Eduardo Nava Hernández
Tapadismo y priismo en la Universidad Michoacana
Viernes 4 de Enero de 2019
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Dentro de muy pocos días, como es sabido, se designará al nuevo rector de la Universidad Michoacana. Será un nombramiento, como los que hemos visto en los últimos 32 años, ajeno al sentir y a las opiniones de la comunidad. Desde la reforma de septiembre de 1986 a la ley orgánica de la institución, que creó a la Comisión de Rectoría como una instancia ajena al Consejo Universitario —del que originalmente formaba parte— ésta es un órgano de gobierno que, a pesar de la alta responsabilidad que le toca en la investidura del representante legal de la llamada Casa de Hidalgo, no rinde cuentas a nadie y se mueve con absoluta liberalidad y sin el menor rubor en sus decisiones, tomadas en función de quién sabe qué criterios y en favor de quién sabe qué intereses.

Entrada de CU de la UMSNH
Entrada de CU de la UMSNH
(Foto: Especial)

Lo mismo ocurrirá con el rector que despachará desde el ya inminente 8 de enero. Llegará con la confianza depositada en él por los ocho miembros de la Comisión de Rectoría, no la de los 60 mil o más universitarios. Hasta hoy, entonces, ese enigmático personaje es un tapado a la usanza del priismo presidencialista tradicional.

Vale mencionar, para quienes no lo sepan, que la imagen del tapado fue creada por el insigne caricaturista Abel Quezada tomando el término del lenguaje gallero y representándolo gráficamente como un encapuchado con el rostro cubierto por un lienzo con sólo dos agujeros a la altura de los ojos.

Desde luego, en los tiempos del presidencialismo autocrático la decisión de quien habría de ser el candidato del partido oficial, y por tanto el sucesor seguro, la tomaba el propio presidente en turno, quien siempre elegía a alguno de sus colaboradores cercanos en el gabinete. De esa nominación dependía, como piedra angular, el equilibrio del conjunto del sistema político, y también la continuidad del proyecto gubernamental en turno.

Dos sentencias, ambas del inefable y eterno líder de la CTM Fidel Velázquez, simbolizaban la sustancia de esa trascendente decisión presidencial. La primera cuando, en 1981 y en vísperas del destape del candidato priista (que finalmente recayó en Miguel de la Madrid), aseveró: “la caballada está muy flaca”, refiriéndose a los posibles candidatos del gabinete presidencial visibles en ese momento.

La segunda, cuando ilustró que en el destape, como en las fotografías, “el que se mueve no sale”. Nadie, frente a la decisión presidencial, podía hacer manifiestas sus intenciones de participar en la competencia por la postulación, bajo riesgo de ser considerado indisciplinado y por tanto potencialmente riesgoso para el Elector. Aun así, hubo rupturas sensibles entre Díaz Ordaz y Luis Echeverría, o entre Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, por ejemplo.

Esas prácticas nunca fueron desterradas mientras el PRI conservó el Ejecutivo federal; y aunque en la elección de 2018 era claro con una reforma estatutaria a modo desde meses antes del destape, quién sería su candidato presidencial, la decisión en favor de José Antonio Meade la tomó, sin duda, Enrique Peña Nieto.

En el ámbito de nuestra universidad la decisión no es unipersonal sino colegiada, pero se maneja con tanto secreto y opacidad como antaño lo era la de la postulación del candidato priista a la presidencia de la República, o la de los gobernadores del partido oficial. El futuro rector se encuentra semioculto entre una densa lista de “probables” que se manejan en columnas periodísticas y comentarios de café; pero no hay pistas ciertas ni las habrá hasta que el humo blanco salga del domicilio donde se realice —también sin publicidad ninguna— el cónclave (“con llave”) de los ocho supremos.

Muy pocos de los aspirantes que se han mencionado han hecho públicas sus aspiraciones; menos aún han manifestado compromisos o planes de trabajo frente a una comunidad que, en realidad, se encuentra ausente de los campus por el fin de ciclo escolar y el periodo vacacional de invierno. No existen foros en los que los escasos compromisos y planes de trabajo puedan ser analizados o discutidos. El debate, indispensable en un ámbito de pensamiento e ideas como lo es la educación superior, está por completo ausente.

