José Padilla Alegre
EL DERECHO Y SUS GLOSAS
Las acciones de inconstitucionalidad
Sábado 15 de Diciembre de 2018
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tiene varios procedimientos jurisdiccionales -juicios- para hacer valer la supremacía de la Carta Magna [el juicio político, los organismos autónomos para la protección de los derechos humanos, el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, el juicio de revisión constitucional electoral, el juicio de amparo, la facultad de investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las controversias constitucionales], y las acciones de inconstitucionalidad (Art. 105 fracción II), a lo anterior Hans Kelsen le llama la garantía jurisdiccional de la constitución y esta consiste en que los actos del estado deben estar acordes con el contenido de la Constitución, so pena de declararlos nulos y por tanto no obligatorios, es decir que debe haber un respeto a los principios y reglas de la constitución, de manera tal que no se incumpla con la misma.

Suprema Corte de Justicia de la Nación
Suprema Corte de Justicia de la Nación
(Foto: Cuartoscuro)

El tema de hoy son las acciones de inconstitucionalidad, la constitución señala que es un procedimiento que tiene por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y la constitución.

Por lo tanto, a través de este medio de control constitucional se persigue la regularidad constitucional de las normas generales, señalando de inconstitucionales aquellas que son dictadas con infracción a algún principio u ordenamiento constitucional y con respecto de ellas se pretende obtener una declaratoria de invalidez con efectos generales.

La jurisprudencia ha señalado que las acciones de inconstitucionalidad, son un medio de control constitucional abstracto que no requiere agravio de parte para proceder al estudio de la inconstitucionalidad de la norma, sino que autoriza a las minorías legislativas del Congreso de la Unión, de los estados, de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, al Procurador General de la Republica, y a los partidos políticos con registro nacional o estatal para promoverla, y tiene por objeto declarar la invalidez de la norma inconstitucional con efectos generales, y busca preservar, de manera genérica, el sistema constitucional tutelándolo contra leyes que lo puedan contrariar.

Por lo anterior es un juicio contra normas que se consideran fueron elaboradas con un contenido contrario a la Constitución y para corroborar que es inconstitucional, se puede acudir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que después de un procedimiento determina si riñe con la norma fundamental del país y se ordena dejar de aplicarla, expulsándola del sistema jurídico mexicano.

La Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y la acción de inconstitucionalidad que la tiene suspendida.

En la guerra de declaraciones a la opinión pública, entre el poder judicial federal y el ejecutivo así como sus aliados del Congreso de la Unión se pierde el origen de la suspensión de la ley en cita; pero de acuerdo con la definición que se anotó en párrafos precedentes, la misma se encuentra sin aplicar por una acción de inconstitucionalidad que hizo valer la minoría del Senado formado por los partidos PRI, PAN, PRD los que al considerar que la misma como quedo redactada de aplicarse van a lesionar los ingresos de una gran cantidad de empleados del poder judicial de la federación a los que no se les puede aplicar retroactivamente es decir que la ley debía señalar que los empleados que ingresen en fecha posterior a la vigencia de la ley será con los salarios que marca la ley; sin embargo la normatividad en cuestión señala que todos los empleados se ajustaran a un salario menor a ciento ocho mil pesos porque ese será el ingreso del presidente de la república y con ello se trastoca el principio de irretroactividad que se contiene en el artículo 14 Constitucional y otra de las inconstitucionalidades se encuentra en que con el salario de referencia hay una intromisión al poder judicial y no es posible que los legisladores de MORENA atendiendo instrucciones de su presidente determinen cuanto deben ganar los empleados del poder judicial, coartándoles el derecho de hacer su propuesta de presupuesto respecto de salarios ya que por a ley federal de referencia se les impide.

