios impresos y electrónicos desde 1988 Articulista fundador de Cambio de Michoacán desde 1992.
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