Alma Gloria Chávez
Diálogo interrumpido, acuerdos incumplidos
Sábado 20 de Febrero de 2016
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Veinte años han transcurrido desde que se firmaron los Acuerdos de San Andrés Sakamch´en (o Larráinzar), Chiapas, entre delegados del gobierno federal y la Comandancia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), un 16 de febrero del año 1996.

Luego del levantamiento zapatista de enero de 1994 que obligó al gobierno a atender reclamos indígenas postergados durante siglos y en esta fecha plasmados en un programa político de diez demandas, fue que el mundo de la sociedad civil (nacional e internacional) marchó y se movilizó para que callaran los fusiles de ambos lados. Y significó un momento decisivo para la historia del Ejército Zapatista, porque éste, preparado ya para la lucha armada, optó por escuchar y enfrentar un mundo desconocido y se dispuso a utilizar la palabra como principal arma: a escuchar, a preguntar y a tratar de entender los reclamos de esa sociedad civil que lo apoyaba, pero sin seguirlo con fusil al hombro. Entonces se hizo el diálogo.

Luego del levantamiento zapatista que obligó al gobierno a atender reclamos indígenas postergados durante siglos, fue que el mundo de la sociedad civil (nacional e internacional) marchó y se movilizó.
Luego del levantamiento zapatista que obligó al gobierno a atender reclamos indígenas postergados durante siglos, fue que el mundo de la sociedad civil (nacional e internacional) marchó y se movilizó.
(Foto: Especial)

La sociedad civil activa, esa que no olvida la historia represiva de sucesivos gobiernos en contra de justas demandas, demostró que es necesaria una nueva forma de hacer política, que involucre efectivamente a todos los sectores de la sociedad a través de la participación para converger en un movimiento ciudadano que brinde la posibilidad de construir una “sociedad con rostro humano” donde el principal interés de todos/as sea el bien común.

El 11 de marzo de 1995, en vista del avance militar en la zona de conflicto y ante la insistencia de la sociedad civil nacional e internacional por detener las hostilidades, el Congreso de la Unión promulgó la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, que tiene como objetivo alcanzar una solución justa al conflicto armado iniciado el 1º de enero de 1994 en esa entidad.

La ley promulgada establecía: 1. Suspender las órdenes de aprehensión en contra de integrantes del EZLN. 2. Garantizar el libre tránsito de sus integrantes y negociadores. 3. Crear la Comisión de Concordia y Pacificación como instancia de coadyuvancia integrada por legisladores de todos los partidos políticos, y 4. Crear la Comisión de Seguimiento y Verificación encargada de vigilar los compromisos pactados dentro del proceso de concordia y pacificación.

Una vez promulgada esta ley, se iniciaron las negociaciones entre el gobierno y el EZLN en la comunidad de San Miguel. Ambas partes establecieron un método de trabajo que comprendía cuatro mesas temáticas: la primera, “Derechos y cultura indígenas”, concluyó en febrero de 1996 con la firma de los Acuerdos de San Andrés. La segunda, “Democracia y justicia”, inició a principios de marzo pero fracasó en su primera ronda porque el gobierno se abstuvo de llevar invitados y no hizo ninguna propuesta. Las dos siguientes: “Bienestar y desarrollo” y “Derechos de la mujer” no llegaron a realizarse.

Hasta ese momento (febrero de 1996), el único acuerdo sustantivo de paz fue el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas incluido en los Acuerdos de San Andrés, que hasta la fecha –20 años después– no se ha legislado ni cumplido, muestra inequívoca de sucesivos gobiernos carentes de compromiso y voluntad política, que además de falsear su espíritu nacionalista y democrático, ofenden a los pueblos indígenas al considerarlos “sujetos de atención”, no individuos con derechos.

El 29 de agosto de 1996, ante el incumplimiento de dichos Acuerdos, el EZLN decidió suspender el diálogo hasta que no se cumpliera con cinco condiciones mínimas para proseguir con las negociaciones: 1. Desarme de los grupos paramilitares y cese a las hostilidades en la zona norte del estado de Chiapas. 2. Instalación de la Comisión de Seguimiento y Verificación. 3. Liberación de los presuntos zapatistas presos. 4. Nombramiento de una delegación gubernamental con capacidad de decisión y dispuesta al diálogo, y 5. Reforma constitucional que reconozca los derechos de los pueblos indígenas, de acuerdo con lo pactado en San Andrés.

En octubre del mismo año, al no lograrse un consenso sobre la traducción de estos Acuerdos a términos constitucionales, ambas partes se pronunciaron porque la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) redactara un proyecto de reforma constitucional que fue presentado el 29 de noviembre y aceptado por el EZLN.

Por su parte, el gobierno de Ernesto Zedillo presentó una contrapropuesta que no satisfacía las demandas indígenas y ya no hubo más diálogo ni acuerdos.

El periodista Hermann Bellinghausen, enviado especial a territorio zapatista, así lo documenta: “Hoy (16 de febrero), al llegar a la cabecera municipal de San Andrés (oficialmente Larráinzar; Sakamch´en de los Pobres para el EZLN desde diciembre de 1994, al establecer sus municipios autónomos), lo primero que uno topa, como hace 20 años, es la base del Ejército federal, la cual recuerda que la guerra no ha terminado. Paradójicamente, en este poblado se construiría una situación excepcional en estas tierras indígenas. Tras dos décadas de militarización sostenida, contrainsurgencia incluso paramilitar, divisiones comunitarias inducidas por programas oficiales y proselitismo partidario, las dos presidencias municipales –autónoma y oficial– conviven a la vista de todos y no es infrecuente que tomen decisiones en común… Los andreseros han mostrado notables capacidades de acuerdo y convivencia, a pesar de las políticas oficiales que inducen divisiones comunitarias”.

A pesar de los “oídos sordos” del gobierno en turno, los Acuerdos de San Andrés, al haberse construido con la participación de los pueblos indígenas, han tenido un impacto fuerte en varios estados del país que han hecho reformas a sus constituciones y aprobado leyes con el argumento de que se cumple con los Acuerdos. Así, aunque las causas del levantamiento zapatista en 1994 no se han modificado sustantivamente, esos Acuerdos han ido permeando acciones gubernamentales y, sobre todo, han dado nuevos rumbos a las acciones de los pueblos indígenas.

Sobre el autor
Alma Gloria Chávez Castillo. Oriunda de Pátzcuaro, realizó estudios formales en el lugar. Por interés personal complementó su formación con actividades artísticas como la pintura, la danza, el teatro y la pantomima. Su vocación de servicio le ha llevado a promover o insertarse en espacios culturales orientados a niños/as y jóvenes. Ha sido colaboradora fraterna con organizaciones indígenas de la región a través de espacios radiofónicos y prensa escrita. Promotora de lectura y cuenta-cuentos, fundadora y activista de grupos de mujeres, vive anhelando una sociedad libre de violencia.
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