Dentro del lapso de los treinta días la minoría del Senado de la Republica planteo ante la SCJN la acción de inconstitucionalidad de referencia tocándole conocer por turno al Ministro Pérez Dayan -es el especialista en derecho administrativo- el que concedió la suspensión de la aplicación de la ley por lo que el presupuesto de la Federación que deberá presentarse hoy tendrá que considerar en el mismo los sueldos que actualmente le pagan al personal del Poder Judicial de la Federación independientemente del incidente que presento el grupo parlamentario de Morena en contra de la suspensión, ya que si bien el mismo se admitió a trámite, no se ha resuelto, por lo que los sueldos y salarios no podrán trastocarse; por lo anterior que quede bien claro la ley esta suspendida por la acción de inconstitucionalidad.

Expediente de varios. La noche de ayer se pudo ver en el Noticiero nocturno de Ciro Gómez Leyva de la cadena nacional de TV Imagen como una turba de enardecidos ciudadanos atacaban físicamente el vehículo de un empleado -al parecer el de comunicación social- de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al que confundieron con un Ministro de la Corte, cuidado porque esas turbas son capaces de todo y no vaya ser que tengamos que lamentar una pérdida de vida, por un conflicto en el que AMLO y sus mayorías en la Cámara de Diputados y Senadores han estado azuzando a personas sin un ápice de racionalidad, permitamos que el cauce legal resuelva la controversia. Ese grupo me hizo recordar a los anarquistas del tiempo de Calderón y Peña Nieto, solo que estos ya no actúan embozados, quiere decir que los antisistema eran gente de AMLO y como ya gano su líder se quitaron la máscara y se sienten legitimados para agredir a quienes no estén en consonancia con López Obrador.

Siguen los problemas del Comité de Participación Ciudadana con el Secretario Técnico del SEA, ya que este fue omiso con su informe anual de labores y con la Secretaria de Finanzas al no liberar los recursos financieros para su funcionamiento, esencialmente sus sueldos; situaciones ambas que están intentando remediar con dos amparos más, es decir que el principal organismo anticorrupción en el estado ha tenido que litigar con amparos a finde garantizar medianamente sus actividades.

El martes de esta semana el Comité de Participación Ciudadana del SEA rindió su informe de labores de este año 2018.

La judicialización de la administración pública. Lo que parecía resolverse con una declaración en los medios, como lo era la cancelación del Aeropuerto Internacional de México, se le esta complicando al Presidente Andrés Manuel, ya que no obstante su farsa de consulta pública y su toma de decisión de cancelar la continuación de la obra; ni se ha cancelado y parece inminente un conflicto en tribunales de proporciones mayores, toda vez que los tenedores de bonos del NAIM están amenazando con demandar al estado mexicano para que les pague sus inversiones de acuerdo con sus inversiones, tomando en cuenta que el ofrecimiento realizado por AMLO por conducto de la Secretaria de Haciendo no les satisface.

Corrupción e impunidad. En el conflicto de la Corte con el presidente Andrés Manuel no se ve ningún intento por parte del Alto Tribunal de resolver los 500 quinientos actos de nepotismo documentados -buscar el nombre del organismo internacional que realizo el estudio- lo que constituye un flanco de vulnerabilidad en su lucha de defender la independencia judicial frente al poder ejecutivo, ya que constituye una falta de probidad que deja en entredicho su independencia judicial, en atención a que si son capaces de burlar la ley para contratar a sus parientes, también pueden prestarse a favorecer a una de las partes en conflicto poniendo en duda su actuar y con ello bajo sospecha su “independencia judicial”; por lo tanto, en un acto de enmienda todos aquellos funcionarios que pidieron el favor de la contratación de su pariente y los que aceptaron realizándolo deberán, ordenar la retractación, mediante la rescisión de los contratos dejándoles a salvo sus derechos para que lo hagan valer ante la instancia jurisdiccional correspondiente, o de lo contrario deberá empezar el órgano interno de control de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el procedimiento administrativo sancionador, sin esa acción purificadora no podrá el poder judicial federal argumentar probidad, ya que el nepotismo es una situación indefendible y por el contrario resulta una falta administrativa que puede llegar incluso a constituir un delito.

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