Claudia Aguilar
Apuesta Michoacán por nuevo pacto en educación
Martes 4 de Diciembre de 2018
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Morelia, Michoacán.- El 26 de noviembre pasado, el gobernador Silvano Aureoles Conejo anunció la decisión de devolver los servicios educativos de Michoacán a la Federación ante la imposibilidad de seguir trabajando bajo el esquema centralista de 1992, y modificado en 2014.

El mandatario evidenció que dicho esquema ha lesionado severamente las finanzas estatales, para las cuales el pago de la nómina educativa representa un gasto anual de 7 mil 785 millones de pesos, incluido el pago de 23 bonos pactados por administraciones anteriores.

Aunque puntualizó que esta acción no implica una renuncia a la responsabilidad estatal con el rubro educativo en los niveles básico y normal –ya que tal “facultad recae constitucionalmente en la Federación, y los estados son concurrentes”–, la misma sí implica una incisión en el estado de cosas que se venían dando desde principios de la década de 1990 en este rubro.

Con esta medida el gobierno de Michoacán se deslinda del pago nominal de las 29 mil 267 plazas estatales que hoy solventa, aun cuando ello implique un descenso en el presupuesto que recibe del Gobierno Federal, aunque también abre el paso a un nuevo acuerdo entre ambos niveles de gobierno.

En el comunicado que se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo (T. CLXXI, núm. 28) ese día 26, dirigido al entonces presidente Enrique Peña Nieto, se establece la necesidad de “realizar un nuevo acuerdo que genere una Educación de alta calidad con carácter nacional acorde a los tiempos y necesidades actuales”.

Dicho acuerdo debe ser conforme las leyes en la materia y con el debido cumplimiento de las responsabilidades de ambas partes, especialmente de la Federación, cuyas acciones en los últimos 26 años han generado “un grave daño a las finanzas públicas estatales”, cita el documento.

En una entrevista colectiva, el 28 de noviembre anterior en Casa de Gobierno, el mandatario michoacano señaló que un nuevo pacto educativo tendría que construirse a partir del ámbito de competencias y posibilidad financiera.

“Lo que se acordó en 1992 [con el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica] luego no se cumplió, pero la Federación sigue siendo responsable en esta materia, y Michoacán está listo para concurrir con lo que el Gobierno Federal responsablemente pueda aportar”, sostuvo.

Silvano Aureoles Conejo, gobernador del estado
Silvano Aureoles Conejo, gobernador del estado
(Foto: Especial)

Decisión histórica



En esa entrevista colectiva Aureoles Conejo también aceptó que, dados los tiempos y el inminente arribo de la nueva administración federal, dicho tema sería definido por el nuevo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y el nuevo titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Aunque no ha habido pronunciamientos al respecto, es posible que el tema sea definido en el corto plazo dado que deberá definirse el pago de las quincenas y prestaciones de fin de año para el magisterio.

En tanto, el anuncio de la medida ha causado el rechazo de los sindicatos magisteriales en el estado, si bien han señalado que aún no se sabe del todo cómo se desarrollará la medida, como indicó el representante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el 28 de diciembre anterior en conferencia de medios.

La medida, histórica en esta materia, ha generado opiniones diversas entre los actores políticos.

La ex candidata a la gubernatura, Luisa María Calderón, consideró, en una cápsula radiofónica del 1 de diciembre, que: “Si López Obrador quiere mandar desde el centro que también asuma los problemas de los estados como suyos (…) y si no alcanza el recurso estatal para el pago de los profes estatales, que se responsabilice por ellos, que eso hace en un gobierno central el presidente de la República. (…).
“De paso se acaban las marchas, resolvemos el déficit, se acaban los pretextos y ahora los profes irán a la Ciudad de México a quejarse de eso. Nosotros en Michoacán salimos ganando”, expresó.

A su vez, el coordinador de los diputados locales por el Movimiento de Regeneración Nacional, Alfredo Ramírez Bedolla, consideró que el estado no puede deslindarse de su responsabilidad en el ámbito educativo de manera unilateral, en una nota de un medio local (Noticiero Michoacano, 30/nov/18).

