Culpables, aunque demuestren lo contrario

Ramón Guzmán Ramos

Un elemento importante en la estrategia para diseñar y aplicar la Reforma Educativa ha sido la campaña –que no cesa– para desprestigiar a los maestros. El gobierno federal sabía que una parte considerable del magisterio se opondría y emprendería un movimiento férreo de resistencia, de manera que había que desacreditarlos ante la sociedad. De esta manera, sería más fácil aislar y, en su caso, sofocar cualquier brote de inconformidad que amenazara con extenderse. Fue lo que hicieron desde el principio. Grandes intereses y privilegios se mueven en el ámbito sindical, decían. La corrupción, la herencia y venta de plazas; el manejo discrecional de grandes recursos por parte de los dirigentes, la existencia de miles de maestros que tienen varias plazas y las cobran sin trabajar, comisionados a funciones políticas; la corrupción en los procesos de ingreso, cambios de adscripción y promociones; el uso del sindicato como trampolín para saltar a cargos públicos, etcétera, era una realidad de oprobio que desaparecería en automático con la reforma. El diagnóstico se refería a una situación tan evidente que uno se preguntaba por qué no la habían advertido desde antes. Sólo que se trataba –y se trata– de una realidad que ha sido generada y de la cual se aprovecha la dirigencia nacional del SNTE. El encarcelamiento de Elba Esther Gordillo no acabó con esta descomposición. El gobierno federal puso en su lugar a Juan Díaz de la Torre y lo tomó bajo su control. Entonces ese diagnóstico se lo arrojaron sin más a los maestros de la CNTE.

El gobierno federal consideró que la aplicación de la reforma le serviría también para extinguir de una vez por todas a la disidencia magisterial. Por eso no han escatimado ningún recurso para confrontar y atacar a los maestros cada vez que éstos se manifiestan por la revisión y abrogación de tal reforma. Han convertido a la evaluación en un instrumento de persecución y castigo. La evaluación, por cierto, es el eje central de esta reforma que no toca de manera sustancial la parte educativa. Hasta los panegiristas del régimen aceptan ahora que se trata en realidad de una reforma administrativa y laboral. En manos del secretario de Educación, la evaluación es el instrumento que le sirve para denostar, calumniar, amenazar, cesar, encarcelar y justificar el uso de la fuerza pública contra los maestros que demandan diálogo y negociación. Pero he aquí que la situación ha dado un giro que ellos no esperaban. El movimiento de los maestros se fortalece, crece, se intensifica y se extiende a otras entidades del país. Lo más preocupante para el Estado es que la lucha magisterial empieza a verse rodeada y acompañada de una creciente solidaridad de parte de los padres de familia y demás sectores de la sociedad, los cuales, por cierto, empiezan a participar en el movimiento de una manera directa, incorporando sus propias demandas, expresando su descontento, su indignación y hartazgo por todo lo que les pasa y le pasa al país.

El discurso de Aurelio Nuño había entrado a tal proceso de desgaste que ya no tenía ningún efecto. No atinaban cómo darle a su campaña un nuevo impulso. Es en este contexto que ocurre el incidente de Comitán, Chiapas. Las imágenes de los maestros siendo rapados, vejados, humillados, han recorrido todos los medios. El hecho ha servido para arrojar sobre el movimiento una nueva andanada de condena y desprestigio. No se trata de dar cuenta de los hechos, de indagar antes de juzgar y condenar, sino de aprovechar lo que ha pasado para volver a la carga. No importa que la CNTE en Chiapas se haya deslindado del incidente, tampoco que algunos de los directores y supervisores que sufrieron el ataque hayan declarado que no fueron maestros quienes los raparon, que ellos mismos simpatizan con el movimiento y rechazan la reforma. Tampoco importa que se haya sabido que los perpetradores pertenecen a una organización de vendedores ambulantes, la Organización Popular Independiente Emiliano Zapata (OPIEZ), ligada sospechosamente al presidente municipal de Comitán, Mario Antonio Guillén Domínguez, y al presidente municipal de San Cristóbal de las Casas, Marco Antonio Cancino González. Nada de esto importa. Los maestros en movimiento han sido declarados culpables y condenados, no importa que hayan demostrado que ellos no tienen responsabilidad en el asunto. Hasta ahora, han sido los docentes en resistencia los que están sufriendo el despido, la cárcel, la intimidación permanente. Cuando han sido desalojados de espacios públicos en la Ciudad de México, han evitado la confrontación. Ha sido la fuerza pública la que les impide transitar por carretera para acudir a las movilizaciones, violando así derechos fundamentales de toda la sociedad, como el de expresión, organización y manifestación. Y son los maestros en resistencia los que piden diálogo y el gobierno el que se los niega.

Estamos ya ante un movimiento que no es sólo de los maestros en rebeldía. Los padres de familia han comprendido que la Reforma Educativa los afecta también a ellos de una manera directa, y afecta a la sociedad en su conjunto. En la reforma se incluye una figura que le sirve al Estado para disfrazar una modalidad específica de privatización. Es la llamada “autonomía de gestión de las escuelas”. No se trata de promover la transformación democrática –en un sentido horizontal– de las escuelas, tampoco la garantía de que los docentes puedan conservar su derecho a la libertad de cátedra, o que la organización de control vertical que existe desaparezca para dar lugar a un tipo de comunidad escolar: una comunidad democrática del conocimiento que pudiera extender sus espacios y su influencia a la sociedad. De lo que se trata es de abrir los espacios de la escuela a la injerencia de agentes externos, sobre todo del sector empresarial, y de echar sobre los bolsillos de los padres de familia el financiamiento del centro escolar. Hace tiempo que el Estado se ha venido desentendiendo de su responsabilidad para con la educación pública. Paulatinamente ha dejado de invertir recursos para la construcción de escuelas y espacios educativos, para el mantenimiento de las mismas y el pago de los servicios que requieren. Muchos de estos gastos los han venido cubriendo los padres de familia en coordinación con el trabajo de gestión de los maestros. El problema es que esta anomalía ha quedado registrada ahora como parte de una ley que le permite al Estado darle la espalda a la escuela y dejar que la conviertan en un mercado en disputa. El programa Escuelas al 100, del que se vale Aurelio Nuño para darle a la reforma una imagen benigna y que cuenta con 50 mil millones de pesos para aplicar en infraestructura escolar, es el último tirón para la apertura privatizadora. Habría que decir que el monto es de por sí insuficiente para cubrir las necesidades de todo el universo escolar, pero lo más grave y sintomático es que el gobierno federal ha hipotecado por más de 20 años los recursos que les corresponden a los municipios y que son destinados a apoyar a las escuelas. Son recursos que quedarán agotados en este sexenio. Es la otra parte del disfraz para encubrir el verdadero rostro de la Reforma Educativa.

Desde luego que el Estado no reconoce que la reforma abre los espacios de la escuela a ciertas modalidades de privatización, tampoco que con ello se quita la responsabilidad para con un sector que es fundamental para el desarrollo del país. Nos ha querido vender la idea de que con esta reforma la crisis educativa –que el propio Estado ha provocado y que ha querido arrojar sobre las espaldas de los maestros, haciéndolos pagar con la anulación de sus derechos históricos– quedará superada de una vez y para siempre. Pero no nos explica por qué allí donde se ha aplicado sin mayores problemas las cosas no han mejorado sustancialmente.

El gobierno federal sabía que una parte considerable del magisterio se opondría y emprendería un movimiento férreo de resistencia.
(Foto: Especial)