La mayoría de quienes como ex rectores nicolaitas u otros cargos han participado durante estos 32 años en la Comisión de Rectoría (por cierto con muy escasa movilidad pues casi siempre han sido los mismos) proviene de la vieja cultura del presidencialismo o el gobernadurismo del PRI, y quizás sean añorantes de esos estilos de hacer política. Incluso alguien como el doctor Jaime Hernández Díaz, en papel de vocero de la Comisión, y a pesar de tener otros orígenes políticos, ha salido en defensa del tapadismo y la opacidad y corrupción de ese órgano aduciendo supuestas razones de “estabilidad” que sólo los tan exquisitos electores perciben. Nunca hemos visto a los miembros del cónclave asumir públicamente que se han equivocado en sus erróneas designaciones, a pesar de que rectores como Salvador Jara Guerrero y Medardo Serna González han actuado directamente en contra de los sectores de la comunidad universitaria.

Lo que verdaderamente puede dar estabilidad a la institución universitaria son procesos legítimos de designación de sus autoridades, reconocidos por todos los integrantes de la comunidad, sin el autoritarismo de la Comisión de Rectoría ni los planchazos y la línea en el Consejo Universitario. Como organismo vivo y plural que es, la comunidad universitaria necesita ser tomada en cuenta en las decisiones trascendentes que la involucran. Y el mayor obstáculo para ello en este momento es precisamente la Comisión de Rectoría.

Los tiempos que corren, en realidad desde mucho antes pero particularmente desde el 1 de julio de 2018, demandan de todos los procesos sociales transparencia y formas más democráticas de participación. Pocos podrán dudar de que el sentido de lo expresado en la voluntad popular en esa fecha fue en gran medida el rechazo a lo que la cultura autoritaria y de corrupción del priismo siempre representaron. Y eso afecta también a otros ámbitos de la vida social, como es el universitario. No en balde han transcurrido 50 años de 1968 en los que aun las nuevas generaciones han sido impregnadas por el influjo de las gestas populares de esa emblemática fecha.

Ya en la presente coyuntura de designación del nuevo representante legal de la Universidad Michoacana ha resurgido el reclamo democrático a través de algunos consejeros universitarios, las casas estudiantiles, tanto de la Coordinadora de Universitarios en Lucha como independientes, el Frente en Defensa de la Universidad Pública y otras voces y expresiones. Y no es difícil prever, en esta situación, que muy pronto esa demanda antiautoritaria resurgirá aun con más fuerza, sobre todo si la decisión muestra signos de continuismo con respecto a las más recientes administraciones.

2018 fue un año muy difícil para la institución. Una reforma al artículo 143 constitucional ha puesto en entredicho su naturaleza como organismo autónomo descentralizado del Estado —que es como está definida en su Ley Orgánica— y amenaza su seguridad presupuestal, colocándola en situación subordinada a otras prioridades gubernamentales y a la matrícula escolar; se repitió, a pesar de los compromisos del rector Serna, la crisis financiera ya vivida en 2017, incluso con mayor anticipación que en ese año; aún hay adeudos laborales con académicos y administrativos, que se arrastran hasta este 2019. La posibilidad de conflictos laborales está latente, pese a los compromisos de las burocracias del SPUM y el SUEUM firmados el 29 de mayo de desmovilizar a sus respectivos sindicatos. Hay una insatisfacción latente o manifiesta de gran parte de la comunidad con el desempeño de Serna, y también con la de su antecesor Salvador Jara.

Es de esperarse que, en la nueva situación política nacional, sea esta la última ocasión en que la Comisión de Rectoría bajo su forma actual realice la investidura del representante y máxima autoridad individual de la Universidad Michoacana. Pero la comunidad debe abocarse de inmediato a la búsqueda de nuevos consensos y propuestas que democraticen el ente universitario y cierren la era del priismo de Martínez Villicaña en una institución que histórica y espiritualmente no se corresponde con el ser autoritario y el tapadismo.

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