Ahí mismo, el diputado perredista Adrián López Solís aclaró que, de hecho, la medida es posible y que, de ser necesario, se podrían buscar una vía jurídica para concretarla, en caso de “una eventual negativa” de parte de la Federación.

Otros legisladores concordaron en que habría que llegar al mismo objetivo, en el marco de la nueva política nacional que se generará desde la capital mexicana, aunque dirimen en la forma en que lo ha hecho el mandatario michoacano quien, por cierto, ha expuesto una serie de argumentos, económicos, principalmente.
En síntesis, estos apuntan a que, al tiempo en que el gasto estatal en materia educativa ha crecido durante los últimos 26 años, el de la Federación se ha estancado, en perjuicio de las finanzas locales.

Razones de peso



De acuerdo con el Anuncio del 26 de noviembre, la desvinculación del Gobierno de Michoacán al citado acuerdo de 1992, signado en la administración de Carlos Salinas de Gortari, y a otro subsecuente de 2014 (“Acuerdo por el que se da a conocer el Procedimiento y los plazos para llevar a cabo el proceso de conciliación de los registros de las plazas transferidas, así como la determinación de los conceptos y montos de las remuneraciones correspondientes”, DOF: 25/02/2014.), significa que: “El gobierno estatal reintegra a la Federación los servicios de educación básica federales, así como los de fuente de financiamiento estatal, ya que las diversas modificaciones al acuerdo original, tanto en la distribución de recursos como en la operación de los mismos, impuestas de manera unilateral por las Secretarías Hacienda y Crédito Público y Educación Pública, han generado un grave perjuicio a las finanzas públicas estatales, que le hace imposible continuar con los servicios a su cargo”.

Dicho quebranto financiero es referido por la administración estatal en los términos siguientes: Para 1992, año del primer Acuerdo, Michoacán aportaba un 9.6 por ciento del total del presupuesto educativo, pero 20 años después, dicha aportación había aumentado en 27.4 por ciento, por lo que la Federación sólo se hacía cargo del 63 por ciento del gasto federal.

En términos presupuestales, Michoacán quintuplicó el gasto en dicho rubro, al pasar de mil 131 millones de pesos, para el año 2000, a 6 mil 410 millones en 2012. A su vez, el gobierno Federal sólo lo duplicó: de 5 mil 246 millones de pesos, a 11 mil 106 millones de pesos en el mismo periodo.

Según los datos oficiales, todo lo anterior se agravó debido a los acuerdos realizados entre las administraciones anteriores (la de Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy, en especial) y la CNTE, que “les arrancó la firma de diversas minutas que representaban cientos de millones de pesos con cargo al erario sin tener el soporte financiero, por concepto de bonos que, a la fecha, deben pagarse cada año adicionales a su sueldo”, los cuales representan poco más de mil millones de pesos cada año.

Así, en este momento, Michoacán cuenta con 50 mil 944 plazas laborales federales y con 29 mil 267 estatales en la educación básica y normal; es decir, el 63 y 37 por ciento, respectivamente. Por éstas últimas, la entidad ejerce en nómina 6 mil 764 millones de pesos, además de mil 21 millones de pesos en bonos, anualmente.

Considerando que este gasto es insostenible para la administración michoacana, el gobierno de Silvano Aureoles ha comenzado una “interpelación extrajudicial”, según las leyes vigentes y con amparo del concepto de la concurrencia estatal en dicho rubro, a fin de dar por terminados los citados acuerdos.

Entonces lo que resta, de acuerdo con el gobernador, es “trazar la ruta de un nuevo acuerdo en materia educativa”, más equitativo y acorde a la capacidad financiera de entidades como la nuestra.

El resultado, en términos del dicho anuncio, será dado a conocer a más tardar el 26 de diciembre próximo, cuando el nuevo gobierno federal tome una decisión a este respecto y, de proceder, acuerde los mecanismos de entrega-recepción de los servicios de educación básica y normal que operan en la entidad.